Sin lugar a dudas la pluralización religiosa en los pueblos indios de Chiapas se acrecienta. De la misma manera la aceptación social y cultural al hecho se ensancha. Pero, al mismo tiempo, todavía perviven espacios en los que se manifiesta reticencia, y hasta franca hostilidad, hacia los indígenas que han decidido optar por una identidad religiosa distinta a la tradicional.
En días recientes La Jornada ha informado sobre tres casos que muestran rostros distintos, y actitudes dispares, para con creyentes evangélicos en poblados mayoritariamente indios. El primer asunto se resume de la siguiente manera: “La asamblea de la comunidad Muctavits, municipio de San Andrés Larráinzar, integrada por mayoría católica tradicionalista, acordó privar de los derechos a recibir apoyos de programas sociales de gobierno a 24 familias que profesan la religión evangélica, y se niegan a cooperar para construir una ermita, informó Hortencio Vázquez, representante de la Iglesia adventista del séptimo día” (nota de Elio Henríquez, 7/11).
Entre las amenazas de acciones contra los adventistas se incluyeron cortarles los servicios de agua potable y energía eléctrica. Además los tradicionalistas advirtieron a las mujeres pertenecientes a la Iglesia adventista que si no abandonan sus creencias, entonces ni van a recibir beneficios como el del programa Oportunidades, ni servicios de orientación médica, y tampoco obtendrán apoyos municipales para construcción de sus viviendas. De acuerdo con el denunciante, Hortencio Vázquez, “lo que se percibe claramente es que todo lo que plantean y exigen los católicos de la comunidad son ideas de los miembros del ayuntamiento priísta de San Andrés Larráinzar, para que los protestantes sean amonestados por la mayoría”.
Del siguiente caso se da cuenta en la misma nota citada. Cinco indígenas evangélicos, de la comunidad Nachit, en el municipio de Zinacantán, fueron acusados de negarse a desempeñar cargos tradicionales, irremediablemente ligados a la religiosidad católica. En consecuencia se les retuvo 24 horas, y fueron liberados no sin antes ser advertidos de que les serían fabricados delitos, se les dejaría a disposición del Ministerio Público y posteriormente se les llevaría a centros penitenciarios”. Fue convocada una mesa de diálogo, con presencia de autoridades gubernamentales estatales, y desconocemos cuáles hayan sido las resoluciones de la misma. Pero el solo hecho de que sigan teniendo lugar encarcelamientos y amenazas de mayores sanciones ante la negativa de los protestantes de aceptar cargos tradicionales es revelador de que existen preocupantes zonas de intolerancia en algunas regiones de Chiapas.
En contraparte a los dos casos mencionados, está el acuerdo a que llegaron los católicos tradicionalistas y los evangélicos de Chicumtantic, en el municipio de San Juan Chamula (nota de Elio Henríquez, 9/11). Es decir, con apenas dos días de diferencia se hacen públicas evidencias de que en los pueblos indígenas de Chiapas los ritmos de la convivencia entre diversas opciones religiosas son de signo muy distinto. En Chicumtantic, lugar enclavado en el municipio donde históricamente se ha dado el mayor número de expulsiones, y los actos más violentos contra los creyentes evangélicos, los cargos religiosos (católicos) y las cooperaciones para las fiestas del pueblo (también uncidas al calendario católico) han dejado de ser de aceptación obligatoria para los indígenas protestantes. Es un logro de conciliación cultural que evidencia los cambios acontecidos hacia el interior de los pueblos, y que va asentando nuevas realidades que antes eran perseguidas sin cuartel.
El acuerdo fue celebrado por el pastor Domingo Ruiz Santis, de Chicumtantic, quien subrayó la inexistencia de pacto similar en comunidad alguna de todo el municipio. La asamblea en la que se negoció el acuerdo “contó con la asistencia del alcalde de San Juan Chamula, Domingo López González; funcionarios de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos del estado, y de la delegación de Gobierno”. Es de relevancia que el alcalde chamula interviniera para convencer a los tradicionalistas de que los cargos ya no podían ser obligatorios (¿y cuándo habrá un acuerdo del mismo talante en la cabecera municipal?), porque se estaba viviendo una nueva realidad social en Chicumtantic. Y sí, porque ahora el lugar lo habitan 150 familias evangélicas, pertenecientes a la Iglesia Pentecostés de La Esperanza, y 120 familias católicas tradicionalistas. Parece que el peso demográfico de los protestantes fue determinante.
Las sociedades indígenas de Chiapas se están reconfigurando. En el proceso tiene una participación importante el constante crecimiento de las distintas confesiones protestantes/evangélicas. Desde hace buen tiempo esas minorías religiosas han dejado de ser núcleos pequeños y focalizados. Ahora están presentes en prácticamente todas las poblaciones mayoritariamente indígenas de Chiapas. El proceso diversificación religiosa/aceptación de la misma avanza, sin embargo ese avance no es lineal. Tiene obstáculos y en algunos lugares se estanca. De ahí la importancia de que las autoridades contribuyan a destrabar las inercias intolerantes garantizando, irrestrictamente, las libertades que las leyes reconocen en materia de elección y manifestación de creencias religiosas.