Los defensores de derechos humanos presentaban huellas de tortura y tiro de gracia 

Crimen de Estado, la doble ejecución de líderes mixtecos, asegura ONG 

M. Habana y S. Ocampo  

 

La Jornada   

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan confirmó que los cuerpos hallados cerca de la comunidad San Francisco, municipio de Tecoanapa, Guerrero, con huellas de tortura y tiro de gracia, corresponden a Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), a quienes presuntos agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) desaparecieron el pasado 13 de febrero en Ayutla de los Libres. “Fue una doble ejecución extrajudicial. Se trató de un crimen de Estado”, considera la organización no gubernamental. 

De acuerdo con el Servicio Médico Forense de Acapulco, Raúl Lucas fue asesinado de dos balazos en el maxilar inferior, probablemente el domingo 15 o el lunes 16 de febrero. Sus restos se hallaron el viernes 21 dentro de una bolsa negra cerrada con cinta canela, enterrada a un metro de profundidad, descubrimiento resultado de una llamada telefónica anónima, aseguró el fiscal especial para delitos graves de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, José Fernando Monreal. 

Indicó que en las mismas circunstancias se encontraron los restos de Manuel Ponce Rosas, quien padeció traumatismo en cráneo y en tórax, tres heridas externas de 25 a 28 centímetros por las cuales pereció, provocadas a golpes con un tubo. Familiares de las víctimas llegaron la mañana del domingo al Semefo de Acapulco, y por la tarde les entregaron los restos de Raúl y Manuel, quienes serán sepultados el lunes en el municipio de Ayutla. 

Por su parte, Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, dijo que la ejecución de los dos mixtecos atenta contra las leyes internacionales a las que México está suscrito, las cuales exigen el respeto a la vida de los defensores de los derechos humanos. 

Además, cuestionó las declaraciones irresponsables del procurador de Guerrero, Eduardo Murrueta, quien desde que conoció la denuncia por la desaparición de los indígenas, sin realizar una investigación objetiva, declaró que los ahora finados fueron víctimas de secuestro o levantón (plagio sin intención de obtener rescate). 

Los homicidios de los luchadores sociales, las amenazas que previamente recibieron y el atentado a balazos por el cual Lucas García estuvo a punto de morir en 2006, dijo Rosales, significan que su labor afectó intereses de personas enquistadas en los gobiernos municipal y del estado. 

Consideró que desde que se presentó la denuncia de la desaparición, la Federación y el gobierno estatal evidenciaron una completa inactividad, lo mismo que cuando se presentaron los dos amparos contra la incomunicación que padecían los detenidos, y cuando se exigió a las autoridades la revisión de prisiones municipales, y sedes de batallones, en su búsqueda”. 

Se levantó la averiguación previa TAB/SC/AM/161/2009, que se radicará en la fiscalía especial para delitos graves.