SIPAZ—Revista—15 años en México

Informe SIPAZ Vol. XV Nº 1 – Marzo de 2010

 

S!Paz - 15 años en México

 

:: ACTUALIDAD

Chiapas: ¿de la zanahoria al garrote?

Por primera vez en 16 años, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) no celebró -por lo menos públicamente- el aniversario del levantamiento armado del 1º de enero de 1994. Ese día los “Caracoles” se cerraron generando cierta especulación y fomentando rumores respecto a los planes de los zapatistas para este tan simbólico 2010, año del Bicentenario de la Independencia de México (1810) y el Centenario de la Revolución Mexicana (1910). En este marco, legisladores integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados señalaron que está latente una nueva rebelión indígena no sólo en ese estado, argumentando que se ha incrementado la pobreza extrema, quedaron inconclusas las reformas en materia de autonomía y existe un abandono de las políticas para ese sector.

Oficinas de la Junta de Buen Gobierno de Morelia - © SIPAZ

Oficinas de la Junta de Buen Gobierno de Morelia – © SIPAZ

De por sí, muchas voces, tanto a nivel local como nacional, han expresado en los últimos meses su preocupación por lo que pudiera suceder este año: políticos, líderes corporativos u organizaciones sociales han advertido sobre la posibilidad de que se produzca un estallido social. A través de ello, algunos pueden buscar negociar presupuesto, programas o concesiones de distinto tipo; otros, desde el poder, pueden pretender usarlo como pretexto para confrontar, reprimir o desarticular a la oposición.

Este escenario, ciertamente anclado en un imaginario colectivo compartido por gran parte de la población, marca un punto de inflexión para el conflicto armado no resuelto en Chiapas: de tema relegado en los medios y en la agenda política nacional, volvió a ser mencionado y objeto de iniciativas por parte de distintos actores políticos. Algunas parecieron pretender atender puntos no resueltos en el proceso de negociación que se dio en su momento entre el EZLN y el gobierno federal (suspendido desde 1996); otras en cambio se leyeron como prolongación de una lógica contrainsurgente.

Junta de Buen Gobierno de Oventic - © SIPAZPor las buenas…

Pareciendo querer adelantarse a lo que pudiera darse en Chiapas, se presentaron iniciativas gubernamentales tanto a nivel estatal como federal entre noviembre y enero. El 24 de noviembre el Congreso local  informó que las Juntas de Buen Gobierno (JBG) zapatistas habían solicitado ser reconocidas legalmente. Posteriormente las JBG de los 5 Caracoles desmintieron esta noticia: “Nosotros los Zapatistas no necesitamos que nos reconozcan los malos gobiernos que no son del pueblo porque nosotros ya somos reconocidos por nuestro pueblos quienes nos eligieron y somos ya reconocidos por muchísimos pueblos a nivel nacional e internacional. (…)Todo estas mentiras del mal gobierno, de sus diputados y sus cómplices, es parte de un plan contra insurgente para confundir a la opinión pública y para golpear la resistencia de nuestros pueblos en la lucha por construir su Autonomía”.

Foto: Junta de Buen Gobierno
de Oventic – © SIPAZ

El 29 de diciembre, el Congreso local aprobó la “Ley de los Derechos Indígenas para el Estado de Chiapas”, iniciativa enviada por el Ejecutivo del Estado con el objetivo de “reconocer los Acuerdos de San Andrés”, y que los pueblos y comunidades indígenas tengan las mismas oportunidades de desarrollo basadas en el respeto de sus costumbres. Analistas y organizaciones señalaron el carácter discursivo y mediático de esta iniciativa: por un lado, alertaron que queda acotado el reconocimiento de los derechos indígenas “siempre y cuando no contravengan los preceptos de las constituciones estatal y federal o derechos de terceros”; y por el otro, cuestionaron la ausencia de consulta a los grupos a los que va dirigida.

A nivel federal, en enero, el Congreso de la Unión relanzó la Cocopa (Comisión de Concordancia y Pacificación), una instancia legislativa creada en 1995 para coadyuvar en las negociaciones entre el gobierno federal y el EZLN que se había mantenido desactivada por varios años. Al respecto, el senador perredista Carlos Navarrete dijo que se busca evitar nuevos alzamientos armados y no hay que esperar que las cosas se compliquen. Consideró importante atender la situación en Chiapas, sensibilizar al gobierno y atender las carencias que se tienen. A principios de enero, los integrantes de la Cocopa habían viajado a Chiapas según expresaron para buscar a todos los actores ligados de forma directa o indirecta al EZLN y enviarles una invitación para retomar las negociaciones.

Todas estas iniciativas recuerdan otras etapas del conflicto en las que el Estado pareció querer atender las causas estructurales detrás del levantamiento, pero sin la participación de los zapatistas. En todo caso todas se leerían todavía como acciones “por las buenas” cuando paralelamente se han seguido denunciado elementos que parecieran responder mucho más a una estrategia “por las malas”.

