San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
 

En Chiapas se criminaliza y se hostiga a los movimientos sociales y a la
defensa de los derechos humanos
 

 Incendian las instalaciones del colectivo K?inal Antsetik.
 

 Detienen José Manuel Hernández Martínez, integrante de la OCEZ ? Carranza.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, manifiesta
su preocupación por acciones de represión en contra de integrantes de
organizaciones campesinas y de la sociedad civil, defensoras y
defensores de derechos humanos, como parte de la estrategia de
contrainsurgencia ordenada por el gobierno federal y ejecutada por el
gobierno del estado de Chiapas.
Según información obtenida por este Centro, el 26 de septiembre del
año en curso, aproximadamente a las 20.00 hrs, un persona de sexo
masculino, vestido de negro y con pasamontañas en el rostro ingresó a
las instalaciones del Centro de Formación y Capacitación para Mujeres
de la Asociación Civil K?inal Antsetik, en la ciudad de San Cristóbal
de Las Casas, Chiapas, con la intensión de causar daños a la
infraestructura de esa organización, ya que roció gasolina y prendió
fuego a las vigas de madera. Algunas de las jóvenes que residen en el
Centro de Formación, lograron apagar el incendio.
K?inal Antsetik, es una Asociación Civil, que promueve los derechos de
las mujeres y combate todo tipo de violencia contra la mujer, impulsa
la participación política de grupos y brinda acompañamiento, asesoría
y formación a colectivos de producción impulsados por mujeres.
En este contexto, en meses anteriores, la cofundadora de K?inal
Antsetik, Yolanda Castro Apreza y Daniel Alfonso Luna Alcántara,
integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS)
sufrieron de manera reiterada hostigamientos mediante vigilancia
policial. Así también fue allanado el domicilio de Yolanda Castro,
robándole una memoria externa conocido como USB. Estos actos en su
momento el FNLS ha denunciado públicamente.
El día, 30 de septiembre del presente, aproximadamente a las 11.00
hrs, fue detenido José Manuel Hernández Martínez, Chema, integrante de
la Organización Campesina Emiliano Zapata ? Región Carranza (OCEZ ?
Región Carranza). La detención se realizó en la comunidad 28 de Junio
del municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, en un operativo
conjunto de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE),
quienes, según información, ingresaron a la comunidad en una camioneta
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), vestidos con uniforme de
ésa misma institución y que no presentaron ningún documento en el
momento de la detención.
José Manuel Hernández se encuentra detenido en el Centro Estatal para
la Reinserción Social de Sentenciados No. 14 El Amate (CERSS No. 14 El
Amate), en el municipio de Cintalapa, Chiapas. Acusado de Asociación
delictuosa, despojo agravado y daños, además de atentados contra los
símbolos patrios y conspiración, entre otros delitos. Según fuentes
confiables, durante su declaración preparatoria José Manuel Hernández
manifestó que durante su detención fue interrogado en las
instalaciones de la PGJE por personas que insistentemente le
preguntaban sobre: si pertenecía al Ejército Popular Revolucionario
(EPR) y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); si tenía
alguna relación con Mons. Samuel Ruiz García, con Diego Cadenas,
Presidente y Director del Frayba respectivamente, con el párroco de
Venustiano Carranza o con Yolanda Castro Apreza integrante del FNLS.
La OCEZ ? Región Carranza, es una organización campesina que enfoca su
actividad en la lucha social por la tenencia de la tierra,
recientemente había firmado un Pacto de Gobernabilidad con el Gobierno
de Chiapas para darle solución a diferentes demandas sociales,
agrarias y legales, es decir, se encontraban en un diálogo con el
gobierno del estado de Chiapas, representado por Nemesio Ponce
Sánchez, Subsecretario General de Gobierno.
Este Centro de Derechos Humanos con anterioridad ha denunciado, la
política de represión que el Gobernador Juan Sabines Guerrero, esta
implementado en Chiapas, en contra las organizaciones sociales y
civiles que no se someten a sus directrices y que no firman el ?Pacto
de Gobernabilidad? o en algún momento dado deciden no respetarlo.
El pasado mes de julio el Obispo Samuel Ruiz García y Diego Cadenas
