La reforma en Pemex: riesgos de omisiones

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano

La Jornada

El próximo jueves el Senado de la República estará aprobando una reforma de gran trascendencia a la legislación petrolera. Se trata de un conjunto de seis leyes que es posible sintetizar en tres dimensiones: otorga a Petróleos Mexicanos (Pemex) una mayor autonomía presupuestal y de gestión; moderniza su diseño institucional y flexibiliza su sistema de contratación de adquisiciones y de obra pública. Es una legislación que quizás no sea todo lo profunda que se hubiese deseado, según cada visión política, pero es, sin duda, de gran amplitud.

Con la promulgación de las nuevas disposiciones, Pemex podrá hacer uso creciente de sus excedentes de operación y realizar modificaciones a su presupuesto sin requerir autorización de la Secretaría de Hacienda, y desaparece la obligación de contratar deuda en el oneroso esquema de Pidiregas.

El diseño institucional de Pemex se modifica porque su consejo de administración se verá reforzado por la presencia de consejeros independientes propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado para un periodo de seis años; las actividades del consejo se organizan en siete comités especializados; las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos serán reguladas por una comisión nacional de hidrocarburos, y, en general, sus actividades tendrán que estar planeadas dentro de un programa nacional de energía a cargo del consejo nacional en la materia, que deberá pasar por el Congreso de la Unión para su ratificación como decreto.

También debe destacarse que se prevé la posibilidad de explotación conjunta de yacimientos transfronterizos de acuerdo con los tratados internacionales que México pudiera establecer al respecto.

Las líneas de reforma anteriormente enunciadas requieren de un análisis específico que seguramente será abordado en los meses por venir. Sin embargo, presentan puntualmente la magnitud de la tarea realizada por el Congreso. Queda pendiente un balance de los problemas atendidos y de aquellos otros que pudieran tomar una significación relevante por insuficiencias de la legislación adoptada.

No quiero dejar de señalar una omisión importante en los dictámenes que llegarán al pleno del Senado: el tema de los “bloques” o áreas exclusivas para un solo contratista, asignados mediante alguna variante de los contratos de servicios múltiples que no está considerado en los dictámenes que este martes se dieron a conocer a la opinión pública, lo que pudiera significar que se excluyera a Pemex del control de las decisiones sobre esos trabajos de exploración y extracción. El asunto está implícito, y si el gobierno opta por este sistema en los próximos meses rencenderá el debate sobre su constitucionalidad, se abrirá una franja de riesgo para las actividades de exploración y producción que son de vital importancia para recuperar la capacidad petrolera del país.

Creo que aún es posible resolver positivamente este problema, acotando con toda claridad la duración de los contratos y que Pemex fortalezca su capacidad de ejecución directa, sobre todo pensando en la complejidad de los retos futuros tanto en las áreas marinas como en el territorio. No debe quedar ninguna duda sobre el control que Pemex debe mantener sobre la explotación de los hidrocarburos del país.

Es indispensable destacar que esta reforma a la legislación petrolera metió al Congreso, particularmente al Senado de la República, a un trabajo de análisis y negociación que ha durado más de ocho meses, que incluyó la realización de foros en los que participaron más de un centenar de especialistas y, finalmente, se ha llegado en los dictámenes a un acuerdo general de todos los partidos políticos con representación legislativa. Es quizás una de las experiencias de negociación más complejas y trascendentes que ha llevado a cabo el Congreso mexicano.