Por las malas…

Desde principios de noviembre, se fueron denunciando tanto retenes como incursiones policíacas y/o militares en distintas comunidades del estado, supuestamente para llevar a cabo operativos de desarme. De manera más abierta, el 30 de diciembre, llegaron a Chiapas un total de 36 vehículos artillados de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena). Fuentes del gobierno estatal informaron que “el operativo de disuasión es para enfrentar cualquier eventualidad y disturbios en los 118 municipios, incluyendo patrullajes y sobrevuelos en zonas consideradas focos rojos”. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas ahondó: “para finales del año 2009, el gobierno implementó medidas operativas para monitorear movimientos en campo, intervenir todo tipo de comunicaciones, operar campañas de desarme en comunidades indígenas, instalar retenes policiacos en distintos puntos del estado de Chiapas y, aprovechando el discurso de la lucha contra la delincuencia organizada, reposicionar al ejército en comunidades con antecedentes de resistencia civil”.

José Manuel (Chema) Hernández Martínez, líder histórico de la OCEZ-RC - © SIPAZSin embargo, cabe subrayar que la tensión disminuyó en el municipio de Venustiano Carranza, uno de los principales focos rojos en el 2009. El 23 de diciembre, luego de llegar a acuerdos con el gobierno estatal a nivel político, económico y social, la Organización Campesina Emiliano Zapata-Región Carranza (OCEZ-RC) levantó el plantón que había mantenido en San Cristóbal de Las Casas por cerca de dos meses. En el marco de las negociaciones, el gobierno del estado reconoció no poder incidir para impedir la militarización de las comunidades indígenas, siendo la misma una decisión de carácter federal.

Foto: José Manuel (Chema) Hernández Martínez,
líder histórico de la OCEZ-RC – © SIPAZ

Otro eje reiteradamente mencionado a lo largo del 2009 hasta la fecha, tanto en Chiapas como a nivel nacional, ha sido la criminalización creciente de los defensores de derechos humanos a través, entre otros, de vigilancia, hostigamientos, amenazas y allanamientos. En diciembre, al celebrarse el Día Mundial de los Defensores de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) publicó un boletín especial en el que denunció: “En este año la labor de defensa de los derechos humanos se ha criminalizado al grado de considerar a las defensoras y defensores de derechos humanos como parte de la delincuencia organizada o como parte de una supuesta red de subversión que para el año 2010 desestabilizará al Estado”. Uno de los ejemplos más reciente de esta tendencia fue la denuncia, desde noviembre pasado, de varios actos de hostigamiento (incluyendo amenazas de muerte) a Adolfo Guzmán Ordaz, integrante de Enlace Comunicación y Capacitación en Comitán.

Esta criminalización se observa en forma todavía más contundente cuando los actores organizados para la defensa de sus derechos no son organizaciones no-gubernamentales (ONG) sino organizaciones sociales o indígenas. Un ejemplo extremo de ello fue el asesinato de Mariano Abarca Roblero, miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y del Frente Cívico de Chicomuselo en contra de la minera canadiense Blackfire, a finales de noviembre. Había denunciado tanto amenazas de muerte en su contra, como presiones del presidente municipal de Chicomuselo, quien recibía jugosas ganancias y favores de Blackfire, según lo informado por los mismos funcionarios de la empresa a los diarios locales.

Un elemento clave en esta tendencia a la criminalización ha sido el papel de los medios de comunicación, aspecto que quedará ilustrado en los dos casos que mencionaremos a continuación.

Peregrinación en Venustiano Carranza, diciembre de 2009  - © SIPAZ

Peregrinación en Venustiano Carranza, diciembre de 2009  - © SIPAZ

Peregrinación en Venustiano Carranza, diciembre de 2009 – © SIPAZ

Bolón Ajaw: versiones contradictorias

Cascadas de Agua Azul (© Secretaría del Turismo de Chiapas)El 6 de febrero se presentó un nuevo conflicto por el predio de Bolón Ajaw, municipio de Tumbalá (norte de Chiapas). Dicho predio ocupado por los zapatistas desde 1994, perteneciente al municipio autónomo Comandante Ramona, se encuentra a cuatro kilómetros de Agua Azul, con cascadas aún no explotadas turísticamente.

El Centro de Derechos Humanos Agustín PRO tituló una de las entradas de su síntesis de Medios “Enfrentamiento en Chiapas genera campaña mediática contra comunidades- Medios de la Cd. de México destacan en portada “ejecución” y “desapariciones” por parte de zapatistas”. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) afirmó que el conflicto dejó 1 muerto, 5 detenidos, 28 lesionados de los que 13 fueron hospitalizados con heridas de bala, arma blanca y golpes. Según la PGJE, el conflicto se detonó en enero cuando los zapatistas de Bolón Ajaw pidieron apoyo de las comunidades simpatizantes de Oxchuc, Alan Sacjun, Salto del Tigre y Bachajón para impedir que miembros de la Organización para la defensa de los derechos indígenas y campesinos (Opddic), limpiaran el sendero que va desde las Cascadas de Agua Azul a las de Bolón Ajaw (actividad que pretendían realizar con el fin de incentivar el turismo).

