SIPAZ – SERVICIO INTERNACIONAL PARA LA PAZ…


SIPAZ – SERVICIO INTERNACIONAL PARA LA PAZ

Visita de seguimiento a Guerrero en junio:
balance (junio de 2008)

Del 18 al 21 de junio, tres personas (Marina Pagès, de Francia; Monica Wooters, de EUA y Teresa Hoechli de Suiza) realizaron una visita de 4 días al estado de Guerrero para dar seguimiento a la delegación coordinada por el Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ) en marzo de 2008 y en la que habían participado representantes de 11 organizaciones no gubernamentales (ONG) de 6 países.

En esta ocasión estuvieron en Ayutla de los Libres: Oficina del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa -OPIM; cárcel municipal en la que se encuentran 5 presos de esta organización. En Chilpancingo, se entrevistaron con el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, Juan Alarcón Hernández así como con el Secretario General de Gobierno, Ramírez Ramos. Finalmente asistieron al Foro “Guerrero: donde se castiga la pobreza y se criminaliza la protesta”, que organizó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan como parte de su 14 aniversario de fundación. Cabe subrayar que en el primer día del evento, soldados del Ejército Mexicano instalaron un retén inusitado de revisión a 50 metros del inmueble en donde tenía lugar. Este hecho fue interpretado como acto de intimidación por los participantes.

Llama la atención el énfasis puesto en el tema de la criminalización de la protesta social en dicho aniversario. Desde varias partes del estado, distintas organizaciones (como la OPIM, la Policía Comunitaria, el Consejo de Ejidos y Comunidades en Oposición a la Parota, CECOP, integrantes de la Escuela Normal Rural Ayotzinapa, la Radio Ñomndaa entre otras), usando o no la expresión de criminalización denunciaron una serie de hechos que parecen ilustrar esta tendencia: detenciones arbitrarias, órdenes de aprensión, militarización, intimidaciones y amenazas.

Esta tendencia ya había sido denunciada por las organizaciones sociales entrevistadas en la delegación de marzo. Desde la cárcel de Ayutla de los Libres, los presos de la OPIM también denunciaban: “Estamos encarcelados por defender nuestros derechos y nuestra pueblo  me’phaa. Hemos luchado para el bien del pueblo. Hemos denunciado las injusticias y la militarización. Al gobierno le molesta, por eso estamos encarcelados”.

Frente al señalamiento de “criminalización de la protesta” por parte de actores sociales, el secretario general de gobierno lo consideró “un poco duro” y enfatizó: “La cuestión no es la represión, la cuestión es la pobreza”. Agregó “si no hay dinero, no podemos resolver estos problemas”. En el boletín de marzo, la delegación ya subrayaba: “Aún reconociendo los retos que implica la pobreza, no podemos aceptar que el gobierno explique la falta de promoción y defensa de los derechos humanos debido a este problema”.  Seguimos preocupados que no se le de mayor prioridad al tema.

Varias personas entrevistadas nos dijeron que en lo inmediato la gran mayoría de los actores políticos están más preocupados por las elecciones en puerta que en una atención de fondo a las demandas de los pueblos.

La existencia de tantas órdenes de aprensión o personas con procesos judiciales abiertos (implica que tienen que ir a firmar por lo menos una vez al mes y puede limitar su capacidad de obtener trabajo) parece una especie de espada de Damocles sobre los procesos organizados. En el aniversario, Abel Barrera, director de Tlachinollan hablaba de 201 casos penales contra líderes sociales, incluyendo 75 órdenes de aprensión, 73 personas bajo procesos y 44 averiguaciones previas.

Frente a esta situación, el secretario general de gobierno enfatizó la autonomía de los poderes en el estado y el hecho que “no se puede dejar de aplicar la justicia por presiones de grupos sociales”.

De un modo parecido, cuando se habló de militarización, Ramírez Ramos explicó que el tema era de competencia federal.

Nuestras preocupaciones siguen idénticas a las de la delegación en marzo: que la sensación de cierre pueda radicalizar más formas de lucha y que la conflictividad pudiera incrementarse en el contexto electoral vecino.




Elena Cannie – Coordinadora del Area Internacional
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Mina # 77, Colonia Centro, CP 41304
Tlapa de Comonfort, Guerrero – Mexico
Tel: (52) 757 476 12 20 – Cel:(045) 757 105 42 73 – Skype: elenacannie
www.tlachinollan.org

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