La excomunión de Miguel Hidalgo

La excomunión de Hidalgo

como simulación histórica  

Bernardo Barranco V.  

 

La Jornada 

¿Usted se imagina que la Iglesia católica, dos siglos después de la Independencia, refrende el edicto de excomunión sobre el cura Miguel Hidalgo?  

Imagine las consecuencias políticas que portaría el hecho de que la jerarquía confirmara, en este bicentenario, la excomunión al Padre de la Patria: impensable. Sería no sólo una postura políticamente incorrecta, sino que se alejaría de la posición que asumió una década después de haber degradado su investidura sacerdotal.  

En efecto, la propia Iglesia, poco después de haberse consumado prácticamente la Independencia, avaló un decreto del 19 de julio de 1823 que declaró como beneméritos de la patria en Heroico Grado a Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo y José María Morelos, entre otros, ordenando que sus restos fueran exhumados “y que éstos fueran trasladados a una caja, que se conduciría a la capital”. Esa caja fue llevada a la catedral el 17 de septiembre de ese mismo año. Entonces, la Iglesia organizó una procesión solemne por toda la ciudad en honor a los caudillos y sus restos fueron depositados en una bóveda en la catedral de México, donde permanecieron hasta 1926, cuando los mismos fueron trasladados a la columna de la Independencia en el Paseo de la Reforma. 

Para muchos historiadores es un abuso la solicitud de la arquidiócesis de México a la Secretaría de Educación Pública para corregir los libros de texto de historia, en los que se menciona que Miguel Hidalgo murió excomulgado, porque al confesarse antes de ser fusilado y haber sido sepultado en lugares sacros dejó de tener efecto dicha excomunión. Pareciera que con el bicentenario, de manera oportunista, busca reivindicar un hecho histórico en que intervino contra uno de los fundadores de nuestra nación y exige participar en las celebraciones del aniversario de la Independencia para promover una visión de la historia afín a sus intereses. Sin embargo, en una sociedad plural, abierta y democrática se le debe dar cabida a la postura de la Iglesia católica. A pesar de que muchos intelectuales vean en ella obstinación por higienizar su pasado, invocando argumentos jurídicos burocráticos, descalificando la excomunión decretada por Abad y Queipo, sea porque éste aún no había tomado posesión como obispo de Michoacán o incluso porque era hijo natural y no podría ejercer el ministerio episcopal. La historia es un entramado complejo, ella no es sólo lo que pasó, sino un proceso cognoscitivo que incide en nuestro presente. Conversando con Fernando González sobre su último libro, La Iglesia del Silencio, en el cual analiza los casos de los cristeros y los ocultamientos sobre Marcial Maciel, nos advierte cómo la Iglesia en cierta manera manipula la historia, a través del silenciamiento, la encapsulación, la suplantación y transfiguración de lo ocurrido, con la finalidad de la afirmación colectiva e institucional y que por definición es reacia a discutir los hechos porque tiende a descalificar. La memoria reconstruida así como una operación de simulacro histórico que permite ser consoladora y hasta terapéutica.

Por supuesto que el Hidalgo histórico fue excomulgado y degradado por la jerarquía católica de su tiempo. Su movimiento emancipador, que incluía en sus afanes a la propia España invadida por las fuerzas militares napoleónicas, afectaba y trastocaba los intereses económicos y de poder, no sólo de las estructuras administrativas del virreinato, sino de la propia Iglesia. Hidalgo y Morelos pertenecían a una clase sacerdotal criolla, el llamado bajo clero, muchas veces acallado y disciplinado por la jerarquía religiosa imbricada al estilo absolutista de la corona. Los historiadores contemporáneos reconocen la subordinación eclesiástica a la corona española; ésta se empeñaba en mantener el control de la actuación sobre todo de los obispos: sus nominaciones y nombramientos se aprobaban por su adhesión y juramentos de fidelidad hacia el rey. El orden colonial no pasaba sólo por el sometimiento administrativo ni militar, sino el religioso. Cuando el cura Hidalgo, ya generalísimo de América, expide su decreto contra la esclavitud el 6 de diciembre de 1810, el movimiento emancipador se convierte en revolucionario porque atenta contra el orden colonial establecido. No podemos pasar por alto otro hecho histórico que muestra qué tan dividida estaba la Iglesia bajo la última etapa de dominio colonial: nos referimos a la expulsión y el destierro de los jesuitas en 1767. De tal suerte que muchas excomuniones y represiones a otros religiosos del clero local, de México y otras colonias americanas, siguen ahí sin recibir el beneficio de la historia. Miguel Hidalgo representaba una gran corriente del clero criollo que se opuso, como tal, a la excomunión del cura de Dolores y pocos años después acogió con entusiasmo su rehabilitación eclesiástica y como héroe patriótico. 

La jerarquía católica ha realizado en los últimos 70 años por lo menos tres revisiones de los documentos y hechos de la excomunión de Miguel Hidalgo y no ha encontrado nada nuevo. La primera investigación se realizó en tiempo del arzobispo Luis María Martínez, primado de México; la segunda, más reciente, por el cardenal Norberto Rivera Carrera, ante la provocación de los cultos diputados que en torno al bicentenario sugirieron a la Iglesia en 2007 “levantar” la excomunión al Padre de la Patria. Y la tercera es la anunciada por la Conferencia del Episcopado Mexicano, en mayo del presente año, en la que Alberto Suárez Inda, arzobispo de Morelia, dijo que en se tendría una investigación para analizar aspectos jurídicos y canónicos, pero aclaró que antes de morir Morelos e Hidalgo fueron absueltos e incluso recibieron honores en su sepultura. Sin duda, la historia debe ser retrabajada sin exclusiones ni restricciones; el bicentenario es una magnifica oportunidad para analizar la Independencia y la Revolución, para revalorar procesos en que la Iglesia católica ha participado. El rigor científico debe predominar sobre los afanes justificatorios, deben matizarse los ánimos anticlericales, así como los sesgos revanchistas. 

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