Foto: Cascadas de Agua Azul
© Secretaría del Turismo de Chiapas

Otros medios rescataron la demanda penal contra la Opddic, pendiente desde febrero de 2008 por agresiones, lesiones, amenazas e intento de homicidio, contra organizaciones no gubernamentales y bases de apoyo del EZLN, justamente en Bolón Ajaw. Unos más también aludieron a la denuncia de la Junta de Buen Gobierno de Morelia, del 23 de enero de 2010, sobre agresiones de la Opddic en el mismo predio. Adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, agrupados en La Otra Jovel, denunciaron que en el ejido Bolón Ajaw, “los pobladores son hostigados desde hace varios años por otros indígenas que el gobierno ha organizado y armado como grupos paramilitares”.

En un comunicado del 11 de febrero, la Junta de Buen Gobierno de Morelia aclaró lo sucedido en Bolón Ajaw y denunció: “el reinicio de ésas trampas como actuaron los pasados gobiernos que inventan delitos para que tengan justificaciones para la represión”.

Sobre el conflicto del 6 de febrero, apuntalaron: “Las mentiras de la OPDDIC dicen que (les) sorprendimos en la madrugada asustando la población, cuando nosotros fuimos los sorprendidos. (…) Por los disparos indiscriminados que hicieron en el poblado Bolón Ajaw, ellos mismo mataron a sus compañeros porque estaban amontonados disparando”.

Sobre los detenidos explicaron “Las 7 personas dizque secuestrados ya están entregadas con vidas, sanos como estaban, ellos firmaron un papel cuando fueron liberados reconociendo que fueron respetados. (…) Propusimos que se liberarán con la condición de que se comprometan de no volver a ocupar el terreno y que, se restablezca la tranquilidad. Eso fue nuestra palabra y cumplimos con honor y verdad”.

Manifestación de la Otra Campaña frente a la casa del gobierno de Chiapas en México DF (© Red MyC zapatista)

Manifestación de la Otra Campaña frente a la casa del gobierno de Chiapas en México DF
© Red MyC zapatista

El comunicado también mencionó “el mensaje de Juan Sabines Guerrero, que se dialogue el problema que de lo contrario insinuó que entrarán el ejército y se rompería el dialogo y reinicia las hostilidades” (sic).

Mural en la carretera a Agua Azul - © SIPAZ

Mural en la carretera a Agua Azul – © SIPAZ

El 12 de febrero, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) emitió un pronunciamiento en el que afirma que “el gobierno de Chiapas busca evadir su responsabilidad en el conflicto suscitado y denunciado desde el 2007, e intenta culpar a las Bases de Apoyo Zapatistas del ataque armado contra el poblado zapatista de Bolón Ajaw”. Denunció que “el gobierno federal presiona para que se realice una intervención militar contra los zapatistas e incrementa operaciones de inteligencia de fuerzas mixtas”. En el informe más amplio que fue publicado posteriormente, enfatizó que la región de Agua Azul y Bolón Ajaw “se ha convertido en motivo de interés para la aplicación de planes y proyectos de inversión para el turismo, situación que ha colocado a este territorio como objetivo de control.” Cabe subrayar que toda la zona colindante ha constituido un foco rojo desde por lo menos el 2008 también en el caso de los miembros de la Otra Campaña del ejido de San Sebastián Bachajón que controlan la caseta de entrada a las cascadas de Agua Azul.

Otro ejemplo: desalojos en Montes Azules

Montes Azules (© Boca de Polen)El 22 de enero, alrededor de 120 indígenas que habitaban desde hace 20 años  El Semental y Laguna San Pedro, en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, fueron desalojados por policías federales, militares y personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). El gobierno estatal informó que dicho desalojo había sido pacífico, y que las familias serían reubicadas. El 26 de enero, informó que para reforestar y establecer un centro ecoturístico se desalojarían a 7 poblados más.

Foto: Montes Azules (© Boca de Polen)

Contradiciendo esta versión, en un comunicado del 29 de enero, la Junta de Buen Gobierno (JBG) de La Garrucha denunció el desalojo violento de la comunidad Laguna San Pedro, afirmando que los habitantes (zapatistas) fueron forzados a subir en helicópteros y traslados a la ciudad de Palenque, mientras sus casas fueron quemadas con todos sus pertenencias.

En el caso de los desalojos, la Red por la Paz en Chiapas emitió un comunicado en el que señaló “la estigmatización y señalamientos que se hacen sin previa investigación y cobertura de las distintas fuentes no oficiales. Consideramos que el señalamiento público, que difunde únicamente la versión gubernamental de los hechos, pone en riesgo la integridad de las familias desplazadas, la de los defensores de derechos humanos que les acompañan y la de los habitantes de las comunidades amenazadas con ser desalojadas. Como organizaciones civiles, con trabajo documentado en la zona, no aceptamos el discurso de “conservación y protección a los recursos naturales” que ha sido utilizado por los distintos niveles de gobierno para obtener el control territorial que se traduce en control social, político y económico de una de las zonas más ricas en biodiversidad de Chiapas”.

