Derechos Humanos de La Montaña informa

Buenas tardes,

Enviamos en adjunto el documento leído en la conferencia de prensa del día de hoy en Chilpancingo respecto a la negativa para liberar a los miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) presos en Ayutla, donde estuvieron presentes las esposas de los cinco detenidos, integrantes de la organización y los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Saludos cordiales,

Contacto Prensa:
Teresa de la Cruz
Coordinadora del Área de Difusión del Centro
de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Mina # 77, col Centro, Tlapa, Guerrero, México
telefonos de oficina: 017574761200 y 61220
celular: 0447571025132
correo:
tere_delacruz@hotmail.com 
www.tlachinollan.org    
“Respeto a la decisión de los pueblos: No a La Parota”.

CONFABULACIÓN POLÍTICA CONTRA LA OPIM 

Tlapa, Guerrero, México,a 5  noviembre  de 2008.- En Guerrero, las autoridades civiles en coordinación con el Ejército han implementado una estrategia de guerra preventiva donde los pueblos indígenas han sido perseguidos torturados, masacrados y encarcelados. Desde la masacre de El Charco el Estado mexicano ha optado por militarizar las regiones indígenas para contener el movimiento emancipatorio de los pueblos originarios.

 

El Ejército ha ocupado ilegalmente los territorios indígenas para implementar una operación  quirúrgica contra organizaciones sociales catalogadas como radicales como es el caso de la Organización Indígena del Pueblo Me´phaa (OPIM).  

 

En este contexto de alto riesgo para el trabajo de los defensores de los derechos humanos y dentro del marco del 10º aniversario de la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional ha elaborado un informe sobre la OPIM denominado Promover los Derechos de los Pueblos Indígenas de México donde reconoce a los integrante de la OPIM como defensores de derechos humanos y da cuenta su trayectoria como una organización respetable y al mismo tiempo señala el hostigamiento y las amenazas que sufren sus dirigentes.

 

Varios años han transcurrido desde que la OPIM comenzó el camino de su lucha, no obstante, hoy nuevamente el Estado imposibilita a los me´phaa el acceso a la justicia y detiene y encarcela en la prisión de Ayutla a cinco de sus integrantes a quienes señala de haber asesinado a un informante del Ejército el 1 de enero de este año. Aún cuando durante todas las diligencias los inculpados y sus testigos han demostrado que son inocentes y que fueron fabricadas las pruebas presentadas en su contra, el gobierno del estado se ha confabulado con el gobierno federal para mantener en la cárcel a los cinco indígenas de la OPIM.

 

Los defensores de derechos humanos fueron aprehendidos el 17 de abril en un retén policiaco-militar. Entre los prisioneros se encontraba el dirigente de la OPIM en El Camalote y representante de los 14 indígenas me´phaa de ese lugar que fueron esterilizados de manera forzada, Orlando Manzanarez Lorenzo; el ex comisario y uno de los esterilizados, Manuel Cruz Victoriano; Natalio Ortega Cruz y Romualdo Santiago Enedina (que son sobrinos de la indígena me´phaa, Inés Fernández Ortega); y Raúl Hernández Abundio, militante de la OPIM. Denunciaron que durante su detención fueron torturados y amenazados de muerte por parte agentes de la PIM y dijeron que les impidieron hablar en idioma me´phaa.

 

El 15 de octubre de 2008 la jueza Octava de Distrito con sede  en Acapulco, Livia Lizbeth Larumbe Radilla  concedió un amparo a cuatro de los detenidos porque no existen pruebas de que hayan cometido el homicidio y ordenó su liberación, sin embargo, el 3 de noviembre el Ministerio Público Federal interpuso un recurso de revisión impugnando la decisión de la jueza.  Esto evidencia que se sigue en esa línea de criminalizar y fabricar pruebas de parte de los Poderes Ejecutivos del estado y la federación porque aún cuando un órgano federal como es el Juzgado Octavo de Distrito ha determinado que no existen pruebas, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio Público insiste en mantenerlos privados de su libertad.

 

Esto contradice lo dicho por el Director General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Negrín, que en el marco de la audiencia temática otorgada por la CIDH el 22 de octubre sobre la Criminalización de los Defensores y Defensoras del estado de Guerrero, manifestó que la justicia federal corrigió los vicios cometidos por el sistema de justicia estatal, queriendo con ello dar la noticia de que ya habían sido liberados los indígenas defensores de derechos humanos que pertenecen a la OPIM, para congraciarse con los comisionados de la CIDH. 

 

La realidad es que tanto el gobierno federal como estatal mantienen un patrón de criminalización de fabricar pruebas para judicializar los problemas sociales planteados por los defensores y mostrar una imagen falsa ante las instancias internacionales de que atienden los planteamientos de los defensores y defensoras, cuando en realidad se obstinan en mantenerlos en la cárcel como es el caso de los compañeros que ahora tienen que permanecer privados de su libertad aún cuando un juez federal ha decido que no hay pruebas en su contra.

 

Como defensores de derechos humanos queremos denunciar que las autoridades encargadas de investigar los delitos además de desconocer los instrumentos de derechos humanos,  aplican de manera facciosa las leyes penales y se empeñan  en colocar fuera de la legalidad a organizaciones sociales que han tenido el valor de denunciar casos graves de violaciones a derechos humanos con el riesgo de ser amenazados, perseguidos y encarcelados.

 

Las autoridades lejos de ocuparse por investigar los diferentes casos que han enfrentado los compañeros y compañeras de la OPIM han dejado en la impunidad las violaciones sexuales cometidas contra Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, las amenazas permanentes que sufre la defensora de derechos humanos Obtilia Eugenio Manuel, el incumplimiento de la recomendación sobre los indígenas esterilizados y la falta de investigaciones para proceder administrativamente contra los responsables, el homicidio y tortura perpetrado contra Lorenzo Fernández Ortega, hermano de Inés, así como las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra el Ejército Mexicano por los daños cometidos a sus cultivos y los allanamientos a sus moradas. 

 

La Organización del Pueblo Indígena Me´phaa y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan demandamos:

 

·                                                               La liberación inmediata de los cinco compañeros detenidos y encarcelados injustamente, para dar cumplimiento a la resolución de la juez Octava de Distrito.

·                                                               Que las autoridades  federales y estatales garanticen el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos de Guerrero.

·                                                               Que cese la criminalización contra los luchadores sociales de Guerrero y de manera especial de la OPIM.

·                                                               Que se realice una investigación pronta y efectiva y se castigue a los responsables del homicidio de Lorenzo Fernández Ortega que a la fecha permanece en la impunidad.

·                                                               Que se investiguen las amenazas permanentes que sufre la defensora de derechos humanos del pueblo me´phaa Obtilia Eugenio Manuel.

·                                                               Que se castigue a los militares responsables de la violación sexual de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.

·                                                               Que el gobierno del estado cumpla a cabalidad la recomendación 066/2007 de la CNDH sobre los 14 indígenas esterilizados de El Camalote.

 

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