Fin del fuero eclesiástico  

Bernardo Barranco V. 

 

La Jornada    

Aunos días de que finalizara 2009, la justicia argentina condenó al ex arzobispo de Santa Fe, monseñor Edgardo Gabriel Storni, a ocho años de prisión por abuso sexual agravado por su condición de sacerdote contra un joven seminarista en los años 90. La sentencia fue emitida por la juez María Amalia Mascheroni; el caso Storni comenzó desde 1994 cuando, por orden del Vaticano, monseñor José María Arancibia investigó denuncias de jóvenes seminaristas sobre supuestos abusos sexuales del entonces obispo de Santa Fe. 

El resultado de estas pesquisas fue dado a conocer al público en el año 2000 en un libro publicado por la periodista Olga Wornat, titulado Nuestra Santa Madre, que provocó conmoción en la sociedad argentina. En septiembre de 2002, monseñor Storni renunció a su cargo y envió una carta al papa Juan Pablo II en la que no reconocía culpas ni acusaciones. Meses después, Storni se declaró inocente ante la justicia penal, negando los cargos. Pese a la lentitud, finalmente se hizo justicia, aunque la sentencia es atenuada, por motivos de edad y salud, a una forzosa reclusión domiciliaria. Para el columnista uruguayo Washington Uranga, del diario argentino Página 12, ha sido un paso muy importante desde el punto de vista institucional para la justicia y la vida de la sociedad argentinas, porque generalmente la Iglesia y en especial la jerarquía habían sido intocables. Uranga nos plantea: “Se trata, ni más ni menos, de la aplicación de un principio elemental del derecho: todos somos iguales ante la ley. También los curas y los obispos. No siempre fue así. Tal igualdad, que es sana para las instituciones y para toda la sociedad, lo es, sin duda y en primer lugar, para la misma institución católica” (Página 12, 31/12/09). 

La pregunta clave es: ¿se está resquebrajando el llamando “fuero eclesiástico”?; es decir, el trato privilegiado y preferencial, especialmente en aquellos países de mayoría católica, que hasta ahora han gozado miembros del clero, teniendo un trato ventajoso por la justicia civil a lo largo de todo el siglo XX. ¿Se está desmoronando lentamente la impunidad secular, la complicidad y el encubrimiento del Estado para beneficio del alto clero? En Argentina existe otro caso que falta sustanciar: se trata del sacerdote pedófilo Julio César Grassi. En Panamá también se desató un gran escándalo en torno a un albergue juvenil en Colón, que está a punto de ser cerrado no sólo por la Iglesia, sino por la presión de la sociedad panameña. Encontramos igualmente las visitas de los visores apostólicos del Vaticano a los Legionarios de Cristo, y una de las grandes interrogantes es el grado o los alcances de abusos sexuales que existen en la orden. Y qué decir de la aguda crisis de la Iglesia en Irlanda, en la que diversos y bien documentados informes han demostrado que desde los años 50 miles de niños y jóvenes han sido sometidos a abuso sexual por diferentes generaciones del clero católico de aquel país. El informe judicial de Dermot Ahern relata crueldad y complicidad entre las autoridades religiosas, civiles y mediáticas para acallar y disimular los hechos que estuvieron impunes durante décadas; la crisis ha llegado a tal nivel que hasta el momento han dimitido cuatro obispos irlandeses y ha ocasionado cuantiosas derramas económicas.