BREVES

Militarización y derechos humanos

Seña en Acteal en diciembre de 2009 denunciando el papel de la Suprema Corte de (in-)justicia de la Nación - © SIPAZTanto el informe de Human Rights Watch como la investigación de Amnistía Internacional “México: Nuevos informes de violaciones de derechos humanos a manos del ejército”, siguen recalcando el marcado aumento de los abusos a manos del ejército en los últimos años. Por otro lado, de manera general y en distintos foros, el gobierno federal sigue justificando la militarización de la seguridad pública, minimizando las violaciones de derechos humanos por parte de militares y descalificando a los organismos nacionales e internacionales que han documentado este tipo de situaciones. Se calcula que la guerra contra el narcotráfico ya cobró la vida de 16.500 personas desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón, una cifra que supera la tasa de homicidios de ciudades como Medellín y Nápoles en sus momentos más álgidos.

Iniciativa Mérida

A pesar de la preocupación expresada por varios legisladores por las denuncias contra militares mexicanos, a mediados de diciembre, el Senado estadunidense aprobó con una amplia mayoría la ley conjunta de gastos para el año fiscal 2010, que incluye 231.6 millones de dólares para México en el contexto de la Iniciativa Mérida. El 1º de febrero, el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, solicitó 310 millones de dólares del presupuesto federal del año fiscal 2011 para dicha Iniciativa. Luego de que en los tres años iniciales se privilegió la compra de aeronaves y equipo, se supone que estos fondos abrirán una nueva etapa y serán destinados a “apoyo institucional”. Para contrastar esta información algunos medios subrayaron que el presupuesto de EU considera una dotación de 4 mil 600 millones de dólares para fortalecer a la patrulla fronteriza y avanzar en la construcción del muro fronterizo, lo cual es leído mayoritariamente como un endurecimiento en la política migratoria de EU.

Impunidad

– 12 años después de la masacre de Acteal, La Sociedad Civil Las Abejas convocó el día 21 de diciembre a un Foro de Conciencia y Esperanza, Construyendo la Otra Justicia. El día siguiente, en presencia de más de 600 personas se declaró a Acteal “Sitio de conciencia de la Humanidad”. El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, presente el 22, definió la masacre de Acteal como “el hecho más cruento de la historia reciente de México” y denunció: “el olvido y la impunidad no son la respuesta que se espera de un Estado democrático, respetuoso de los derechos humanos”.

– A nivel nacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) determinó la culpabilidad del Estado Mexicano en la desaparición forzada del luchador social guerrerense Rosendo Radilla Pacheco en 1974, y denunció la existencia de un contexto de violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos durante la “Guerra Sucia”. También cuestionó el fuero militar y ordenó a las autoridades mexicanas adoptar reformas para garantizar que las violaciones a derechos humanos cometidas por militares en contra de civiles sean juzgadas en tribunales ordinarios.

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:: ENFOQUE

México: Frontera Norte, Frontera Sur – paralelismos

Muro entre México y EU (© Grupo marxista)

Muro entre México y EU
© Grupo marxista

Desde hace varias décadas ha corrido mucha tinta sobre la frontera Norte de México colindante con Estados Unidos por 3.326 kilómetros, debido a distintos fenómenos que se desarrollan en esta parte del país, incluyendo la migración (legal e ilegal) así como todos tipos de tráficos igualmente legales o no.

Más invisibilizada hasta hace poco, la frontera Sur de México es de 1.139 kilómetros, de los cuales 962 son compartidos con la República de Guatemala y 176 con Belice. Colinda con los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Después del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos buscó reforzar su seguridad interna y presionó a México para que ejerciera mayor control sobre dicha frontera. A partir de esta fecha sin embargo, se han incrementado los problemas fronterizos, así como el interés por esta situación alarmante por parte de periodistas, investigadores y activistas.

En un primer nivel de paralelismo entre las dos fronteras, llama la atención como la situación vivida principalmente por centroamericanos en la frontera Sur se asemeja a la vivida por los mexicanos en su paso hacia Estados Unidos. De igual modo comparten peligros y pueden ser víctimas de secuestros, robo, caer en redes de trata de personas o del narcotráfico, ser deportados o hasta perder la vida.

Migración legal: opciones limitadas para muchos

La frontera Norte, que separa México de los Estados Unidos, es una de las  más transitadas en el mundo. Se calcula que anualmente pasan alrededor de 250 millones de personas de manera legal por esta frontera.  En el caso de la frontera Sur, el Instituto Nacional de Migración (INM) estima que más de 2 millones de migrantes cruzaron la frontera Guatemala-México en 2004, de ellos 400.000 eran centroamericanos sin autorización para entrar al país.

