Diálogo EPR-gobierno: mucha cobertura mediática, pocos resultados

 

A finales de abril, el Ejército Popular Revolucionario (EPR, grupo armado cuya formación tiene origen en las guerrillas surgidas en el sur de México hace cuatro décadas) llamó a varias personalidades mexicanas a conformar una mediación que le permitiera entablar un diálogo indirecto con el gobierno federal para obtener la aparición con vida de dos de sus miembros: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desparecidos en Oaxaca desde mayo de 2007. Dichas personalidades accedieron a participar, mientras el EPR aceptó todas las condiciones planteadas por la comisión de intermediación, incluyendo el compromiso de suspender de inmediato cualquier acción armada.

 

Las posibilidades de negociación parecieron alejarse cuando el gobierno federal añadió condiciones al diálogo: encuentro directo (donde las personalidades propuestas para integrar el comité mediador fungirían sólo como “testigos sociales”); que el EPR se comprometa públicamente a suspender de forma definitiva “acciones radicales” de sabotaje y de violencia; y que el diálogo no sea exclusivamente acerca de los dos desaparecidos, sino sobre la forma de abandonar la lucha armada.

 

El escritor Carlos Montemayor y el antropólogo Gilberto López y Rivas, propuestos por el EPR como parte del grupo mediador, señalaron que para que esta iniciativa prosperara era indispensable que la Secretaría de Gobernación entendiera “que cuando una fuerza guerrillera se abre a una negociación política, no está proponiendo su propia capitulación”. También rechazaron, ser “convidados de piedra” al participar en un proceso de este tipo en calidad de “testigos sociales”. A través de un comunicado, el EPR advirtió que no habrá “diálogo ni negociación que signifique la rendición incondicional, y mucho menos que implique dejar la lucha armada para incorporarse a la vida institucional”.

Foto: Integrantes del Ejercito Popular Revolucionario (EPR)

 

El gobierno federal finalmente accedió a tener reuniones con la comisión mediadora el 13 de mayo y el 20 de mayo. Según Montemayor, cuando “los integrantes de la comisión planteamos a fondo, por vez primera, los aspectos procesales y políticos del tema”, los medios informativos guardaron “un silencio inesperado” después de la atención mediática que se le había dado inicialmente al tema.

 

Parte de la dificultad y las diferencias entre el gobierno federal y la comisión mediadora es que la segunda considera que se reúnen algunos de los requisitos legales necesarios para tipificar la desaparición forzada de persona, un aspecto que pondría el Estado frente a otro tipo de responsabilidades. En un artículo publicado en La Jornada, Montemayor enfatiza de hecho que la “prolija secuencia de acciones legales, frustrantes e inoperantes, puede sugerir, en el contexto de la legislación internacional, que estaría configurándose uno de los aspectos principales que tipifica el delito de desaparición forzada de persona”, según la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Persona, suscrita por el gobierno mexicano en 2001.

 

Después de iniciado el proceso de diálogo, se ha seguido con investigaciones en medio de especulaciones y rumores en cuanto a la participación o no de funcionarios de la Procuraduría de Justicia de Oaxaca, así como del Ejército sin que se llegara a la fecha a ninguna conclusión. En junio, en un nuevo comunicado, el EPR advirtió al gobierno federal que el “tiempo se acorta” para la presentación con vida de sus integrantes y señaló que en México “sí hay desaparición forzada”, pues según ellos al menos existirían 75 casos en la actualidad.