Estimadas y estimados:

Pedro Faro
Área de Sistematización e Incidencia
Centro de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de Las Casas, AC
Calle Brasil No. 14. Barrio de Mexicanos
29240. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
México.
Tel – fax 967 6783548, 967 6787395,
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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
14 de agosto de 2009
Boletín No. 28
 

 La SCJN libera a 20 paramilitares y está por liberar a otros 31

 La SCJN cómplice del crimen de Estado: oculta la verdad y perpetúa

la injusticia.

La decisión de la SCJN favorece la impunidad y pone en riego la
vida, integridad y seguridad personal de los sobrevivientes de la
Masacre de Acteal
Este Centro de Derechos Humanos, manifiesta su repudio y su
preocupación por la decisión que el pasado 12 de agosto tomaron los
ministros de la Primera Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN): José de Jesús Gudiño Pelayo, José Ramón Cossio Díaz,
Juan Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, votando a
favor de amparar y conceder la libertad de 20 paramilitares
perpetradores de la Masacre de Acteal y repusieron el procedimiento de
6, dejando pendiente de resolver sobre 31 personas.
Generan dudas la obvia contradicción del ministro Sergio A. Valls
Hernández al votar en contra de la liberación de los autores
materiales, siendo el responsable de atraer el caso a la SCJN,
promovido por abogados del CIDE a favor de los 57 paramilitares cuyo
resultado deja en plena impunidad el crimen de lesa humanidad y
constituye un retroceso del escaso avance concerniente en castigar a
los perpetradores materiales de la masacre.
Durante la deliberación de este acto vergonzoso, los ministros de la
SCJN dieron instrucciones de no permitir el acceso a la audiencia
pública a las personas sobrevivientes y familiares de las víctimas de
la Masacre de Acteal, siendo los agraviados directos, lo que generó
indignación y molestia, por lo que tomaron el acuerdo de bloquear la
calle Pino Suárez en protesta, mientras se llevó a cabo la audiencia.
Consideraciones:
 

De nueva cuenta la SCJN emite un fallo en contra de los derechos
humanos, la verdad y la justicia tal como han sido las resoluciones en
los casos de Atenco, Represión en Oaxaca, la Guerra Sucia y Lidya Cacho.

 La SCJN emitió un juicio sobre la forma en que se desarrollaron los
procedimientos penales y se pregona como un hecho ?histórico
trascendente para la justicia mexicana? siendo que en vez de abonar a
una justicia verdadera que fortalezca el ?estado de derecho?, se optó
por la liberación de paramilitares, quienes fueron y son identificados
plenamente como autores materiales por las personas sobrevivientes y
testigos directos del crimen de lesa humanidad.

 La SCJN no actuó con la debida seriedad que merece el caso. Omitió
valorar en cuanto al principio de ponderación sobre las violaciones de
derechos humanos y de las garantías fundamentales de los
sobrevivientes, victimas y familiares. Priorizó la valoración de los
requisitos de forma sin indagar en el fondo del caso y sin llevar
acabo una profunda argumentación jurídica dentro de la audiencia
pública, frivolizando un caso tan grave y ominoso como es la Masacre
de Acteal.

 Con esta acción la SCJN se convierte en un perpetrador más de la
Masacre de Acteal asumiendo su papel en la estrategia de
contrainsurgencia en el marco del conflicto armado no resuelto en
Chiapas, dando pie a la tergiversación de los hechos sucedidos el 22
de diciembre de 1997.

 La resolución adoptada por la SCJN profundiza el deterioro de las
instituciones del Estado que deberían garantizar el acceso a la
justicia y las medidas no repetición, ya que fomenta la impunidad, al
ser utilizadas para favorecer grupos de los poderes fácticos que han
trabajado y trabajan para sepultar un crimen de Estado y a sus autores
intelectuales, documentado por este Centro y por diversas
organizaciones locales, nacionales e internacionales.
? Por la decisión tomada, la SCJN será responsable de los riesgos a la
vida, integridad y seguridad personal, que coloca actualmente a las
personas sobrevivientes, familiares, testigos y pobladores de las
comunidades de Chenalhó.
Hacemos un llamado a la sociedad civil, a no permitir que la impunidad
y los intereses contrainsurgentes de los sucesivos gobiernos escriban
la historia. A pronunciar públicamente su inconformidad sobre la
decisión vergonzosa de la SCJN y a exigir al gobierno mexicano que
garantice la vida, la seguridad e integridad personal de los
sobrevivientes y testigos de la Masacre de Acteal.

Radio comunitaria Tierra y Libertad   

Arturo Alcalde Justiniani 

La Jornada 

En días pasados fue declarado auto de formal prisión en contra de Héctor Camero Haro, médico y maestro normalista que ha dedicado su vida a apoyar a comunidades pobres en Monterrey, Nuevo León. Como muchos otros jóvenes, a principios de los 70, Héctor se planteó una disyuntiva fundamental: jugársela del lado de los más necesitados o desarrollar una carrera profesional para su progreso personal y familiar. Optó por lo primero y, desde entonces, se ha dedicado al servicio en favor de los demás, formando parte de la asociación civil Tierra y Libertad, organización integrada por hombres y mujeres convencidos de que el cambio social debe construirse sobre bases de independencia y autogestión. Para ello, han impulsado proyectos de vivienda, salud, servicios, educación y defensa del medio ambiente y de los derechos humanos. Su solidaridad se ha extendido hacia otras comunidades del campo y la ciudad. 

