ACTEAL: a diez años
Crimen de Estado
Miguel Concha
La Jornada
Los sobrevivientes y lesionados de la masacre de Acteal, la mesa directiva de
“Contra el Estado mexicano, por la actuación de miembros de grupos paramilitares que, con la aquiescencia y participación de agentes de
En marzo de ese mismo año, la secretaría ejecutiva de
En febrero del año pasado
Actualmente se está a la espera de que
¿Será por eso que ahora se pretende volver a manejar la peregrina hipótesis de conflicto ínter comunitario o religioso, para explicar esa serie de delitos de lesa humanidad, considerando además a los grupos paramilitares simplemente como “grupos de autodefensa”?
Es posible, pues, como señala la petición, frente a los dramáticos hechos efectivamente sucedidos, que “los gobiernos estatal y federal se han negado a reconocer las evidencias que señalan el origen de la masacre, ya que la procuración de justicia con sus acciones ha pretendido confundir a la opinión pública sobre los verdaderos motivos, y ha dirigido sus investigaciones señalando que se trata de un problema religioso, intracomunitario e incluso de usos y costumbres”.
Lo anterior confirma la hipótesis de que también en este caso el actual Estado mexicano, sin importar el color de quienes estén al frente del gobierno, no está dispuesto a reconocer los crímenes que comete contra la población civil, a hacer justicia a las víctimas y a satisfacer el derecho a la verdad de la sociedad.
Con base en testimonios y probanzas ministeriales, que se logró fueran admitidas en los expedientes, así como en los testimonios recogidos directamente por los peticionarios, el documento denuncia por acción:
Al Estado mexicano, porque la masacre de Acteal fue producto de una política de Estado deliberada y encaminada a exterminar al EZLN, sus bases de apoyo, y a cualquier persona u organización de la sociedad civil cuyas demandas incomodaran al gobierno.
Lo responsabiliza también por omisión, porque mientras ocurría la masacre,
Antes bien, como recordó
Por cierto que para fundamentar mejor su hipótesis de que la masacre de Acteal “se inscribió en un contexto de guerra irregular, preparada por
–Argumentada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en nueve de sus informes, entre los años
Los peticionarios ante
“Esta estrategia de conjunto –dicen entre el Ejército federal, los cuerpos policíacos de seguridad pública y los grupos paramilitares, respondía a un plan de campaña vigente desde 1994.
Dicho plan fue dado a conocer el 3 de enero de 1998 por el periodista Carlos Marín dentro del semanario Proceso, en su artículo denominado ‘Plan del Ejército en Chiapas, desde 1994:
Crear bandas paramilitares, desplazar a la población, destruir las bases de apoyo del EZLN…’
En él describe un documento fechado en
La existencia de grupos paramilitares en una lógica de guerra de baja intensidad o guerra irregular (…) De acuerdo a dicho documento –se añade–, el plan tenía como ‘objetivo clave: romper la relación de apoyo que existe entre la población y los transgresores de la ley’.
Los servicios de inteligencia militar debían organizar secretamente a ciertos sectores de la población civil (…), quienes serán empleados en apoyo de nuestras operaciones. A cargo de instructores del Ejército quedaban el asesoramiento y apoyo a las fuerzas de autodefensa u otras organizaciones paramilitares”.
¿Será este el mismo periodista que el pasado jueves se lanzó en Milenio contra “los que medran con la versión marquista de la masacre de Acteal”? ¿Que hay culpables libres? Eso desde luego.
Aparte de los autores intelectuales de esa masacre, y de la no reparación de daños, el Centro Fray Bartolomé de las Casas tiene perfectamente documentadas dos órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar contra funcionarios de ese entonces, y 27 órdenes pendientes de aprehensión contra civiles indígenas que de alguna manera participaron en la masacre.
¿Que hay inocentes? Habrá que verlo ahora con extremo cuidado, pues de los 87 civiles procesados en siete causas penales, ha sido tramitada ante los órganos correspondientes de administración de justicia la apelación de 49 sentenciados a 26 años de cárcel el 23 de julio y el primero de octubre de este año.
Dos procesados esperan además que por reposición del procedimiento nuevamente les sea dictada sentencia de primera instancia. ¿Tendrá que ver todo esto con las “revisiones históricas” de algunas informaciones y publicaciones recientes?