Los padres de familia y la sociedad sin intervención en las escuelas

Escuelas sin sociedad

Antonio Gómez Nashiki y Úrsula Zurita Rivera

Revista Nexos

El mundo de la escuela básica en nuestro país se ha caracterizado por un fuerte hermetismo, pese a las diversas iniciativas que en distintas épocas sectores de la sociedad civil y reformas educativas han promovido para que estas instituciones permitan conocer, con mayor facilidad, los múltiples procesos que se generan en su interior. Por lo regular los padres son simplemente informados y desplazados de la posibilidad de poder pensar, junto con la escuela, lo que acontece en las aulas.

Las reformas educativas desplegadas en América Latina durante la década del noventa señalaron a la participación social como una de las principales líneas estratégicas asociadas a la descentralización y la democratización de los sistemas educativos con el objetivo de asegurar la calidad y la cobertura educativa. En México, con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), el 18 de mayo de 1992, incluyó en sus consideraciones la necesidad de promover “la participación social” en la tarea educativa; así como una renovación de la vida escolar, con la finalidad de alcanzar mejores resultados educativos, mayor comprensión de los padres, formar redes sociales de interés e impulsar una mayor atención de la comunidad para el funcionamiento correcto de la escuela.

Pero fue en la Ley General de Educación (1993) en donde se menciona la constitución de los Consejos de Participación Social en los niveles: nacional, estatal, municipal y escolar (sección II, arts. 68 a 73). En esta primera etapa la constitución de los consejos en el país fue muy desigual, mientras que en algunas entidades y municipios su instalación fue casi inmediata, en otros casos tardaron mucho tiempo en realizarlo, y de acuerdo con la información del Consejo Nacional de Participación Social de la Educación (CONAPASE)1 de 2001, algunas entidades reportaban no haber creado los Consejos. Esta iniciativa, si bien recuperaba una demanda añeja y algunas de las inquietudes expuestas por diversos sectores de la sociedad, no se tradujo en resultados concretos de acción en las escuelas; progresivamente se fueron abandonando los ánimos iniciales y está pendiente aún una evaluación sistemática de lo que aconteció realmente. Incluso desde el mismo sector gubernamental se mostraron críticas severas, por ejemplo, en el programa sectorial de la administración federal de 1994-2000, se reconocía el fracaso de la estrategia en los siguientes términos: “[…] conviene resaltar que la participación social en el quehacer educativo es todavía incipiente. Hasta el momento, la conformación de los Consejos ha sido poco dinámica y su desarrollo bastante desigual. […]” (Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, p. 28).

La crítica más enfática giró en torno a la extremada rigidez de la propuesta, pues en ningún momento los Consejos tomaban en cuenta el desarrollo de las comunidades educativas y el contenido de sus proyectos socioeducativos. Ante esta situación, el gobierno federal señaló que trabajaría de manera conjunta con las entidades en la “conformación de un marco flexible para dar cabida a la gran diversidad de formas de organización establecidas” (PDE 1995-2000). Los avances fueron magros y en 1999 se estableció el Consejo Nacional de Participación Social, pero sin generar ninguna propuesta específica o iniciativa que modificara el bajo perfil de su acción.
El Programa Nacional de Educación 2001-2006 también dio cuenta de los graves problemas de desorganización y confusión que generaba la participación social, señalando que “el CONAPASE no responde suficientemente al reto de la participación, y su operación efectiva ha sido pobre y más todavía la de sus homólogos en estados y municipios […]” (PNE, p. 69). Y es que el esquema administrativo consideraba a la escuela como un espacio homogéneo y abstracto, centrado en los procesos formales y la normatividad supuestamente acatada por todos en pos del funcionamiento organizacional. En cuanto a la forma de entender la participación señalaba que se trataba de “[…] una participación inducida, en la que la autoridad propone los temas y hasta las formas en lugar de escuchar las propuestas de alumnos y ciudadanos” (PNE, p. 68).

