¡Alto a la criminalización contra

los luchadores sociales de México!  

En medio de un contexto de criminalización contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en México, el pasado  viernes 10 de julio de este año, cinco luchadores sociales del Movimiento Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica de Candelaria, en el estado de Campeche, fueron detenidos de manera arbitraria por agentes de la Policía Federal Ministerial (antes AFI) que ingresaron a sus domicilios con violencia y sin mostrar alguna orden de aprehensión.  

Los detenidos son: Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez, Guadalupe Borja, Elmer Castellanos y Guadalupe Vizcaíno. Ellos participan en un movimiento, contra los altos, desproporcionados y arbitrarios cobros que realiza la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como por el deficiente servicio que presta la paraestatal.  

En noviembre del año pasado la Procuraduría General de la República (PGR) inició una averiguación contra los cinco compañeros de Campeche, por el supuesto delito de privación ilegal de la libertad de un funcionario de la CFE, que de manera voluntaria los acompañó a reconectar el servicio de energía eléctrica después del corte masivo que sufrieron varios pueblos en septiembre del 2008. 

La lucha de los compañeros de Campeche –que agrupa a unas 3 mil personas de 30 pueblos- forma parte del movimiento nacional que realizan campesinos e indígenas de Guerrero, el Distrito Federal, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Yucatán, en demanda del cobro de tarifas justas de acuerdo a las condiciones socioeconómicas de la región. Sin embargo, igual que en Guerrero, en Campeche también se han enfrentado a la cerrazón de las autoridades o bien, a un diálogo que no avanza por el incumplimiento de los acuerdos. 

Esta resistencia civil del No pago ha crecido en el país, porque la CFE ha ahorcado a miles de familias con cobros excesivos y desproporcionados, obligándolas a exigir ante las autoridades la fijación de tarifas justas para las comunidades y pueblos en resistencia. El derecho a tener acceso al servicio eléctrico, está estrechamente vinculado con los derechos a la vivienda y al desarrollo, mismos que están contemplados en la legislación nacional e internacional, y que a pesar de ello han sido violentados de manera flagrante.  

Nuestros compañeros y compañeras presos ahora en el penal de Kobén en Campeche, han dado muestra de compromiso con sus comunidades y con su pueblo, actuando en el marco de la resistencia pacífica sin violentar ninguna ley ni ninguna disposición. 

Las organizaciones firmantes, agrupadas en la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos manifestamos que las denuncias de la CFE ante la PGR sólo buscan intimidar a los compañeros y compañeras del Movimiento de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas en el país; y no descartamos que estas acciones arbitrarias de la Policía Federal Ministerial en contubernio con las delegaciones de la PGR puedan ocurrir en otros estados de la República como Guerrero, donde de por sí impera un patrón de criminalización contra los luchadores sociales.  

Ante esta situación exigimos:  

·        La libertad inmediata de los compañeros Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez, Guadalupe Borja, Elmer Castellanos y Guadalupe Vizcaíno, recluidos injustamente en la cárcel de Kobén.

·        El cese a los actos intimidatorios de la PGR contra los pueblos que forman parte de esta resistencia civil contra los altos cobros de la CFE.

·        El cese de la criminalización a todos los luchadores sociales que se organizan y exigen la vigencia de los derechos fundamentales establecidos en la constitución  y otros tratados internacionales.    

Organizaciones firmantes

Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos

Instituto Guerrerense de Derechos Humanos

Centro Regional de Derechos humanos José María Morelos y Pavón

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan