El domingo 14, en Camargo, Xóchitl bravuconeó sobre el agua que, de acuerdo con el Tratado Internacional de 1944, hay que pagar a Estados Unidos, de la cual 57 por ciento proviene del río Conchos. Hasta prometió que con ella no habrá más presas vacías. Definitivamente, no entiende lo que es Aridoamérica.

Ella y sus demagogos consejeros deben considerar por lo menos tres cuestiones: la primera, que las concesiones de los gobiernos de PRI y PAN, y las tomas ilegales de sus protegidos han disminuido mucho el agua disponible para pagar el tratado. La segunda: son los pozos ilegales el principal problema del agua en Chihuahua, y, la tercera, que esos pozos y tomas fueron promovidos y tolerados durante las administraciones federales de 2000 a 2018.

En 2020 y 2021 al prianismo le sirvió mucho atizar la llamada guerra del agua para ganar la gubernatura y una sumisa mayoría legislativa. Hicieron de la extracción de agua de la Boquilla para pagar el volumen estipulado en el tratado de 1944 su bandera para mostrar la perfidia de López Obrador. Esto y algunos errores de comunicación y operación política del gobierno federal les valieron en aquel entonces.

Pero ahora no dicen que bastaría con detener los usos y tomas ilegales de la cuenca del río Conchos para pagar el volumen exigido por el tratado: hay un inmenso huachicoleo en este río y en sus afluentes, como el Florido y el San Pedro, sobre todo para el riego de huertas nogaleras. Una concesión otorgada por el salinismo a Altos Hornos de México permite extraer 200 litros por segundo para el ferroducto La Perla-Monclova; y hay un exceso de superficie irrigada en el nuevo distrito de riego 113, acaparada sobre todo por políticos del Prian .

También despoja a los usuarios de la cuenca del Conchos el acuerdo de los gobiernos de Fox y del gobernador priísta Patricio Martínez con el gobierno de Bush hijo, plasmado en el acta 309 de la CILA por el que se comprometen a entregar 396 millones de metros cúbicos anuales adicionales a Estados Unidos a cambio de una inversión de mil 532 millones de pesos para eficientar el riego en la cuenca, y garantizar el pago a ese país.

Xóchitl y compañía olvidan que el pago de los volúmenes contemplados en el tratado de 1944 no es anual, sino en quinquenal y, si debido a condiciones extraordinarias de sequía, no se puede cumplir con lo pactado, se traslada el pago al siguiente quinquenio.

Aun así, el problema hídrico más grave en Chihuahua no es el agua superficial y el pago a Estados Unidos, sino el extractivismo desbocado del agua subterránea. En la entidad el máximo de hectáreas que se riegan con aguas superficiales, de las presas y de los ríos, apenas llega a 128 mil hectáreas. En cambio, las hectáreas regadas con agua subterránea superan ya 600 mil.

La superficie sembrada con agua superficial no puede crecer más: entre menos llueva, más se va a contraer. En cambio, la superficie regada con aguas subterráneas ha crecido continuamente, sobre todo desde 2004: entre ese año y 2021 aumentó en 190 mil hectáreas, principalmente en los acuíferos del norte y noroeste del estado, con el amparo hasta 2013 de la figura del libre alumbramiento que no requería permiso para perforar, sólo el aviso a la Conagua. Con la veda arrancada a Peña Nieto por las luchas de los defensores del río Del Carmen en 2012, se suprimió el libre alumbramiento, pero la Conagua siguió otorgando concesiones bajo la forma de folios 08 más allá de la fecha permitida. Ahora, gracias a la Conagua de los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto, hay en Chihuahua más de 18 mil concesiones legales de extracción de aguas subterráneas y entre 5 mil y 7 mil pozos ilegales.

Más gráfico: el volumen total concesionado de aguas subterráneas en todo el estado asciende a 3 mil 334 hectómetros cúbicos anuales; pero se extraen 6 mil 566: casi el doble, la mayor parte para uso agrícola, y el déficit anual llega 3 mil 312 hectómetros cúbicos. Esa cantidad equivale a todo el almacenamiento de la presa La Boquilla y al cuádruple de lo que anualmente se tiene que pagar a Estados Unidos por concepto del tratado. Los principales beneficiarios de los pozos ilegales y de la sobreconcesión de volúmenes son grandes agricultores y nogaleros que apoyan al Prian y que están haciendo lo posible para que CFE y Conagua suspendan el cierre de pozos ilegales iniciado este año por la presión de organizaciones de productores chihuahuenses.

No nos quieran engañar. En Chihuahua, en Aridoamérica conocemos bien el problema del agua y hace mucho que nos estamos defendiendo. No nos defiendan, comadre.