Se intensifican agresiones

contra defensores

de derechos humanos

en Guerrero 

§  No hay condiciones para que los defensores y defensoras ejerzan su labor.

§  En las últimas semanas se han registrado amenazas de muerte, persecuciones, llamadas intimidatorias.

§  La ejecución de los defensores Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas permanece en la impunidad.   

A pesar de que en la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos -adoptada por  nuestro país en el seno de las Naciones Unidas-, establece en su artículo primero, que toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional, en México, particularmente en el estado de Guerrero, no hay condiciones para que los defensores y defensoras realicen su labor, sin poner en riesgo su vida, seguridad e integridad física y psicológica.  

Un ejemplo que ilustra lo anterior, es el caso de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario respectivamente de la Organización para el Futuro del Pueblo  Mixteco (OFPM), cuyos cuerpos fueron hallados sin vida y con visibles huellas de tortura el 20 de febrero, siete días después de haber sido desaparecidos por tres hombres armados, que se identificaron como policías. 

Aunque este reprobable crimen ameritó que organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que depende de la Organización de Estado Americanos y la Unión Europea a través de su presidencia a cargo de la República Checa, entre otros, se pronunciaran en demanda de una investigación a fondo, autónoma, independiente e imparcial; la Procuraduría General del Justicia del Estado (PGJE) en Guerrero, sigue sin presentar resultados y se niega además a tomar como principal línea de investigación que el origen de la ejecución extrajudicial de Raúl y Manuel es que por su trabajo de defensores afectaron intereses de diversas autoridades.  

A nadie escapa que la investigación y sanción a los responsables, es la medida de seguridad más efectiva para los defensores y defensoras de derechos humanos, debido a que la impunidad permite que se perpetúen y repitan sistemáticamente, las amenazas, intimidaciones y todo tipo de actos que atentan contra el libre trabajo de defensa y promoción de los derechos fundamentales. 

Esta situación ha hecho más vulnerables a los defensores y defensoras de derechos humanos en el estado de Guerrero, pues a partir de la ejecución extrajudicial de Raúl y Manuel, los actos de intimidación, persecución y amenazas se han intensificado, al grado de que el martes 17 y viernes 20 de marzo de este año, la presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel, recibió mensajes anónimos de amenazas de muerte a causa de su labor como defensora. Contundentemente le hacen saber que ella podría ser la siguiente en ser desaparecida, torturada y ejecutada como sucedió con los dirigentes de la OFPM. 

Ante la falta de condiciones para ejercer su trabajo como defensores de derechos humanos en Ayutla de los Libres, Guerrero,  Obtilia Eugenio Manuel junto con Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez, también dirigente de la OPIM, han tenido que abandonar la región, quedando en estado de vulnerabilidad otros integrantes de la organización que permanecen en sus comunidades indígenas de origen. La misma situación ha privado con Guadalupe Castro Morales y Carmen Lucas Lucía, viuda y hermana de Raúl Lucas respectivamente, pues han recibido mensajes intimidatorios con el fin de que cesen en su lucha para que se haga justicia por la desaparición y ejecución de los dirigentes de la OFPM. 

Igual que la OPIM y la OFMP, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organización que ha asumido la defensa jurídica de los familiares de Raúl y Manuel, ha sido víctima de actos de persecución y hostigamiento, como sucedió el pasado viernes 20 de marzo cuando ocho de sus integrantes que viajaban sobre la carretera Ayutla-Tierra Colorada, fueron perseguidos de manera intimidatoria por tres hombres desconocidos, que se transportaban en una camioneta marca Chevrolet Silverado color Azul con placas de circulación NU88768. Entre el tramo Ayutla-Tecoanapa, los activistas también escucharon cinco detonaciones de arma de fuego, que se presume fueron disparos al aire.  

Los hechos de intimidación en contra de Obtilia Eugenio Manuel y Tlachinollan ya fueron denunciados ante la PGJE dándose apertura a la averiguación previa GRO/SC/033/2009, sin embargo, se corre el riesgo de que esta denuncia tampoco sea investigada, como ha ocurrido con las que en años anteriores presentó la OPIM y que dieron origen a los expedientes ALLE/SC/01/065/2006, ALLE/SC/02/095/2007, ALLE/SC/01/032/2008, ALLE/SC/03/173/2007 y por las que hasta la fecha la PGJE no ha emitido resultado alguno.  

Las organizaciones defensoras de derechos humanos constatamos la ausencia de condiciones de trabajo para los defensores y defensoras en el estado de Guerrero y que justamente la búsqueda de justicia en el caso de la desaparición y ejecución de dos defensores, ha generado mayor riesgo a quienes exigimos la investigación a fondo, procesamiento y sanción de los responsables. Al respecto es necesario señalar que esta situación es consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de las autoridades locales.   

Justamente por ello, el pasado 13 de febrero del presente año, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, recomendó a México como consecuencia del Examen Periódico Universal incrementar la efectividad de las medidas preventivas para proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos, reconocer públicamente el importante papel de los defensores en México y que los crímenes en contra de periodistas, abogados y defensores de derechos humanos sean investigados  de manera efectiva y se castigue a los responsables, por esto, es que hoy demandamos al gobierno federal y al estatal de Guerrero el establecimiento de garantías para el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos, de tal suerte que el ejercicio de nuestra labor no ponga en riesgo nuestra integridad y vida.  

Demandamos asimismo que sea la Procuraduría General de la República (PGR) quien efectúe la investigación del asesinato de Raúl y Manuel, tal como lo ha pedido el Congreso de la Unión y el Congreso local de Guerrero en sus respectivos puntos de acuerdo y exhortos de fechas 26 de febrero y 11 de marzo, debido a que la PGJE en Guerrero no ha garantizado ser un órgano autónomo, independiente e imparcial y hemos confirmado que es la impunidad la que posibilita que permanezcan y se repitan las amenazas, intimidaciones y agresiones en perjuicio de los defensores y defensoras de derechos humanos.