Para los guatemaltecos existe la Forma Migratoria de Visitante Local, que da acceso al territorio mexicano hasta 100 km de la frontera. Además existe la Forma Migratoria de Trabajador Fronterizo para quienes pueden demostrar que cuentan con una oferta de trabajo y que beneficia exclusivamente a guatemaltecos y beliceños que viven en regiones cercanas.

Tren de carga en Sonora - © SIPAZ

Tren de carga en Sonora – © SIPAZ

De un mismo modo, existe en el Norte el “Border Crossing Card” (Tarjeta de Cruce de Frontera) mejor conocido como “Visa Láser”, una visa reservada a los mexicanos que les da permiso de cruzar la frontera por tierra. Uno de los requisitos para poder tramitarla es tener lazos económicos muy fuertes en México, buscando asegurarse que la persona regresara a su país de origen.

Los indocumentados representan en todo caso una amplia mayoría de los casos en ambas fronteras. Entre 2000 y 2009 el promedio de mexicanos que entraron sin papeles a los EEUU fue 220.000. Se estima que representan un poco más de la mitad del total de los indocumentados en este país.

Control de la migración ilegal en EEUU y México

Para intentar contener la migración, los Estados Unidos han iniciado en 1994 la construcción de un muro en la frontera. Actualmente, existen tramos del mismo en California, Arizona, Nuevo México y Texas. Cuentan con bardas de contención, iluminación de muy alta intensidad, detectores de movimiento, sensores electrónicos y equipos de visión nocturna conectados a la policía fronteriza estadounidense (Border Patrol), así como vigilancia permanente con camionetas todo-terreno y helicópteros artillados. Se creó también un grupo de ciudadanos estadounidenses en 2005 para “disuadir” la migración, el llamado proyecto Minuteman, que ha llegado a tener la fama dudosa de “cazar migrantes”.

Desde entonces las rutas han cambiado e implican cruzar por lugares más difíciles y peligrosos, como el Río Bravo o a través del desierto. Cada año mueren aproximadamente 500 personas por deshidratación, frío, ahogándose o por simple desgaste.

 “…. Depende la ruta donde te llevan, hay caminos cerca, si quieres arriesgar la vida hay camino de una hora, hay de dos días y de una semana. Yo tengo un conocido, de otra comunidad, que al pasar el desierto no aguantó, él murió, la migra de allá encontró su cuerpo; y la familia no quiere creer que su hijo ha muerto.”)a

Por otro lado, la frontera Sur es cruzada por miles de centroamericanos y sudamericanos que tratan de alcanzar la frontera Norte y una opción laboral en Estados Unidos. Cruzarla no representa tanto problema como el superar las vicisitudes que tendrán que enfrentar a lo largo del territorio mexicano. En cierto sentido, pareciera que México, por lo menos hasta la capital, se ha convertido en una zona fronteriza con retenes de migración y mucha vigilancia.

Los mexicanos tienen en principio libre tránsito dentro de su país, por lo tanto ellos pueden viajar sin limitaciones a la frontera Norte. Sin embargo, se ha denunciado un número creciente de casos en los que mexicanos (en particular de sectores vulnerables como las mujeres, los niños o indígenas) son víctimas de las mismas injusticias que los centroamericanos encuentran en el camino.

Vista del Paso (Texas) y Ciudad Juarez (México) - © SIPAZ

Vista del Paso (Texas) y Ciudad Juárez (México) – © SIPAZ

Como las rutas para cruzar en el Norte han cambiado, igualmente en el Sur han ido cambiando dependiendo de los peligros, las posibilidades y la vigilancia. En territorio mexicano, el tránsito se realiza principalmente por el ferrocarril a través de trenes de carga en los que los migrantes intentan subir cuando ya están en movimiento. Quienes cuentan con los recursos suficientes podrán usar transportes públicos o particulares. Otros optan por los “caminos de extravío”, es decir, los caminos de terracería aledaños a las carreteras para evitar los puntos de revisión de las diferentes corporaciones policíacas y del Instituto Nacional de Migración.
En la vía del tren ocurren numerosos accidentes y asaltos. En los caminos de extravíos se cometen robos y homicidios. En el autobús, el/la migrante es presa fácil de los diferentes controles ubicados en el camino. Independientemente de los medios, los migrantes se encuentran generalmente indefensos ante los actos de delincuencia, abusos de autoridad, de extorsión o de violación a sus derechos humanos.

Redes de tráfico de migrantes: Polleros, Raiteros, Secuestradores y Trata de Personas

Muchos indocumentados contratan a una persona para que los lleven. En el Norte existen transportistas de indocumentados llamados “raiteros” que suelen recogerlos en la frontera o en una de las ciudades fronterizas, en el mejor de los casos hasta su destino final.