Tras un largo proceso que inició en 2004 de “renovación para consolidarse como un instrumento de apoyo, consulta y propuesta para el desarrollo educativo”, como lo señalaba su sitio web, el 8 de junio de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, a través del Acuerdo Secretarial 535, los Lineamientos Generales de Operación de los Consejos Escolares de Participación Social, que destacan entre sus acciones: la implementación de un cronograma de actividades para cada centro educativo, de un Consejo Escolar, así como de nueve comités;2 los cuales estarán integrados siempre por una mayoría de madres y padres de familia, deberán comenzar a constituirse a partir del ciclo escolar 2010-2011.

En instituciones con una larga tradición de autoritarismo como la familia y la escuela, establecer una convivencia entre ambas impone una tarea en donde hay mucho por inventar, adecuar y crear, más allá de una serie de aspectos burocráticos. Participar no es lo mismo que colaborar o prestar ayuda, que ha sido la forma de entender la presencia de los padres de familia en la escuela; significa formar parte de, y por esa razón tener el derecho de opinar, decidir, actuar, cambiar. No obstante, hay concepciones profundamente arraigadas que afectan gravemente el espíritu democrático de la reforma educativa y que se encuentran no sólo entre los distintos miembros de las comunidades escolares, sino también entre las propias autoridades educativas al reducir la participación social a la participación de los padres de familia y, todavía más, al limitar la participación de éstos a la aportación de cuotas o al apoyo al mantenimiento de la infraestructura y mobiliario escolar o a la realización de ciertas actividades (cívicas, sociales y deportivas) en las escuelas.

El complejo diseño de los Consejos y la carencia de una política pública nacional y estatal de promoción de la participación social en la educación, ha ocasionado que su desarrollo, después de casi dos décadas de su creación, sea accidentado e irregular, no sólo por factores educativos, asociados a las características del sistema educativo, a la oposición por parte de ciertos grupos del sector educativo o fuera de éste, sino también por otros factores políticos, sociales e, inclusive, geográficos.
Uno de los retos de los Consejos es que el costo de una propuesta con estas características —con antecedentes muy cuestionables— puede traducirse en una expansión de más burocracia, que llenen los “organigramas” a lo largo del país de nuevos organismos descentralizados, sin que se produzca una descarga efectiva de las funciones del gobierno central; por otra parte, está latente la posibilidad de generarse duplicidad de funciones, por la existencia de demasiados niveles de gobierno involucrados. En este sentido, el funcionamiento de los Consejos puede caer, como ha ocurrido con otras experiencias, en un conjunto de reglas y procedimientos a seguir para implementar decisiones que, a final de cuentas, siguen siendo tomadas por la burocracia central.

Datos de julio de 2010 proporcionados por la Secretaría Técnica del CONAPASE3 indican que hay 14 Consejos Estatales, poco más de 700 Consejos Municipales y más de 90 mil Consejos Escolares instalados. Sin embargo, los Consejos Escolares todavía no disfrutan de una identidad en las escuelas pues en éstas la referencia inmediata de participación social continúa siendo la Asociación de Padres de Familia. Asimismo, sólo de pensar en la enorme tarea que supone promover los Consejos Estatales y Municipales en entidades que tienen un gran número de municipios, o bien en entidades con gobiernos estatales y municipales cuyas autoridades provienen de diferentes partidos políticos, en sistemas educativos que tienen recursos financieros, materiales, humanos y logísticos reducidos, que son entidades que poseen una gran extensión, vías de comunicación limitadas, geografías accidentadas o zonas de difícil acceso, se vuelve una tarea titánica.

La participación social en la educación básica es una experiencia paradójica, primero, porque su origen no fue el resultado de demandas organizadas de la sociedad; segundo, la participación social, en tanto proceso, ha avanzado trabajosamente de acuerdo con las necesidades y pocas oportunidades que les han sido reconocidas a múltiples actores, desde aquellos que tienen en la mira las políticas educativas como aquellos situados en los espacios escolares y, tercero, aun en este contexto, la mayoría de los actores que intervienen en la educación coinciden en señalar que la participación social representa un bien en sí misma, que genera beneficios colectivos y que, por tanto, deber ser promovida por todos.

