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Militarización y posible impacto sobre los derechos humanos

 

Es importante notar que inicialmente se llamaba a la Iniciativa Mérida “Plan México”. Este nombre recordaba fuertemente a un plan similar que ha sido implementado en Colombia a través de acciones bilaterales entre Estados Unidos y este país para la lucha contra el narcotráfico: el muy conocido “Plan Colombia”.

Ciertamente, existen muchas semejanzas entre los dos planes, especialmente al ser fondos otorgados por EEUU principalmente para mejorar las fuerzas de seguridad en los países destinatarios. En ocho años del Plan Colombia, los EEUU han gastado alrededor de 6 mil millones de dólares, un 76% de los cuales han sido destinados a operativos militares y armamentos.

 

A pesar de todos los financiamientos y el apoyo que Colombia ha recibido en los últimos ocho años, muy poco ha cambiado respecto al narcotráfico: algunos estudios evidencian que el número de campos de cultivo de coca ha permanecido constante o ha aumentado.

 

 Las violaciones a los derechos humanos, por otro lado, siguen siendo una cuestión que causa gran preocupación, incluyendo desplazamientos forzados de comunidades enteras y numerosas muertes de civiles como resultado de la intensa militarización apoyada por los EEUU.

 

Además, el Centro para la Política Internacional ha estimado que alrededor de un 35% del financiamiento para el Plan Colombia para el 2007 fue destinado a “misiones no relacionadas con el narcotráfico”, y se especula que una gran parte de estos fondos haya en realidad sido destinado a misiones de contrainsurgencia.

 

Si, por un lado, la Iniciativa Mérida no debía implicar necesariamente una “colombianización” de México (o de Centroamérica), la elección de un nombre distinto a “Plan México” era más estratégica para la administración de Bush o la de Calderón.

 

Probablemente uno de los aspectos más alarmantes en cuanto a la Iniciativa Mérida es la ausencia de condiciones vinculantes de derechos humanos asociadas a la misma. En el plan original, existían algunas condiciones mínimas integradas a la propuesta de ley, que fueron severamente recortadas y casi integralmente dejadas de lado. Además, serán aplicadas a nada más que un 15% de la totalidad de los fondos (los primeros 85% se liberarán automáticamente). Las incluidas en la ley finalmente aprobada a finales de junio de 2008 garantizan, al menos, el establecimiento de una comisión para recibir e investigar quejas de mala conducta por parte entidades policíacas o militares; una consulta periódica entre el gobierno mexicano y las ONGs de derechos humanos; la implementación de juicios civiles en casos de violación por miembros del Ejército; y la prohibición del uso de testimonios obtenidos bajo tortura. ix En realidad estas condiciones son muy poco incisivas, como queda ilustrado en el caso de los testimonios obtenidos bajo tortura: dicha condición no prohíbe expresamente la tortura, sino que solamente restringe su uso.    

 

Estos requisitos, a pesar de sus limitaciones, todavía podrían ser un desafío para el gobierno mexicano y las fuerzas públicas de seguridad.  El no tan distante pasado de México está plagado de atrocidades como la “Guerra Sucia” de los 70’s, que, según el ex general José Francisco Gallardo (uno de los principales defensores de los derechos humanos en posibles violaciones por parte del Ejército) en una entrevista con el periódico La Jornada en junio de 2008, parece estar recobrando vigencia. Lo mismo parecen indicar las estadísticas crecientes de abusos militares y graves violaciones de derechos humanos a lo largo y ancho del país, incluyendo casos de tortura y de detenciones arbitrarias.

 

MilitarizaciónEl mismo Departamento de Estado de EEUU ha mencionado la corrupción, los secuestros, las extorsiones y la impunidad como rasgos prevalecientes en las fuerzas de seguridad mexicana en su último informe de derechos humanos en México.xi Por lo demás, la violencia en el país no ha disminuido, pese al aumento del financiamiento de la lucha contra el narcotráfico en México.  Parece más bien que sigue incrementándose.  Radio Fórmula en México reportó que tan sólo en junio de 2008, 468 civiles fueron asesinados debido a la narco-violencia. Como comparación, en este mismo período, 509 civiles fueron asesinados en Irak.

 

Las implicaciones que un aumento a la ayuda militar podrían tener sobre la protesta social son igualmente preocupantes.  Un informe difundido por el Centro de Política Internacional en septiembre de 2004 subrayaba: “Demasiadas veces en América Latina, cuando los Ejércitos se han enfocado en un enemigo interno, la definición de ‘enemigos’ ha incluido opositores políticos al régimen en el poder, incluyendo a quienes trabajan dentro del sistema político como los activistas, los periodistas independientes, los sindicalistas, o dirigentes de partidos políticos de oposición.

Mientras parece demostrado que el modelo militar resulta ineficiente en la lucha contra el narcotráfico y que, incluso, aumenta la violencia y la concentración del poder en manos del ejecutivo, la mayor parte del financiamiento establecido en la Iniciativa Mérida está destinada justamente al Ejército mexicano y a las fuerzas de seguridad.  Tan sólo en 2008, Calderón aumentó los gastos para mejorar las fuerzas de seguridad hasta la cantidad de alrededor de $4 mil millones.

 

 Incluso el actual candidato republicano a la presidencia en EEUU ha afirmado en el pasado que “No hay evidencia que la implicación militar de EEUU en la Guerra contra las drogas haya reducido la entrada de narcóticos al país”. Actualmente, el Ejército mexicano está involucrado en grandes operativos contra el narcotráfico en 11 estados, incluyendo Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y de manera más reciente en Chihuahua.

 

 

El Ejército mexicano ya está realizando actividades que constitucionalmente deberían ser de responsabilidad exclusiva de las fuerzas de seguridad, propiciando una situación de mayor vulneración de los derechos humanos: como demostró un estudio publicado por el Centro Prodh en la Ciudad de México, los militares están entrenados para escenarios de guerra, en los que el objetivo es matar al enemigo, no mantener el orden público. Encuestas realizadas en los estados donde los militares han llevado a cabo este tipo de operativos han demostrado que se ha reducido el apoyo de la opinión pública a este tipo de intervención.

 

 Además, numerosos soldados han desertado del Ejército para trabajar en actividades más lucrativas dentro de los mismos cárteles de droga, mostrando una perturbadora vinculación entre el Ejército y los traficantes. 

 

El fortalecimiento militar que la Iniciativa Mérida implica posiblemente conllevará un aumento en el número de violaciones a derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha llamado la retirada del Ejército del combate al narcotráfico. 

 

 Los militares tienen una larga historia de violaciones de derechos humanos y, desde el inicio de su implicación en la lucha contra el narcotráfico, se han reportado continuamente casos de asesinatos, violaciones, abusos sexuales y secuestros, como por ejemplo los descritos en el informe del Departamento de Estado de EEUU sobre Derechos Humanos en México en 2007.

 

 Tradicionalmente, el Ejército mexicano procesa estos casos en tribunales militares, dejando pocas posibilidades de defensa a las víctimas. 

 

 También existen denuncias en el sentido de que estas violaciones estén vinculadas al entrenamiento recibido por los militares mexicanos en los EEUU o en la zona del Canal de Panamá.

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