San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
07 de mayo de 2009
Boletín No. 21
Preocupación por robo de información a la organización
Servicios y Asesoría para la Paz AC.
El día de ayer, 6 de mayo de 2009, la organización civil, Servicios y
Asesoría para la Paz AC, (SERAPAZ), denunció a los medios de
comunicación que desde al menos hace dos semanas han sido víctimas de
espionaje y de sustracción de de información electrónica a través de
sus cuentas de correo, en donde había información importante sobre su
trabajo.
SERAPAZ, organización hermana de este Centro de Derechos Humanos, se
ha distinguido por ser un actor importante por su trabajo en favor de
la paz y la reconciliación en diferentes conflictos sociales de
México. En los últimos meses su labor se ha enfocado en: la liberación
de los 12 presos políticos de Atenco del Frente de Pueblos en Defensa
de la Tierra (FPDT); en apoyar a la Comisión de Mediación entre el
Gobierno de México y el Partido Democrático Popular
Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR),
recientemente disuelta por la falta de voluntad del Estado Mexicano;
entre otros asuntos importantes del país.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, señala que es deber del
Estado investigar los delitos cometidos en contra de las defensoras y
defensores de derechos humanos, con seriedad y compromiso real, sin
reducirlo a una simple formalidad para tratar de justificar el
cumplimiento del deber.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala: Los Estados
tienen la obligación de investigar y sancionar a todas aquellas
personas que participen en la planeación y comisión de violaciones a
los derechos de las personas que dedican su vida a defender los
derechos humanos. La investigación y sanción parcial aumenta la
impunidad y, con ello, el riesgo en el que conviven muchas defensoras
y defensores.
Este Centro de Derechos Humanos se solidariza y reconoce el trabajo de
SERAPAZ, exige a las autoridades mexicanas que se investiguen los
hechos denunciados y que actúen sobre las causas estructurales que
afectan la vida, la seguridad y la integridad de las defensoras y
defensores en México.
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