Una de las necesidades básicas de las comunidades es contar con un medio elemental de comunicación; atendiendo a la escasez de recursos, la radio surge como una vía eficiente y rápida que permite a las familias mantenerse en contacto y desarrollar proyectos, programas y actividades para su propia superación. En el año 2001, con unos cuantos pesos, inicia operaciones la radio Tierra y Libertad, generando así una dinámica de gran participación de intercambio y convivencia. 

La programación permitía llegar a los diversos grupos sociales con mensajes de acuerdo con sus necesidades e intereses. Para los trabajadores, el programa Mundo obrero les proporcionaba asesoría legal; su audiencia creció considerando el gran número de empleados de la construcción o del servicio doméstico que habitan en esa zona, víctimas frecuentes de abusos por el desconocimiento de sus derechos. Para las mujeres, buena parte de ellas asalariadas y cabezas de familia, había programas especiales considerando su propia problemática y perspectiva de género. La asesoría legal en casos de violencia intrafamiliar, divorcios, acoso y diversas formas de discriminación se convirtieron en temas de reflexión cotidiana. 

Las secciones dedicadas a los jóvenes no se quedaban atrás: El positrón rebelde y Voces del barrio contaban con la participación directa de los miembros de la comunidad. Lo describen con su propia voz, “era posible conjugar la frescura y relajamiento de las y los jóvenes, con su seriedad y dedicación en los temas que lo ameritaban, sazonado con la música de su preferencia”. 

Los niños también tenían su programa, denominado Los pequeños locutores, espacio de gran popularidad que contrastaba con la falta de medios en donde los menores eran actores principales; su participación acreditó muy pronto las enormes posibilidades pedagógicas de la radio. La información general estaba siempre presente. No se limitaba a las actividades de la asociación civil, abarcaba las noticias de la ciudad y del país que de acuerdo con los sondeos fueran del interés de la comunidad, incluyendo las de carácter internacional. El programa Sin pelos en la lengua destacaba noticias que permitían debates de gran interés; lo encabezaba Ignacio Staines, también médico y fundador de la asociación. Al igual que Héctor Camero, no sólo desarrolla su actividad profesional en favor de la comunidad, sino que habita en la misma.

Había secciones deportiva y musical; la primera destacaba la práctica y promoción del deporte como parte de la formación integral, tomando distancia de su visión comercial; la segunda intentaba responder a los diferentes grupos de la población, ya que las personas mayores, muchas de ellas procedentes del campo, gustan de una música muy diferente a los jóvenes con influencia urbana. El programa Flor y canto incluía poesía e investigación sobre compositores, intérpretes y géneros musicales. 

Los colaboradores en los controles eran gente de la propia comunidad. Se transmitía de lunes a sábado, ampliando el horario, a fin de garantizar que el servicio de la radio no sufriera interrupciones, aun cuando todo el personal era voluntario, sin remuneración alguna. Mensualmente se recogían opiniones, críticas y sugerencias de los radioescuchas y de invitados especiales. 

La radio Tierra y Libertad tiene una historia fascinante; se inició con una red de bocinas y más tarde pudieron contar con un transmisor de FM donado por jóvenes de la UNAM. Desde un principio buscaron obtener una autorización formal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero les fue informado que en la ley no existía la figura de radio comunitaria. En el año 2002 fueron advertidos por un funcionario de esa dependencia que las transmisiones constituían un delito. La comunidad rápidamente ratificó su solicitud de autorización oficial. A nadie perjudicaba, con nadie interfería. 

Repentinamente, el 6 de junio de 2008 aparecieron 150 elementos de la Policía Federal Preventiva, al grito de “nadie salga porque es un operativo contra el narco”, derribando a mazazos dos puertas de la sencilla instalación y, amenazando con armas de alto poder, exigieron a Héctor Camero y dos colaboradores salir con las manos en alto. El modesto equipo de transmisión fue confiscado. Se inició así un proceso penal en su contra por uso, aprovechamiento y explotación sin permiso del espectro radioeléctrico; más tarde vino el auto de formal prisión y la necesidad de un amparo para no estar recluido durante el juicio. 

La comunidad no se explica por qué su solicitud, apoyada por la Asociación Mundial de Radio Comunitarias sección México, no ha sido aprobada aún por la Secretaría de Gobernación, a pesar de haber cubierto todos los requisitos, incluso el visto bueno de la Cofetel. Esta es parte de la historia del otro México, el que todos debemos defender. 

