México, DF, a 24 de febrero de 2009
COMUNICADO DE PRENSA

ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS SE

PRONUNCIAN ANTE DECLARACIONES DE

AUTORIDADES MILITARES

En días pasados, autoridades militares han expresado su negativa a
modificar las disposiciones legislativas que permiten que los
tribunales militares conozcan casos graves de violaciones a los
derechos humanos, expresando que este fuero no fomenta impunidad y que
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no ha logrado
demostrar que el fuero de guerra sirva de coto de impunidad.

Al respecto, la Red Nacional de Organismos Civiles ?Todos los derechos
para todas y todos?; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de
Derechos Humanos; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña,
Tlachinollan; el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional; el
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; el Centro de
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; el Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé de las Casas y Fundar, Centro de Análisis e
Investigación, sostienen una vez más que la aplicación del fuero
militar para la investigación y sanción de graves violaciones a los
derechos humanos, propicia la impunidad y es contraria a los
estándares internacionales y las innumerables recomendaciones
realizadas por órganos de protección de los derechos humanos al Estado
mexicano.

En reiteradas ocasiones estos organismos, como la Comisión
Interamericana, la Corte Interamericana, y el Relator Especial de
Naciones Unidas sobre el tema de la Tortura, entre otros, han
expresado la pertinencia y necesidad de que las violaciones de
derechos humanos perpetradas por personal militar, sean conocidas por
la justicia civil. Las recomendaciones coinciden en señalar que cuando
el Estado permite que investigaciones sobre graves violaciones a
derechos humanos cometidas por militares sean dirigidas por órganos de
justicia militar, la consecuencia es que se deja en la indefensión a
las víctimas de las violaciones al no existir ni independencia ni
imparcialidad en los órganos militares de administración e impartición
de justicia. Este criterio es compartido por la comunidad
internacional la cual recientemente formuló diversas recomendaciones
al país relacionadas con este tema en el marco del Examen Periódico
Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

En nuestro país el fuero militar no es garantía de independencia e
imparcialidad, ni mucho menos de una eficiente investigación para
procesar a los militares responsables de las violaciones; ello ha sido
suficientemente documentado en diferentes procesos nacionales y ante
instancias internacionales, a pesar de los señalamientos que en
sentido contrario han vertido de manera infundada algunas autoridades
castrenses.

En México, los casos en los que el fuero militar ha servido para
mantener en la impunidad graves violaciones a derechos humanos son
numerosos: la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco, el cual está
siendo sometido a la consideración de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos; la tortura de los ecologistas Rodolfo Montiel y
Teodoro Cabrera; la violación y tortura de las indígenas mixtecas de
Guerrero, Francisca Santos y Victoriana Vázquez; la violación y
tortura de las indígenas tlapanecas Valentina Rosendo Cantú e Inés
Fernández Ortega; la violación y tortura de las hermanas tzeltales de
Chiapas, Ana, Beatriz y Celia González Pérez; así como las ejecuciones
extrajudiciales verificadas en Santiago de Caballeros, Sinaloa. Otras
violaciones cometidas por militares que se mantienen en la impunidad
son la ejecución extrajudicial de Gilberto Jiménez (caso La Grandeza)
en Chiapas, esta última perpetrada durante la ofensiva militar de 1995.

Por lo anterior, públicamente manifestamos una vez más que de acuerdo
con el derecho internacional de los derechos humanos, la competencia
del fuero castrense debe ser exclusivo para los delitos y faltas
cometidos por militares contra la función militar y no puede
extenderse a la investigación y el procesamiento de hechos que
constituyen violaciones a derechos humanos. En este sentido la
Comisión Interamericana ha señalado que la manera en que se emplea la
justicia militar en México es contraria a la Convención Americana de
Derechos Humanos.

A la vez, expresamos nuestro rechazo, y nuestra preocupación ante las
recientes declaraciones realizadas por mandos militares en diferentes
estados de la República que atacan el trabajo de los defensores y las
defensoras de derechos humanos. Reflejo de lo anterior son las
palabras del Comandante de la IX Región Militar Enrique Jorge Alonso
Garrido Abreu quién señaló el pasado jueves 19 de febrero que: ?…las
organizaciones de derechos humanos protegen a delincuentes…?. Lo
anterior denosta y descalifica el trabajo de los defensores y las
defensoras de derechos humanos, sugiriendo que nuestras denuncias
obedecen a fines ilegítimos e intentan encubrir a la delincuencia
organizada. Este tipo de declaraciones contribuyen a crear un clima
de adversidad en contra de los defensores y defensoras de derechos
humanos. Frente a esto es preciso manifestar que la defensa y
promoción de los derechos humanos es fundamental para la consolidación
de la democracia y del estado de derecho.
Red Nacional de Organismos Civiles ?Todos los derechos para todos?

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria
Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
Fundar, Centro de Análisis e Investigación