Gordillo, Presidente y Director de este Centro de Derechos Humanos,
respectivamente, informaron de manera personal a Juan Sabines
Guerrero, Gobernador de Chiapas y Nemesio Ponce, Subsecretario General
de Gobierno, que este Centro de Derechos Humanos contaba con
información, entregada por fuente confiable, de que existía una orden
de investigación judicial en contra de diversas activistas sociales,
defensoras y defensores de derechos humanos, vinculándolos con células
de organizaciones guerrilleras, concretamente con el EPR y EZLN, ante
lo cual el gobernador del estado negó que hubiera ordenado o que la
PGJE estuviera realizando tal investigación. Entonces, le solicitamos
que de manera escrita nos ratificara lo que nos estaba afirmando, es
decir, que no existía una averiguación previa o acta administrativa en
la PGJE o solicitud de la Procuraduría General de la República
relativa a investigar lo referido. Hasta la fecha no hemos recibido
oficio alguno en atención a dicha solicitud, sin embargo, la detención
de José Manuel Hernández confirma lo contrario.
Durante el trabajo de documentación que ha realizado este Centro de
Derechos Humanos y del monitoreo del Conflicto Armado Interno no
resuelto, hemos ubicado patrones y practicas que nos lleva a
considerar que la actuación del gobierno del estado, se enmarca en la
implementación de la estrategia de contrainsurgencia que tiene como
objetivo militar la población civil, que según los órganos de
inteligencia, apoyan la insurgencia, utilizando la fuerza pública para
reprimir, encarcelando y asesinando a integrantes de movimientos y
organizaciones sociales, usando y corporativizando los medio de
comunicación para acallar las denuncia de injusticia y para
desacreditar a las defensoras y defensores de derecho humanos y por
otro lado utiliza un falso discurso a favor de los derechos humanos.
Como lo hemos denunciado anteriormente este Centro de Derechos Humanos
no ha quedado exento de esta estrategia, sus integrantes y sus
instalaciones han sido objeto de vigilancia, incluso recientemente de
la agresión física contra uno de sus miembros, nuestro trabajo ha sido
denostado en los medios de comunicación afines al gobierno, incluso
directamente Noe Castañon León, Secretario General de Gobierno y Juan
Sabines Guerrero, Gobernador del estado han expresado acusaciones
dolosas y falsas sobre nuestra organización, nuestro trabajo y nuestro
director, promoviendo una ambiente de hostilidad en nuestra contra.
Para este Centro de Derechos Humanos, los daños a las instalaciones de
K?inal Ansetik; el hostigamiento contra Yolanda Castro Apreza y Daniel
Luna; así como a los integrantes de este Centro de Derechos Humanos;
el encarcelamiento del Sr. José María Hernández Martínez de la
OCEZ-Región Carranza; de los más de 20 integrantes de la
MOCRI-CNPA-MN; de los 7 indígenas tseltales de San Sebastián Bachajón
y del Base de Apoyo del EZLN; así como el asesinato de los 6
campesinos del ejido Miguel Hidalgo del municipio La Trinitaria, en
Chinkultic; los 3 migrantes asesinados en el municipio de San
Cristóbal de Las Casas, todos ellos en manos de la Policía Estatal
Preventiva; dan muestra del autoritarismo del gobierno del estado de
Chiapas.
La detención de José María Hernández Martínez y el tipo de
interrogatorio que le realizaron son actos violatorios al derecho de
la libertad personal, a la presunción de inocencia y a las garantías
judiciales que no le aseguran un juicio justo. Además que demuestran
la intensión del gobierno del estado, en vincularlo a él, a otras
personas y organizaciones, con movimientos armados.

Ante esta clara escalada de persecución a los activistas y movimientos
sociales, defensoras y los defensores de los Derechos Humanos, es
importante visibilizar y denunciar estas acciones, así como
solidarizarnos actuando por la defensa de los derechos humanos,
particularmente en la de los pueblos indígenas.
Por último aprovechamos para recordar a los caídos por la masacre del
2 de octubre de 1968, que hoy cumplen 41 años de impunidad sostenida
por los gobernantes en turno, que han pretendido ocultar una de las
infamias cometida contra el pueblo de México. A pesar de esto se ha
resistido y construido alternativas para luchar contra el olvido, la
injusticia y por la dignidad de los pueblos.
¡2 de Octubre NO SE OLVIDA!