De ninguna manera se puede minimizar la relevancia que tiene la participación social en la educación y de los Consejos u otras modalidades de participación social, ya que tal como lo establece una amplia literatura especializada, esta participación además de que puede ser una pieza clave para mejorar la calidad educativa, a través de la promoción de la lectura, la revisión de las evaluaciones educativas y acciones dirigidas al fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, también puede ser el componente activo de la educación para la vida democrática y un factor crucial para la transformación del país en su conjunto.

Antonio Gómez Nashiki. Doctor en ciencias con especialidad en investigación educativa. Profesor-investigador de tiempo completo en la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Colima.

Úrsula Zurita Rivera. Doctora en ciencia política. Profesora-investigadora de tiempo completo, FLACSO, sede México.

1 El 13 de agosto de 1999 se publicó el Acuerdo Secretarial núm. 260 que crea y establece la normatividad general del CONAPASE y días después —26 de agosto de 1999— este Consejo quedó formalmente instalado pero su existencia fue breve y jamás volvió a instalarse.
2 1) De lectura para promover el uso y mejora de la biblioteca escolar, así como fomentar la creación de círculos de lectura; 2) del mejoramiento de la infraestructura; 3) de protección civil y de seguridad; 4) de impulso a la activación física; 5) de actividades recreativas, artísticas o culturales; 6) de desaliento de las prácticas que generen violencia entre pares; 7) de establecimiento de consumo escolar; 8) de cuidado al medio ambiente y limpieza del entorno escolar; 9) de otras materias que el Consejo Escolar juzgue pertinentes.
3 http://www.conapase.sep.gob.mx:7069/sistema/que_es/integracion,html

Se definen organizaciones sociales contra el crimen homofóbico en Acapulco

Pronunciamiento

Al C. Gobernador del estado de Guerrero Ángel Eladio Aguirre Rivero

A las instituciones de procuración de justicia en el estado

A la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Al H. Congreso del Estado de Guerrero

A la opinión pública y los medios de comunicación

Las organizaciones de la sociedad civil, defensoras y defensores de los derechos humanos, académicos, activistas del movimiento Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual (LGBTTTI), activistas del movimiento feminista, activistas por la paz, ciudadanas y ciudadanos abajo firmantes, expresamos públicamente nuestra enérgica condena e indignación por el asesinato de nuestro compañero y luchador social, líder del movimiento LGBTTTI y defensor de los derechos humanos y de la diversidad sexual en el estado de Guerrero, Lic. Quetzalcóatl Leija Herrera, Presidente de la asociación civil CEPRODEHI AC. , quién el pasado 4 de mayo fue víctima de un crimen de odio por homofobia, en la plaza central de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, el cual se suma a la larga lista de crímenes de esta categoría que han sido perpetrados en contra de personas homosexuales y que han quedado en el silencio cómplice y la impunidad por parte del estado y sus instituciones.

Exigimos el esclarecimiento inmediato de este crimen de odio y castigo severo a los responsables, la restitución del estado de derecho, el respeto a los derechos humanos de toda la ciudadanía, y de manera especial el respeto a la vida y la libertad de la comunidad LGBTTTI, en estricto apego a los compromisos internacionales firmados por nuestro país en materia de derechos humanos, así como el marco jurídico nacional y estatal contra la discriminación y la violencia de género.

Hacemos un llamado a los medios de comunicación y a las instituciones a actuar con responsabilidad social y ética profesional en el manejo de la información respecto a este artero crimen que sin duda alguna es la más férrea expresión de una cultura patriarcal, homofóbica e intolerante frente a los diferentes.

Exigimos al estado mexicano y sus instituciones que garanticen el derecho de todas las personas a una vida libre de violencia y discriminación por causas de género y orientación sexual, así como la justicia pronta y expedita para el inmediato esclarecimiento del crimen y la aplicación de la ley para dar castigo a los culpables.

Emiliano García Arzeta
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Amado Nervo 12-B, Col. Centro. Chilpancingo, Guerrero. México.