Tren de carga en Torreón (@SIPAZ)En el Sur, estos guías son mejor conocidos como “polleros”.  Actualmente el costo del viaje con un pollero desde Guatemala hasta Estados Unidos va de 45.000 a 50.000 quetzales (80.000 pesos mexicanos; entre 3.500 y 5.000 USD). A pesar de representar grandes cantidades de dinero (en particular para los migrantes que de por sí están en busca de una opción de trabajo), los polleros los suelen transportar en pésimas condiciones, haciéndoles correr el riesgo sufrir asfixia o deshidratación. En el peor de los casos, los polleros pueden resultar delincuentes o asaltantes. Una vez recibida la remuneración, abandona al migrante a su suerte, o bien, terminan su labor robándole la totalidad de sus pertenencias o atentando contra su vida.

Foto: Tren de carga en Torreón- © SIPAZ

Integrando datos de todo el país, el Informe Especial sobre Secuestro a Transmigrantes (junio de 2009) por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos  estimó que 10.000 migrantes fueron víctimas de secuestros en el primer semestre de 2009, lo que dejó ganancias por 25 millones de dólares al crimen organizado. En muchos casos se ha reportado que los secuestros son realizados por los zetas, organización ligada al narcotráfico, quienes piden a las familiares grandes sumas de dinero para dejarlos en libertad.

Un migrante salvadoreño daba el siguiente testimonio:”Ya íbamos arriba el tren y delante de Ixtepec estaban los zetas. (…) Se subieron al tren y decían que nos bajáramos, y nos llevaron. En donde nos encerraron había más de 150 personas, a todos nos amarraron, los zetas nos pidieron 3.500 dólares para soltarnos y pasar al otro lado, pero nos dieron maletas llena de droga para que las pasemos. Yo llegué desnutrido porque sólo te dan un tiempo de comida”.a

Otra dimensión del tráfico con migrantes tiene que ver con el hecho que México es un país importante de origen, tránsito y destino de personas que son sujetos de trata de seres humanos para la explotación sexual comercial y/o el trabajo forzado. Se reporta que en México más de 500.000 personas son víctimas de explotación sexual y de ellos unos 16.000 son menores de edad.

En un estudio sobre Tapachula, ciudad fronteriza con Guatemala, se identifican como principales víctimas a niñas de entre 13 y 17 años, provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador. Se les explota principalmente en los bares y centros botaneros. No sólo se trata de explotación sexual, se denuncian prostitución de menores, pornografía infantil, esclavitud, trabajo forzoso, trabajo forzoso de menores, prácticas semejantes a la esclavitud, trata para extracción de órganos y trata para mendicidad.

Evento en Oaxaca para denunciar los feminicidiosFeminicidios: fenómeno creciente

En este contexto de extrema violencia, en particular para las mujeres, se ha acuñado el término de “feminicidio” al asesinato masivo de mujeres sólo por ser mujeres, refiriéndose a las aproximadamente 1060 mujeres asesinadas en la frontera México-EU en Ciudad Juárez, justo al otro lado de El Paso, Texas, a partir de inicio de los ‘90.  Se ha reportado que en 2009 fueron 388 casos, casi todas mujeres jóvenes, torturadas o violadas antes de ser abandonadas en el desierto.

Foto: Evento en Oaxaca
para denunciar los feminicidios

En el caso de Chiapas, existe también información alarmante: según el Colectivo de Mujeres de San Cristóbal, de acuerdo con una primera lectura de las estadísticas de violencia en el estado, Chiapas ocupaba el primer lugar en feminicidios, con 138 casos en el primer semestre de 2009. Sesenta de ellas mostraban indicios de haber sido víctimas de traficantes de personas. Se estimaba que en 2009 se superaría los 300 feminicidios.

Trabajos en la frontera: explotación

En los ’70, en la Frontera Norte, empezaron a multiplicarse las “maquiladoras”, empleos legales con un alto nivel de explotación. Hoy en día pueden encontrarse en ciudades como Tijuana o Ciudad Juárez parques industriales, con fábricas extranjeras de ensamblaje que no pagan impuestos, con toda una infraestructura (agua, luz, teléfono, drenaje etc.) pagada por el gobierno. Mientras tanto, no existen servicios en los barrios donde viven los trabajadores de las mismas.

Maquiladora en Ciudad Juárez - © SIPAZ

Maquiladora en Ciudad Juárez – © SIPAZ

Las condiciones en las maquiladoras suelen ser deplorables. Generalmente las trabajadoras (un 80% son mujeres) tienen jornadas de 10 horas por día, 6 días por semana, trabajan con tóxicos sin protección, en el verano sufren del calor y en el invierno del frío. Muchos de los intentos de organización para mejorar las condiciones en general resultan en despidos. No obstante, por ejemplo existe La Casa de la Mujer Factor X: su misión es contribuir al impulso, acompañamiento y difusión del proceso de auto organización de las trabajadoras de la maquila, para la defensa de sus derechos humanos específicamente, los laborales y de género.
En el Sur de México, si bien no se presentó este fenómeno, existen a cambio  trabajadores agrícolas con retribución miserable. El Cónsul de Guatemala en Tapachula afirmaba: ”….Solamente en Suchiate sabemos que hay cerca de 60 ranchos y hay como 100 trabajadores agrícolas en cada uno, no hay mano de obra mexicano laborando en estos ranchos…… en realidad son cientos de miles de trabajadores guatemaltecos”a.

