61 meses del caso de “La BMW”; J.F.

BMW

61 meses 61

BMW  

Julio Figueroa  

    

El caso del crimen de la BMW no se ha movido un milímetro en los tres meses del gobierno de Calzada. Tiempo perdido. La justicia social no fluye en Querétaro.  

     El procurador Arsenio Durán dijo al padre de la víctima, José Luis Hernández Guerrero, que mientras no aporte pruebas frescas es poco lo que él puede hacer.  

     Qué desfachatez. El procurador pidiendo al padre de la víctima que haga el trabajo del Ministerio Público. Entretanto, ninguna molestia se ha tomado, hasta hoy, para informarnos a la opinión pública del estado en que encontró la investigación del suceso. Como si el crimen fuera privado. No un hecho público que exige rendir cuentas a la sociedad. La averiguación previa sigue en lo oscurito.  

     Naturalmente, sobre el caso BMW no hay pruebas ni viejas ni nuevas. Porque las autoridades de entonces (procurador, ministerio público, policía estatal y municipal, secretario de gobierno y gobernador), no nos hagamos, dejaron ir sin más y sin someterlo a ninguna prueba pericial al presunto responsable detenido el día de los hechos: madrugada del sábado 27 de noviembre de 2004, hace 61 meses.  

     Por allí habría que empezar, señor procurador actual, sometiendo a examen a su antecesor. Era lo que sugería ni más ni menos la Recomendación 035/2005 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitida el 31 de octubre de 2005 (y retenida por el gobierno de Garrido durante casi un mes). ¿Qué se hizo entonces y qué se ha hecho hoy al respecto? Nada. Así como se revisan las cuentas públicas de obras materiales significativas y discutibles, ¿no habría que revisar los casos emblemáticos de No justicia en Querétaro, gobernador Calzada?  

     Con todo respeto, procurador Arsenio Durán: Si usted es un académico decente y con todas las tablas como afirman algunas personas, si usted no es parte de la misma gavilla anterior según dice el abogado Arnulfo Moya Vargas, por principio de cuentas, ¿no cree que lo más conveniente sería examinar la conducta posiblemente ilegal y delictiva del aparto de justicia que hoy tiene en sus manos? ¿No habría que empezar por allí? ¿Podrá hacerlo? La sociedad necesita procuradores confiables, no pusilánimes.      

     Si el aparato de justicia del Estado no investiga y sanciona al propio aparato violador de los derechos humanos (por ineficiencia, corrupción o encubrimiento), ¿quién y cómo se restablecerá la justicia social? He allí el dilema. No hay contrapoderes frente al poder legal fallido. La sociedad queda al gareta.  

     Dos certezas tiene el señor José Luis Hernández Guerrero:

     1- Federico Ruiz Lomelí mató a mi hijo. Lo ha afirmado siempre Miguel Gerardo Rivera Alcántar. Y nunca los han confrontado. 

     2- El gobierno de Calzada no va a hacer nada, como no hizo nada el gobierno de Garrido. Son las mismas familias cuidando sus intereses familiares antes que preocupadas por la justicia pública. 

     Yo sólo afirmo que a Marco Antonio Hernández Galván no lo mató un Fantasma ni el Espíritu Maligno Queretano, sino alguien con poder económico y que ha sido protegido durante 61 meses por el poder político. El aparato de justicia entero, en este caso, es un aparato totalmente fallido. ¿Qué hacer con él y cómo reformarlo, señor gobernador José Calzada Rovirosa? Mi modesta y única función ha sido y seguirá siendo sostener en la memoria pública esta doble impunidad del poder político-económico.  

     –Todos somos iguales ante la ley, pero No ante los encargados de aplicarla: Stanislaw Jesy Lec.  

     En seguida va un archivo adjunto (“Solidaridad Puebla Querétaro”) sobre otro homicidio impune ocurrido apenas el jueves 12 de marzo de 2009 en Puebla, en contra de María Cristina Pérez Romano, 42 años, abogada y maestra de natación, madre de dos hijas, quien fue embestida en su Chevy por la camioneta Hummer del joven Luis Eduardo García García, 21 años, en estado de ebriedad (segundo grado de intoxicación etílica), y puesto en libertad bajo fianza. En este caso la contradicción principal es entre el Ministerio Público y el Juez encargado de sancionar el caso, echándose la culpa unos y otros, presionados por el poder político de la familia del homicida. El homicida es detenido pero al mismo tiempo protegido por la propia autoridad. El resultado es el mismo: la impunidad del poder frente a una familia clasemediera sin ningún poder. La ley al servicio del poder y no de los ciudadanos. Por desgracia, esto es México.   

     –Y mientras los encargados de impartir justicia se justifican o se echan la culpa, y la familia del homicida presiona… ¿Dónde queda la justicia? 

     –Solidarízate conmigo, con mis hijas, con mi familia, con la sociedad. 

     –Ahora me pasó a mí, ojalá y nunca te pase ni a ti ni a tu gente querida. 

     –Sólo dando a conocer el caso y con mucha ayuda de ustedes, las autoridades no podrán seguir con su corrupción-ineptitud. 

     –No permitas que todo siga igual.  

     Naturalmente que este modesto palabrero se solidariza con María Cristina Pérez Romano y su familia, como se ha solidarizado durante 61 meses con Marco Antonio Hernández Galván y su familia. Así como muchos amigos y ciudadanos de la sociedad abierta se han solidarizado igualmente conmigo.  

     ¿O hay que esperar a que nos mate el poder para entonces protestar? 

     ¿Dejar que la ley proteja al criminal y no a la sociedad?  

     ¿Todos con Dios de su parte?  

     Acabo de recibir la enésima carta de la Oficina de la Presidencia de la República, Red Federal de Servicio a la Ciudadanía, firmada por el titular Juan Manuel Llera Blanco, en la cual se me vuelve a informar que mi petición al Presidente de la República sobre el caso BMW, pidiendo que tome cartas en al asunto, se ha turnado esta vez a la Secretaría de Seguridad Pública, “para que sea atendido a la brevedad posible”. Así va más de un año. ¡En su momento le turnaron el caso al finado secretario de Gobierno Juan Camilo Mouriño! Se anexa una segunda carta dirigida al Ing. Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública. Amablemente se “le solicita se brinde la atención que el caso amerite” y se me informe de los “procedimientos, plazos y mecanismos regulados por un marco normativo especial”. Se le proporciona mi dirección en Querétaro y mi correo electrónico. Ambas cartas están firmadas en Palacio Nacional y son del 11 de diciembre de 2009. Folio: 22105426-37. Hasta ahora no ha habido ninguna otra comunicación. Seguiré esperando, aunque estire la pata esperando… La justicia en México es lentísima.  

     Por otra parte, ya escritas estas líneas, hace unos días una persona del gobierno de Calzada se me acercó para informarme de la clara posibilidad de tener un encuentro, en los primeros días de enero, entre el procurador Arsenio Durán, el padre de la víctima señor José Luis Hernández Guerrero, el abogado Arnulfo Moya Vargas y este palabrero ambulante. El asunto: el caso BMW. Bienvenido ese encuentro, lo esperamos. ¿Se invitará a los medios de comunicación? El asunto es de interés público, no privado.               

–A los amigos de Libertad de Palabra  

Qro. Qro.Centro Cultural Gómez Morín.Domingo 27-Dic-2009. juliofime@hotmail.com 

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