Riesgos de la militarización

fronteriza 

Editorial 

 

La Jornada  

En la víspera del arribo a nuestro país de la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, el gobierno de la nación vecina anunció ayer un paquete de medidas orientadas a reforzar la seguridad en la frontera con México, entre las que se incluye un incremento notable en la presencia de agentes federales estadunidenses en la región; la creación de una unidad de inteligencia regional de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), que servirá como central de coordinación de todas las actividades de la FBI en relación con México; la erogación de unos 700 millones de dólares de recursos públicos para optimizar los sistemas de intercambio de información entre las autoridades de ambos países, y la entrega de aeronaves a la Fuerza Aérea y la Marina mexicanas. 

El conjunto de acciones no incluye, por el momento, el envío de efectivos militares estadunidenses a la franja fronteriza, aunque la titular del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, Janet Napolitano, señaló que todavía estamos considerando esa posibilidad, declaración que encierra un importante cambio de matiz con respecto a la postura expresada el pasado 11 de marzo por el presidente Barack Obama: no estoy interesado en militarizar la frontera. 

Por su parte, la canciller mexicana, Patricia Espinosa, aprobó las medidas de seguridad anunciadas por la Casa Blanca y dijo que tales acciones son congruentes con la lucha contra el crimen organizado. Al respecto, cabe recordar que a principios de este mes fueron desplegados 5 mil efectivos militares en Ciudad Juárez, Chihuahua, ante la creciente ola de violencia que se vive en esa localidad. 

La militarización de distintos puntos de la frontera por parte del gobierno mexicano, y el refuerzo policial ordenado por las autoridades estadunidenses del otro lado del río Bravo, no necesariamente constituyen pasos correctos en la lucha contra el narco, y apuntan, en cambio, a una estrategia binacional de seguridad equívoca: a fin de cuentas, la zona limítrofe entre los dos países es sólo uno de los espacios de acción de las organizaciones delictivas, en donde se concentran y expresan de manera particularmente violenta los síntomas de un proceso de descomposición social e institucional mucho más amplio que tiene lugar en ambos lados de la línea fronteriza. El paso de drogas, armas y delincuentes por la frontera común es, en efecto, la culminación de procesos que se gestan y desarrollan lejos de ellas y que requieren de atención por parte de ambos gobiernos en zonas geográficas alejadas de la línea divisoria común y de ámbitos de acción más amplios que el policial y el militar.

Con estas consideraciones en mente, cabe afirmar que el despliegue de un mayor número de elementos de las fuerzas públicas en la región no implica por sí mismo un golpe al poder de los cárteles de la droga ni a sus estructuras logística y financiera, y sí, en cambio, expone a esos efectivos –civiles y castrenses; mexicanos y estadunidenses– a la infiltración y al soborno de los grupos criminales. 

Adicionalmente, los gobiernos de ambos países no parecen ser conscientes de que las medidas que se comentan conllevan riesgos indeseables para las poblaciones aledañas a las márgenes fronterizas, como la proliferación de molestias y atropellos –algo que de hecho ya ha ocurrido en México–, y que, en consecuencia, se corre el riesgo de alimentar la animadversión popular contra los efectivos gubernamentales. Por lo demás, la experiencia histórica indica que en circunstancias como la que se comenta tienden a multiplicarse los incidentes fronterizos, las vulneraciones a la integridad territorial y las violaciones a la soberanía de los países. Sería particularmente desastroso que las acciones anunciadas ayer no sólo no sirvieran para acabar con el narco sino que dieran pie a conflictos entre elementos del Ejército Mexicano y de las agencias de seguridad estadunidenses. 

En suma, las medidas dadas a conocer ayer por Washington y la satisfacción expresada por el gobierno mexicano ante ellas ponen en evidencia una estrategia de seguridad errónea –y compartida, a lo que puede verse–, que se concentra en el combate a las expresiones epidérmicas de un problema con raíces complejas y profundas como es el narcotráfico. Si lo que se quiere es erradicar de fondo esa y otras expresiones delictivas, los gobiernos de Calderón y Obama no deben concentrarse en acciones policiaco-militares de persecución, que hasta ahora han resultado ineficientes, sino atender los factores sociales, económicos e institucionales que las originan; emprender políticas efectivas de combate a las adicciones, a efecto de reducir la demanda de estupefacientes ilícitos; combatir la corrupción que corroe el entramado institucional de ambos países y, en el caso de México, elaborar y aplicar una estrategia coherente de combate a la miseria, de atenuación de la pobreza y de reducción de las lacerantes desigualdades sociales.