La Sra. Sandra A. De Calzada visitó los avances de el embellecimiento de la antigua avenida del Río, hoy Universidad

Avance del 40% en obras en Avenida Universidad

Diario de Querétaro

Héctor Ayala

La presidenta del Sistema Estatal DIF, Sandra Albarrán de Calzada, en compañía del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Sergio Chufani Abarca, realizó una visita a los trabajos de la Regeneración Urbana de Avenida Universidad, que hasta ayer reportan un avance superior al 40 por ciento.

“Estoy muy emocionada al ver estas obras tan importantes para todos los queretanos; verdaderamente fomentar espacios bonitos, en el que pueda uno venir con la familia, dar un paseo y aparte hacer relucir a nuestro estado, verdaderamente es una obra muy importante”, dijo la Presidenta del DIF Estatal.

Durante el recorrido de dicho tramo, comprendido entre las calles de Ezequiel Montes y Ocampo, el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Sergio Chufani Abarca, señaló: “tenemos el 43% de avance en un tramo de 2.6 kilómetros, con una inversión de 160 millones de pesos en todo el tramo”.

Agregó que la obra se irá liberando en tramos: “ahorita ya tenemos de Ezequiel Montes a Ocampo, la siguiente semana quedará hasta Guerrero y así paulatinamente iremos abriendo tramos para el uso y disfrute de este gran proyecto urbano”.

Sergio Chufani subrayó que con la remodelación entre los beneficios que se brindará será la plusvalía de los inmuebles que se encuentran en la zona, “la oportunidad e tener más flujo caminando, que puedan visitar los comercios; queda una zona limpia porque también bajamos el cableado, entonces, son proyectos que dan mucho a la urbanidad y a los que colindan plusvalía”.

Entre otras labores que se realizan en la Avenida Universidad se encuentran: la sustitución, ampliación y adoquinamiento de banquetas y guarniciones, mejoramiento de fachadas de las viviendas, la preparación de bancos de ductos para el cableado subterráneo, instalación de tuberías para el sistema de riego, terracerías para andadores y construcción de muros de mampostería.

Cabe recordar que la Regeneración Urbana, en su primera etapa, considera trabajos en el cuerpo sur de esta vialidad, desde la Avenida Ezequiel Montes hasta el Boulevard Bernardo Quintana -2.6 kilómetros-, con la construcción de un parque lineal, mejoramiento de las condiciones de accesibilidad para los peatones y personas con capacidades diferentes al retirar obstáculos, así como ampliar y adoquinar las banquetas.

Hay discriminación racial, étnica y de color en las instituciones de salud y educación en Méxicoy en la contratación de empleo

Encuesta de Conapred revela que la segregación está muy arraigada

Persiste en México la discriminación por origen racial, color de piel o físico

Ariane Díaz

La Jornada

La discriminación por origen racial, étnico, color de piel o apariencia física es una práctica cultural que persiste en México, pues 23 por ciento de los entrevistados no estarían dispuestas a permitir que en su casa viviera gente de otra raza; mientras 54.8 por ciento afirma que a las personas se les insulta por su color de piel y 15 por ciento ha sentido que sus derechos no han sido respetados por esa razón, según resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010 (Enadis), elaborada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

El documento afirma que la discriminación por estos motivos “es un fenómeno que en nuestro país está arraigado tanto en las instituciones –lo cual se reflejadas en los obstáculos para acceder a servicios de salud y educación–, como en las prácticas sociales que definen relaciones desiguales de contratación y empleo”.

Detalla que la discriminación racial se asocia con frecuencia a personas indígenas; sin embargo, esta categoría involucra también a individuos cuyos rasgos son relacionados con otras razas u orígenes étnicos.
Como ejemplo, el Conapred refiere a la población afrodescendiente en México, la cual se encuentra ignorada.

El organismo sostiene que la falta de información oficial sobre este grupo de población es no sólo reflejo de exclusión y marginación en sí misma, sino causa de problemas para detectar necesidades y soluciones que permitan la inclusión social de los afrodescendentes.

El texto refiere un estudio realizado en 2007, según el cual 47.8 por ciento de las personas entrevistadas señaló que la pobreza de las comunidades negras se debe a que la gente no trabaja.

