Derechos Humanos FRAYBA informa:

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 28 de enero de 2009 

Boletín de prensa 03   

Impunidad en el Caso Tres Cruces   

·         Se cumplen seis años de la agresión perpetrada por el gobierno de Pablo Salazar contra la comunidad de Tres Cruces, municipio de Chamula 

·         Mediante operativo policíaco, sin fundamento legal y sin la planeación debida derivó en la muerte de 5 personas   

El día de hoy se cumplieron seis años del operativo realizado en el Paraje Tres Cruces, municipio de San Juan Chamula, acción en donde elementos de distintas corporaciones policíacas del estado intentaron efectuar órdenes de aprehensión de manera negligente terminando con la vida de cinco personas.   

La acción que tenia como objetivo ejecutar una orden de presentación en contra de Candelario Heredia Hernández, Pascual Heredia y Enrique Hernández Hernández, acusados falsamente de participar en los homicidios de dos personas, fue ejecutada por integrantes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Policía Sectorial, elementos de la Policía municipal de Chamula (Mayoles) y civiles que fueron dirigidos por la entonces Subprocuraduria de Justicia Indígena.   

En el saldo del operativo resultaron muertas las siguientes personas; el joven Gregorio Heredia Hernández, muerto a la vista de su familiares, y cuatro personas que participaban en el ejecución de las ordenes: Salvador Pérez Sánchez, Domingo Girón Shilón, Policías Mayoles; y Emiliano Aguilar Toledo, Martín Gómez Pérez o Rojas Pérez, elementos de AEI, que según testimonios de pobladores del Paraje Tres Cruces, fueron víctimas del fuego cruzado de las mismas corporaciones policiales.   

De estos hechos se culpó a Candelario Heredia Hernández, Pascual Heredia Hernández, Mariano Heredia Gómez, Enrique Hernández Hernández y Zacario Hernández. Los testimonios refieren que los inculpados estaban  durmiendo cuando empezó el tiroteo por parte de los elementos policíacos, y que fueron estos quienes al rodear las casas se dispararon entre sí.   

Enrique, Pascual, Mariano y Zacario fueron detenidos y privados de su libertad por más de cinco años, acusados falsamente de estos homicidios, siendo liberados hasta el año del 2008, después de sostener una huelga de hambre que se prolongó por más de 34 días lo  que motivó movilizaciones del Pueblo Creyente, organizaciones y comunidades que se solidarizaron por la libertad de estas personas.   

Este contexto de represión y persecución se dio en contra de personas que profesaban una religión distinta a la tradicionalista o que militaran en partido político distinto al PRI. De este contexto histórico recordamos la violencia generalizada que marcó al municipio de San Juan Chamula, situación alentada por cacicazgos locales protegidos por los gobiernos del PRI y después aun, por el gobierno de Pablo Salazar Mendíguchia.   

 

La Subprocuraduria de Justicia Indígena en aquel entonces encabezada por Isidro Gómez Entzín, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), cuyo titular era Mariano Herrán Salvatti, fueron quienes ordenaron el operativo y en su momento quienes alteraron las pruebas en contra de los indígenas tsotsiles para cubrirse con el manto de la impunidad respecto a estos crímenes.   

El día de hoy recordamos con indignación estos hechos que tuvieron como mártir al joven Gregorio Heredia Hernández, cuyo delito fue ser un ferviente católico, integrante del grupo de alabanza en su paraje y que ciertamente no era integrante del PRI, sino un disidente de los partidos políticos en general, lo cual le costo la vida. Rememoramos con aprecio al compañero Gregorio, que cayo por la lucha de liberación de su pueblo y enviamos un saludo fraterno a su familia, vecinos y al Pueblo Creyente por está perdida.   

Por las muertes de estas personas, este Centro de Derechos Humanos continúa en la exigencia de justicia para que hechos como este no se repitan, demandamos se realice una investigación diligente e imparcial que dé con la verdad de los hechos, sancionando a las personas que por acción u omisión resulten responsables, se indemnice a los familiares de las cinco personas asesinadas y a las cuatro personas que arbitrariamente se les mantuvo privadas de su libertad por cinco años.        

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