Nuevos actos de hostigamiento contra comunidades Zapatistas
· Campaña contra el cultivo de marihuana, como justificación para la contrainsurgencia.
· Programas y actores gubernamentales violentan la vida comunitaria de los pueblos.
En el marco del conflicto armado no resuelto, las funciones aparentemente de seguridad pública que realiza de manera inconstitucional la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en territorio Chiapaneco, se han evidenciado como operaciones militares de la implementación de la estrategia de contrainsurgencia contra comunidades indígenas organizadas en donde tienen presencia organizaciones disidentes al gobierno, particularmente contra las comunidades en donde hay bases de apoyo zapatistas.
El día de ayer, la Junta de Buen Gobierno de la Zona Altos, “Corazón Céntrico de Los Zapatistas Delante del Mundo” denunció la incursión militar realizada en la comunidad de Tivo, así como constantes sobre vuelos y patrullajes sobre comunidades de ese territorio, en donde también hemos sido informados que recientemente han habido vuelos rasantes sobre “La Reserva Ecológica Comunitaria Zapatista de El Huitepec”.
Por otra lado en la zona zapatista conocida como Tsots-Choj, Caracol IV “Torbellino de nuestras palabras”, se ha promovido el rumor a través de Gabriel Robles Ballinas, Delegado de Gobierno de Palenque, de que el día de mañana, sábado 28 de febrero, se llevará a cabo el desalojo de las bases de apoyo zapatistas que administran actualmente el balneario de “Agua Clara”, en el municipio de Chilón, Chiapas, y que dicho desalojo lo realizarán elementos del Ejército Mexicano. Probablemente dicha información sea falsa, pero queremos resaltar el uso del “rumor” como herramienta táctica de contrainsurgencia, cuya finalidad en el transcurso del tiempo ha sido generar temor en el “grupo disidente” y en la población en general, provocando tensión y polarización en la región.
Si dicha información sobre el supuesto desalojo de “Agua Clara” fuera cierta, este Centro reprueba dichas probables acciones, pues se estaría atentando de manera directa contra la endeble paz social que subsiste en el estado, contradiciendo abiertamente el compromiso del Estado Mexicano frente a la insurrección zapatista, manifestado en la Ley para el Dialogo y La Paz Digna en Chiapas, con el riesgo latente, de pasar de una etapa de guerra irregular, o de “desgaste”, a la aplicación de una iniciativa de guerra convencional.
Este Centro de Derechos Humanos recuerda que lejos de atender las causas justas que motivaron el levantamiento zapatista en 1994, el gobierno federal no ha cesado en la aplicación de la estrategia de contrainsurgencia, que se ha caracterizado por la diversificación de las tácticas, utilizando diferentes recursos a su alcance, atentando contra diversos principios constitucionales y pactos internacionales de derechos humanos.
Dicha estrategia se caracteriza, en principio, por la permanente ocupación militar, ilegítima e ilegal, de los territorios indígenas que ha generado graves secuelas en el tejido social comunitario de los pueblos indígenas, hasta el uso de dichas fuerzas castrenses para el hostigamiento abierto a las comunidades, con la justificación de la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y/o de la lucha contra el narcotráfico. De manera más reciente, recordamos las incursiones del año pasado a la comunidad de San Jerónimo Tulijá, o el intento de incursión a la Comunidad de La Galeana, entre otras[1].
Aunado a lo anterior, la aplicación de programas gubernamentales de supuesto combate a la pobreza sólo ha traído consigo la cooptación y división en las comunidades, entre quienes por la grave situación de marginación histórica son objeto del clientelismo gubernamental y de los partidos políticos en el poder, en oposición a quienes practican la autonomía en los pueblos indígenas, reivindicándose como sujetos históricos de derechos.
Por otra parte, la estrategia contrainsurgente se manifiesta en el rol recurrente que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está cumpliendo contra las comunidades y personas que se encuentran en resistencia al pago a las altas tarifas de la energía eléctrica, entre ellas las bases de apoyo del EZLN. Cada vez son más las denuncias que este Centro recibe sobre hostigamientos y enfrentamientos suscitados en las comunidades, cada vez con consecuencias más lamentables, resultado de la incitación que realizan trabajadores de la CFE en las comunidades, generando encono entre los que pagan y los que resisten al abuso de la paraestatal.
En este mismo sentido se ha generado un patrón de actuación de los operadores de la Procuraduría Agraria (PA), quienes presionan a grupos y organizaciones para hostigar a quienes se oponen a la aplicación del ahora Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR), antes PROCEDE, caracterizado por fragmentar el sentido colectivista de la tierra y territorio que defienden los pueblos históricamente.
Este Centro de Derechos Humanos hace notar, como ya ha sido caracterizado a lo largo del tiempo por diferentes organizaciones, que la estrategia de contrainsurgencia implementada contra el EZLN está dirigida a combatir a la población civil que le apoya, convirtiendo a los civiles en su objetivo militar primario, lo cual siempre ha sido y será altamente criminal, ya que contradice preceptos constitucionales y principios del Derecho Humanitario, bases fundamentales de una sociedad democrática.