Muerte de indígena migrante

muestra que prevalece

una indolencia institucional

hacia ese sector 

·         Indígena mixteco de 39 años muere intoxicado por humo en sótano de edificio donde rentaba

·         Este caso muestra la problemática real de los indígenas migrantes en Estados Unidos.

·         Tampoco ha mejorado situación para los jornaleros agrícolas a dos meses de la audiencia ante la CIDH 

Tlapa, Guerrero a lunes 11 de enero del 2010.- En un ambiente de tristeza, dolor y consternación, fue sepultado hoy, en un panteón de Tlapa, el cuerpo de Juan Teodoro de Jesús, un indígena migrante de 39 años de edad, originario de Copanatoyac, que falleció por intoxicación de humo, en New Jersey, Estados Unidos (EU), luego de que en Navidad se incendiara el edificio en donde rentaba el sótano como habitación. 

En ese accidente, también resultó con graves quemaduras externas e internas, su cuñado Alejandro Cosme Coyotzin de 27 años de edad, quien es originario de Acapulco y vecino de Tlapa. Él actualmente se encuentra en el Hospital Público de New Jersey aunque personal médico de ese lugar, ha informado a sus familiares que su estado de salud “es bastante crítico”, pues está conectado a un tanque de oxigeno artificial mientras es estabilizado para ser operado de algunos de sus órganos internos. 

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan conoció este lamentable suceso, el pasado 4 de enero, cuando la ahora viuda de Juan, Rufina Aguirre Peláez y la esposa de Alejandro, Zenaida Teodoro de Jesús, solicitaron su intervención, para conocer más detalle de la triste noticia que el consulado de México en New York, les habían comunicado. 

Ante la falta de oportunidades de empleo en Guerrero, Juan y Alejandro migraron hacia EU, en 2005 y 2006 respectivamente, en busca de un trabajo que les permitiera proporcionar a sus familias una vida digna. Ambos se empleaban como peones en el ramo de la construcción y en épocas de invierno se dedicaban a limpiar la nevada. 

De acuerdo a datos proporcionados por las esposas, Juan y Alejandro, alquilaban como vivienda el sótano de un edificio porque les era difícil cubrir la renta de un departamento; su ubicación dentro del inmueble les impidió percatarse del incendio el pasado 24 de diciembre, pues además ambos se encontraban dormidos. Aunque ambos recibieron atención médica, Juan falleció el 1 de enero por intoxicación de humo. 

El cuerpo de Juan llegó a Guerrero, la madrugada del domingo 10, y su sepelio se llevó a cabo el día de hoy en el panteón de la colonia Constitución de Tlapa. Juan dejó en la orfandad a sus cuatro hijos de 17, 16, 14 y 5 años de edad; en tanto que la familia de Alejandro (su esposa y sus dos hijos de 8 y 5 años), están en espera de su recuperación.   

Tlachinollan considera que el caso de Juan y Alejandro, evidencia una vez más la situación vulnerable que enfrentan los migrantes indígenas de Guerrero y México en Estados Unidos, pues a pesar de que son ellos los que sostienen la economía de ese país y al nuestro, les es imposible acceder a una vivienda digna. Lamentablemente este caso también viene a enlutar a la Montaña de Guerrero en este 2010 y se suma a los ocho decesos que este Centro documentó en 2009 de indígenas que radicaban en New York, Florida así como California y que tuvieron como causa, accidentes automovilísticos y problemas de salud de tipo viral.    

Esta situación del migrante indígena en Estados Unidos también se suma a la de los 14 migrantes internos (jornaleros agrícolas) mixtecos de Oaxaca que perdieron la vida el pasado  2 de enero de este año al volcarse el autobús que los trasladaba de Baja California a Sinaloa; este hecho es una muestra más de la vulnerabilidad que padece el jornalero agrícola, como parte de la violación sistemática a los derechos laborales que son fundamentales como la falta de contrato que garanticen las condiciones optimas de autobuses que los trasladan. 

Tlachinollan insiste en señalar en que la falta de contratos justos y el proteccionismo político para no ver qué responsabilidad le corresponde a las autoridades federales, son el cúmulo de las denuncias que se hizo en la audiencia temática que nos otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 5 de noviembre del 2009,  cuyo propósito fue denunciar la violación de las libertades fundamentales que se comete contra la población migrante y que a un dos de la audiencia la situación no ha cambiado. 

Cerramos el 2009 con denuncias latentes de la situación que padece año tras año la población migrante de nuestro país, como la volcadura del autobús que transportaba a indígenas de la Montaña a un campo melonero de Michoacán, cuyo saldo fue una indígena muerta (Martina Villanueva Tapia, de 37 años) y 42 jornaleros agrícolas heridos;  o como el accidente de la camioneta en que murió Cristóbal Díaz Vargas de 21 años de edad, cuando era trasladado junto con otros jornaleros a un campo de Tenextepango, Morelos. Y abrimos el 2010, estando presente la invisibilidad de la problemática de los migrantes internos.  

Ante esta situación, es urgente que el Estado asuma su obligación real de garantizar y vigilar el pleno respeto de los derechos humanos de los indígenas migrantes, porque hasta hoy con sus políticas asistencialistas y de escritorio se han encargado de invisibilizar a la población migrante que proviene de municipios que presentan los peores índices de desarrollo humano como lo ha mencionado el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

También demandamos al Estado que lleve a cabo en el plano de los hechos  los convenios y tratados internacionales que ha firmado y ratificado en materia de derechos humanos de los migrantes, para garantizar condiciones de una vida digna a los niños, mujeres y hombres que se unen a las filas del éxodo migratorio de nuestro país.