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México, DF, a 21 de mayo de 2009
Llega nuevo caso de abuso militar a
la Corte Interamericana
- Después de 7 años se abre la puerta para que Inés encuentre justicia por la violación sufrida a manos de militares
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió el caso de la indígena tlapaneca Inés Fernández Ortega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 7 de mayo. Fernández Ortega,fue torturada y violada sexualmente por elementos del Ejército mexicano en el año 2002, sin que a la fecha se haya sancionado a los responsables, La CIDH envió el caso ante el Alto Tribunal luego de que el Estado mexicano incumpliera con las recomendaciones tendientes a reparar el daño causado a la víctima.
Este es el segundo caso contra el Ejército mexicano que llega a la Corte Interamericana por violaciones a derechos humanos.
Dentro de este contexto, el 18 de mayo del presente año, el máximo tribunal de derechos humanos en el continente ordenó medidas provisionales (medidas de protección temporales) para la víctima, sus familiares y otros 100 defensores de derechos humanos, entre ellos los miembros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa; así como de los familiares de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, quienes fueron desaparecidos el pasado 13 de febrero y luego ejecutados.
La decisión de la Corte obedece a que a pesar que desde año 2005 la Comisión Interamericana solicitó al Estado la adopción de medidas de protección a favor de algunas de estas personas, las amenazas y hechos de violencia en su contra persisten. No obstante, hasta el momento, el Estado mexicano no ha cumplido con ninguna de estas medidas.
Los hechos descritos se dan en un ambiente de ataques a los defensores de derechos humanos en Guerrero, que ha generado una situación de verdadero temor entre la población, que se ha agravado por los constantes patrullajes y retenes policíacos y militares en la región.
CEJIL y Tlachinollan esperan que el Estado mexicano haga frente a sus obligaciones internacionales, cumpliendo con lo dispuesto por la Corte Interamericana y adoptando todas las medidas necesarias para que los beneficiarios de estas medidas y los defensores de derechos humanos en el estado de Guerrero puedan llevar a cabo su labor en condiciones de seguridad y sin temor a que su vida o su integridad personal se vea afectada.
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