En la misma línea, la Enadis 2010 reveló que 16.5 por ciento de las personas consultadas dijo estar de acuerdo en que los indígenas son pobres porque no trabajan lo suficiente.

“Ambos resultados, cada uno en su ámbito, muestran que la discriminación racial es un problema real, basado en opiniones prejuiciosas que no tienen ningún sustento objetivo”, explica el Conapred.

El país se esta desbaratando dice el Obispo Raúl Vera

El mensaje de Calderón muestra un gobierno débil, “su guerra no tiene respaldo”

El país está sin cabeza: Vera López

Encabezada por el escritor Javier Sicilia, la Caminata-Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad arriba al poblado Cuajomulco, en el estado de Morelos.

Alonso Urrutia y Rubicela Morelos

La Jornada

Autopista México-Cuernavaca, 5 de mayo.

Sostiene que está convencido de que su deber pastoral es estar aquí y participar en la movilización, porque el país se está desbaratando de tanta violencia.

Enfundado en ropa deportiva, sólo un enorme crucifijo sobre el pecho identifica a Raúl Vera López como obispo de Saltillo, quien, sin matices, afirma:

“Este país cada día se desarticula más, la impunidad y la inseguridad crecen; aunque no, no es un país de cabeza, es un país sin cabeza”.

Al paso que lleva la caravana, el obispo alude al mensaje presidencial emitido en cadena nacional la víspera del inicio de la Caminata-Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad.

Asevera que ese mensaje mostró al presidente Felipe Calderón “con una gran debilidad, porque su sistema, aunque lo está imponiendo a la fuerza, no tiene aceptación: su guerra no tiene respaldo. No veo una mentalidad democrática en quien gobierna, porque la democracia consiste en escuchar al pueblo”.

–¿Hay obstinación presidencial en su estrategia?

–No sólo obstinación, sino también incapacidad de la estructura que ha creado y de las personas que colaboran con él. Hay mucha corrupción dentro de la estructura del Estado y su colaboración política.

La ley de seguridad, con tintes dictatoriales

Vera López tiene claro su diagnóstico sobre la situación del país y por eso lamenta que ante la creciente inconformidad social la respuesta sea la promoción de una Ley de Seguridad Nacional con visiones dictatoriales, cuya pretensión principal no es defender a la sociedad sino defender al Estado de los ciudadanos.

“Quieren suplir la indignación e inconformidad con el endurecimiento de una legislación que autorice el uso discrecional del Ejército”, subraya.
Vera señala que el reclamo social empuja a recomponer esa estrategia, “porque la violencia nos está desbaratando, amenaza a la ciudadanía, pero no, no se quiere escuchar. No le estamos pidiendo cauces fuera de la Constitución, le estamos pidiendo que regrese a la Constitución porque es presidente de una República democrática que tiene cauces legales para resolver los problemas, para desarticular el crimen organizado, para llevar ante los jueces a los criminales, para desmontar las complicidades.

“Y si esos cauces legales no son suficientes, por ejemplo, para detener el lavado de dinero, se deben fortalecer con una nueva legislación. Pero aquí se junta todo: no querer enfrentar la corrupción que hay en las estructuras políticas y no frenar el dinero sucio en las elecciones, porque desde ahí empiezan a nacer los compromisos de entregarles las policías.”

Acerca del otro lado, el de la gente, indica: “Lo que en un momento hubiera podido ser desorientación, cobardía o miedo, ya se convirtió en indignación, en conciencia de que los que realmente llevamos el país somos los ciudadanos. Ya son concientes de la ineficiencia de la estructura del Estado, cuya respuesta a sus reclamos de justicia es sencillamente impunidad y más impunidad”.

–Es raro ver a un obispo marchando…

–Siempre he trabajado en generar conciencia, es mi trabajo pastoral. Y la conciencia es que la sociedad no funciona si sólo hay cabeza y no hay cuerpo. Digámoslo así: el Estado mexicano no sólo lo forman las cabezas estúpidas, la conformamos todos los ciudadanos que tenemos una responsabilidad con el país y ahora tienen que cuestionar la correcta aplicación de la ley para hacer justicia, para acabar con este desorden espantoso.