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Chiapas: Operativo policiaco provoca enfrentamiento y muerte de seis indígenas
Fuerte preocupación de SIPAZ por lo ocurrido

El pasado viernes 3 de octubre, un violento operativo efectuado por policías federales y estatales dejó un saldo de seis muertos, 17 personas heridas y 36 detenidos, casi todos habitantes del ejido Miguel Hidalgo, ubicado en el municipio de La Trinitaria, Chiapas.
El pasado 7 de septiembre, los ejidatarios habían tomado las ruinas de Chincultik que se encuentran enfrente de su comunidad, con la intención de que el propio ejido administrara el sitio arqueológico maya cercano a la ciudad de Comitán y a los Lagos de Montebello. En respuesta, el Instituto Nacional de Antropología y de Historia (INAH), hasta la fecha responsable de la administración de dicho sitio,  había presentado una denuncia penal contra los responsables de la ocupación (Averiguación Previa PGR/CHIS/COM/156/2008). Se había iniciado un proceso de negociación con las autoridades y la última reunión se había realizado apenas el 2 de octubre.

El día 3 de octubre, aproximadamente a las 11:00 hrs. se realizó un primer operativo policiaco con la presencia de unos 40 elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Ministerial, quienes ingresaron a la comunidad en vehículos, caballos y a pie, tirando gases lacrimógenos y allanando varios domicilios. Los integrantes de la comunidad se opusieron a su entrada con piedras, palos y machetes, provocando un primer enfrentamiento.
Alrededor de las 17:30 hrs., unos 300 agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP), Policía Ministerial, Agencia Federal de Investigación (AFI) y  Policía Estatal Preventiva (PEP) intentaron nuevamente entrar a la comunidad, provocando un nuevo enfrentamiento. Según testimonios, los agentes policiales usaron armas de fuego, hiriendo a varias personas.
Según la información del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Sr. Agustín Alfaro Alfaro, originario de un poblado cercano, junto con su esposa y uno de sus hijos en brazos, acudieron en su camioneta para apoyar en el traslado de los heridos al hospital más cercano. En el camino, fueron interceptados por una camioneta de la Policía Estatal Preventiva que empezó a dispararles. Al bajarlo de la camioneta los policías, le dispararon en el pecho al Sr. Alfaro y ejecutaron a tres personas más en el lugar (Rigoberto López, Alfredo Hernández y Miguel Antonio Martínez). Miguel Martínez quedó herido, mientras la esposa del Sr. Alfaro, Eloisa Margarita Espinoza Morales y su hijo resultaron ilesos, siendo testigos de los hechos.

Dos otras personas (Ignacio Hernández López y Ricardo Ramírez Ramírez) heridas con armas de fuego fallecieron durante su trasladado al Hospital de Amparo Agua Tinta, en el municipio de Las Margaritas.

Los 36 campesinos detenidos, a los que trasladaron a San Cristóbal de Las Casas y a La Trinitaria, fueron liberados el 5 de octubre a cambio de las armas que los pobladores habían quitado a los policías en la mañana del 3.

Según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, de los 17 campesinos lesionados, 6 de ellos por armas de fuego, 2 estaban todavía de gravedad. Las autoridades por su parte hablan de 22 lesionados: 16  policías y seis campesinos.

Hasta el momento autoridades estatales y federales han optado por la entrega de 35 mil pesos por gastos funerarios y 75 mil pesos por apoyo económico a las familias que perdieron a sus familiares. El gobierno de Chiapas también señaló a 5 policías como responsables de la masacre y se comprometió a castigar a los que resulten culpables de excesos en el cumplimiento de sus funciones.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas reprobó “enérgicamente los crímenes cometidos por los agentes federales y estatales contra los pobladores de la comunidad de Miguel Hidalgo” y exigió “al gobierno federal y al del estado de Chiapas, una investigación imparcial y eficiente sobre los hechos, sanción a los responsables, la reparación de los daños materiales e inmateriales, medidas que permitan el resarcimiento a los daños ocasionados al tejido social de la comunidad, y las medidas de no repetición que garanticen que nunca más el ejercicio de la función pública y del uso de la fuerza pública excedan sus límites”.

Cabe subrayar que el mismo 3 de octubre, se realizó otro operativo interinstitucional en contra de grupos indígenas tojolabales de las comunidades de Antelá, Nueva Rosita y Nuevo Hidalgo, quienes también desde principios de septiembre pasado, habían tomado pacíficamente el acceso al Parque Nacional Lagunas de Montebello, administrado hasta entonces por la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas (CONANP).

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