Retos frente a las problemáticas fronterizas

Frente a estas problemáticas imbricadas entre sí, se ha buscado desarrollar estructuras y organizaciones. Una de las dificultades, tanto en México como en los Estados Unidos, es la tendencia a criminalizar la ayuda que se buscar dar a los migrantes indocumentados. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro- Juárez publicó el folleto informativo “Brindar Ayuda humanitaria a los migrantes en situación de irregularidad no es un delito”, explicando la diferencia entre ayuda humanitaria (sin ánimo de lucro) y tráfico de personas (con ánimo de lucro).

En la frontera Norte y en los Estados Unidos, diversas  estructuras buscan brindar ayuda humanitaria a los migrantes. BorderAngels (Ángeles de la frontera) y “No más Muertos” son de las organizaciones que dan ayuda básica como poner botellas de agua en el desierto. Ofrecen chamarras y cobijas en sus estaciones de ayuda para ayudarles a luchar contra el frío del desierto en las noches.

Otras organizaciones, como Borderlinks, enfocan su trabajo más en la educación, buscando explicar a los norteamericanos las razones por las que los migrantes salieron de su país. Por otro lado denuncian la política de doble cara de los Estados Unidos, ya que el trabajo de indocumentados, principalmente en la industria agrícola, la construcción y servicios de comida, es funcional a la economía norteamericana. Unas organizaciones más ofrecen “excursiones” a la zona fronteriza para que la gente pueda experimentar lo que viven los indocumentados.

Belén Posada del Migrante de Saltillo - © SIPAZ

Belén Posada del Migrante de Saltillo – © SIPAZ

En México, existen decenas de casas de migrantes que ofrecen techo, agua y comida a los migrantes, un lugar para descansar en su camino. En Tapachula se encuentra por ejemplo El Albergue Jesús el Buen Pastor, que da un hogar a migrantes gravemente accidentados (en muchos casos sufren amputación) o enfermos. Les ofrece la posibilidad de curarse física y emocionalmente cuando su sueño de trabajar en los Estados Unidos para poder mejorar económicamente la vida de su familia se que ha hecho cenizas con el accidente.

Belén Posada del Migrante de Saltillo - © SIPAZOtro ejemplo es la casa de Belén Posada del Migrante de Saltillo. En un principio se cubrían las necesidades básicas. En la actualidad, además de recibir alimentos, ropa, medicinas, es un lugar para dormir, donde se les brinda asesoría en derechos humanos y más que todo se trata de dignificarles como seres humanos.

Frente a la amplitud de lo que está en juego, resulta difícil ofrecer respuestas integrales. Los gobiernos de Estados Unidos y México se limitan a una visión de control de fronteras y de seguridad, de libre comercio pero sin libre tránsito. Las organizaciones civiles e iglesias difícilmente pueden ir más allá de una aportación en clave de ayuda humanitaria, en su zona de incidencia. Ciertamente, las problemáticas fronterizas no se resuelven en las mismas fronteras sino que abarcarían cambios globales tanto en México como fuera del país.

“Ciudad Juárez, ¿laboratorio del país?”

Feminicidios en Ciudad Juárez - © SIPAZAlgunos analistas han afirmado que Ciudad Juárez (Chihuahua) es el laboratorio de políticas públicas que luego de una u otra forma se aplican en el país. Refieren, como ejemplo, que fue en esta ciudad fronteriza donde en 1965 se instalaron las primeras maquiladoras, modelo que se extendió después a otras partes al menos del norte del país.

A partir de 1993, en esta ciudad se empezó a dar el fenómeno de lo que luego se llamaría “feminicidio”. La gran mayoría de los casos ha quedado en la impunidad y las autoridades por mucho tiempo se negaron a reconocerlos como parte de un fenómeno de violencia hacia las mujeres.

Desde hace tres años, Ciudad Juárez se ha convertido en una de las ciudades más violentas del mundo. En el marco de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, declarada por el presidente Felipe Calderón, diariamente son reportados asesinatos en esta ciudad, que es campo de batalla entre diferentes cárteles y la poco exitosa estrategia del Estado de combatirlos con la presencia de militares y patrullas mixtas (policías y militares) en las calles. La presencia y actuación del ejército ha multiplicado las quejas y denuncias de la población por abusos de autoridad y violaciones a derechos humanos. Desde la llegada del ejército en el marco del “Operativo Conjunto Chihuahua”, el número de muertos de esta “guerra” ha ido en aumento.