Impunidad y vicios procesales  

Miguel Concha 

La Jornada 

Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió en casos distintos resoluciones contradictorias sobre la procedencia del juicio de amparo, que sin embargo convergen en la continuidad de la vulneración de la tutela judicial efectiva a las víctimas y ofendidos de violaciones graves de los derechos humanos. En ambos se translucen los vacíos y vicios de nuestro sistema de justicia, pero también, y no de distinta manera, las injerencias políticas y la falta de voluntad de nuestro supremo tribunal para trascender la mera legalidad”, siendo de verdad garante de la “estricta legalidad”, es decir, de la justicia, como corresponde a una instancia de su naturaleza. 

En el primer caso, argumentando que las víctimas u ofendidos carecen hoy en día del “interés jurídico” para impugnar temas de competencia en un juicio de amparo, rechazó el juicio de garantías interpuesto por la cónyuge de uno de los cuatro civiles ejecutados arbitrariamente por militares en el estado de Sinaloa en marzo de 2008. Omitió, sin embargo, deliberadamente, pronunciarse por la inconstitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar, que expande indebidamente la jurisdicción castrense a violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas en actos de servicio. Lo cual es particularmente grave, en circunstancias en las que la aplicación del fuero militar a violaciones frecuentes de derechos humanos por miembros del Ejército no es sólo una práctica judicial sistemática e ininterrumpida en el presente gobierno, sino también un hecho que administrativamente ha pretendido ser legalizado con el decreto del Presidente que reforma y adiciona el reglamento interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, por el que contrariamente con un Estado democrático de derecho se conceden amplias facultades al procurador general de justicia militar para representar al Ejecutivo en controversias y acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN. 

Ya en otras ocasiones me he referido en estas mismas páginas a la urgente necesidad de que el Congreso discuta y reforme el proyecto de Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado desde el año 2000 por la propia SCJN, para que entre otras cosas las víctimas u ofendidos por violaciones a los derechos humanos puedan acceder al juicio de amparo. O se reformen los mismos artículos 103 y 107 de la Constitución, como fundadamente hemos propuesto las organizaciones civiles de derechos humanos desde el año 2007, para que el juicio de amparo se siga siempre a instancia de parte individual o colectiva agraviada en su “interés legítimo”. 

Lo que uno no entiende es por qué el Ministerio Público, que absurdamente es todavía hoy el que tiene el monopolio de la acción penal –y por ello las organizaciones civiles de derechos humanos proponemos también una reforma al artículo 21 de la Constitución, para que los particulares o agentes de autoridad que representen a los órganos públicos puedan ejercerla “en los casos y cumpliendo con los requisitos que señale la ley”–, no prosiguió su acción de procuración de justicia para la ofendida, incluso después de que el juez de Sinaloa turnó el caso a los tribunales militares. Lo que para nuestra desgracia, una vez más, manifiesta que las autoridades civiles se doblegan ante las militares desde sus primeros niveles hasta los superiores, sin importar lo que ello implica para la convivencia democrática de los mexicanos.

Por lo que se refiere al segundo caso, en el que por el contrario la SCJN concedió indistintamente amparos de manera “lisa y llana” a inocentes y culpables de la masacre de Acteal, por abusos y vicios inadmisibles en el procedimiento, aunque aceptados en otros casos y comunes en la procuración de justicia en México, con la venia de los lectores me permito recordar lo que escribí en estas páginas desde el sábado 10 de noviembre de 2007. “El pasado martes el ex presidente Ernesto Zedillo declaró en Madrid que recordaba ‘con mucha tristeza’ la masacre de Acteal. Ello no obstante, casi tres años antes de la matanza, el 9 de febrero de 1995, salía en cadena nacional anunciando la incursión del Ejército Mexicano en las Cañadas de Chiapas, para capturar a la comandancia del EZLN…”. “Esa fecha, que se recuerda en Chiapas como ‘el día de la traición de Zedillo’, se inauguraba la campaña militar Chiapas 94, implementada por la Fuerza de Tarea Arcoiris, bajo el mando del general Mario Renán Castillo. Este plan contrainsurgente tendría tres años después uno de sus peores frutos: la masacre de Acteal”. “En su declaración el ex presidente afirmó también que recordaba que ‘el procurador general de la República llevó a cabo unas investigaciones serias’. Sin embargo, las investigaciones de Acteal llevaron a concluir que lo ocurrido fue producto de divisiones intracomunitarias, y se ocuparon de cortar los eslabones de responsabilidad en el punto en el que se vincula al entonces gobernador Julio César Ruiz Ferro y al Ejército”. 

Tanto es así que desde marzo de 1999 Amnistía Internacional señaló que la investigación nunca aclaró completamente las circunstancias en las que se produjeron los hechos, ni investigó la responsabilidad de los funcionarios del Estado, a pesar de la negligencia que demostraron altos cargos, tanto el día en que se produjeron, como durante todo el año anterior. Por ello hoy también, junto con muchos otros, exige que se repongan los procedimientos y se investigue hasta el final la masacre de Acteal, para que no quede impune.