Chiapas y los derechos humanos

Presenta el Centro Las Casas informe anual 

Reportan 675 abusos

de autoridades en Chiapas 

Elio Henríquez  

 

La Jornada  

Catalina González Rosas y María Trinidad Ramirez Vázquez, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, aplauden con machetes al obispo emérito y presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas durante la presentacion del informe anual de la organización     

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) presentó su informe anual, en el cual reportó que durante 2008 atendió 675 denuncias de presuntas violaciones a las garantías individuales en 64 de los 118 municipios de Chiapas. 

El Frayba consideró que el gobierno de Chiapas es responsable de “graves violaciones a los derechos humanos”, entre ellas “la ejecución de seis pobladores” de la comunidad Miguel Hidalgo, municipio La Trinitaria, quienes ocuparon las ruinas de Chinkultic en octubre pasado; y de las aprehensiones de al menos de 14 integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente (Mocri) y de siete tzeltales adherentes a La otra campaña.  

En Chiapas “se desdibujó la división de poderes, principio en que se sustenta la República”. Muestra de ello es que el Congreso local aprueba de manera casi automática las iniciativas de ley o decretos presentados por el gobernador. 

Dos ejemplos son la iniciativa que creó la figura penal de “incitación a la violencia” y el decreto de creación del “protocolo de desalojos”, aprobados a pesar de ser contrarios a garantías individuales previstas en tratados internacionales, con la finalidad de reprimir a quienes se manifiestan y a la población organizada que busca defender sus derechos.Sostuvo que el Poder Judicial es el “legalizador” de los delitos “fabricados” por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que integra averiguaciones previas contra miembros los movimientos disidentes”. 

 

La PGJE “actúa a partir de información de inteligencia militar y luego arma acusaciones sin sustento; al revisar los expedientes penales son evidentes las violaciones al debido proceso; al contrario, existen suficientes elementos para considerar que los detenidos sufrieron actos de tortura y tratos o penas crueles e inhumanos o degradantes”. 

No obstante, el Poder Judicial “sistemáticamente ratifica las acusaciones y somete a juicio a los acusados”, como fue el caso de varios integrantes del Mocri e integrantes del pueblo tzeltal de Bachajón.

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