La sociedad civil de la ciudad no ha quedado callada. Desde que empezaron a darse los feminicidios, se crearon varias organizaciones que empezaron a denunciarlos y a luchar contra la impunidad, mismas que han encontrado eco en otras partes del país y del mundo. De igual forma, la militarización de la ciudad y la escalada de la violencia que se dio al mismo tiempo, han generado una oposición ciudadana frente a los abusos de los militares y los asesinatos de jóvenes, hechos a los que recientemente se ha referido como “juvenicidio”. El mismo presidente de la República ha tenido que enfrentar la rabia de los juarenses, cuando en febrero en un diálogo con la sociedad civil de la ciudad fronteriza, una madre de dos jóvenes asesinados en una fiesta a principios del mismo mes (donde fueron acribillados 18 personas), lo increpó sobre la falta de justicia en éste como en otros casos.

Aún así, el ejecutivo federal mantiene la postura de no retirar el ejército de Ciudad Juárez, argumentando que es necesaria su presencia para combatir al crimen organizado. Ante este panorama, la confirmación de la hipótesis que Ciudad Juárez sea el laboratorio de las políticas del país, podría inaugurar otra etapa aún más violenta y de mucha incertidumbre para México.

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Notas:

(a) Sur inicio de un camino, Una mirada global de los Derechos Humanos en la Frontera Sur de México en su triple condición de origen-retorno,  transito y destino de trabajadoras y trabajadores migrantes >> Volver: (1)-(2)-(3)

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:: ARTÍCULO

Quinto Encuentro de Constructores y Constructoras de Paz

© SIPAZMás allá de exigir, construir la paz

 “Siendo como el maíz de diferentes colores, todos tenemos un mismo corazón”. Ese fue uno de los lemas del “Quinto Encuentro de Constructores y Constructoras de Paz y Reconciliación” que acogió la comunidad de Taniperla del 10 al 13 de noviembre del 2009. Casi 600 personas, llegando de 17 municipios y de organizaciones sociales muy distintas (en algunos casos opuestas), se apropiaron el espacio propuesto y convocado desde hace cinco años por la Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria (CORECO). Además del aumento general de la participación (de 27 personas en el 2005 a 572 en el 2009), cabe destacar la creciente presencia de las mujeres que representaron la tercera parte de los asistentes esta ocasión. Muchos de los presentes tienen un cargo civil o eclesial desde el que buscan contribuir en los conflictos que se presentan en sus comunidades.

Fueron tres días intensos para “reflexionar y analizar los conflictos que vivimos en las comunidades, buscar alternativas, construir un solo corazón y un camino para encontrar nuestra propia fuerza”. También fueron tres días de convivencia en un espíritu de hermandad con celebraciones alrededor de un gran altar maya.
Primero se compartieron  acciones  de construcción de paz realizadas en las distintas regiones desde el Encuentro anterior, entre otras, espacios de análisis, reuniones, asambleas, encuentros, talleres, acuerdos comunitarios. Luego los participantes se repartieron en 10 mesas de trabajo para analizar más detenidamente los problemas que se viven en las comunidades, abarcando los efectos de la migración, del alcoholismo y de la drogadicción ; los derechos de la mujer y el trabajo con los hombres ; los conflictos entre organizaciones y partidos políticos ; la resistencia a los programas de gobierno ; las problemáticas de tierra, territorio y autonomía, del cultivo del maíz, de las tradiciones y del diálogo entre religiones.

Cartel de bienvenida en el Quinto Encuentro de Constructores de Paz - © SIPAZEn esta ocasión, Felipe Toussaint, director de la CORECO propuso un análisis de la realidad ilustrando como el sistema capitalista aplastó la visión maya del universo. En el centro, donde la cosmovisión maya pone el cielo, la tierra, el hombre y la mujer para cuidarlos, el sistema capitalista puso el dinero. Encima de los cuatro cuidadores del mundo llamados “bacabes” por los pueblos mayas, el capitalismo mantiene cuatro pilares que le permiten llevar a cabo sus objetivos de acumulación de la riqueza: el control de la política, de la economía, de la ideología y el énfasis en la seguridad. Antes de regresar a grupos, planteó:

“Si de verdad queremos que el mundo capitalista ya no nos domine y construir un mundo donde haya   comida parejo para todos, tenemos que trabajar mucho. Hay muchas luchas pero hay que cambiar el pensamiento porque ya estamos pensando igual que los poderosos que todo lo hacen con violencia.  ¿Queremos seguir en un mundo que eso solo para unos pocos? ¿Cómo queremos hacer este cambio? ¿Con violencia o con medios pacíficos?”

Después de ubicar los retos del contexto, los 600 participantes se juntaron otra vez por región para pensar en iniciativas de paz para el 2010 alrededor de tres ejes: diálogo y la reconciliación; inclusión y participación; concientización y organización.

Más allá de soñar con una paz justa o de exigirla, se buscó como construirla, cada quien desde su comunidad, dando cada día unos pasos más. Se vio importante no sólo quejarse o denunciar, sino proponer, construir, imaginar. Este esfuerzo que amerita ser saludado fue una muestra en vivo que rechazar la violencia no implica quedarnos pasivos, sino que para construir la paz uno puede intervenir en la realidad de mil maneras no-violentas.

Para más información, les invitamos a consultar el boletín completo emitido en el marco del Encuentro.

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:: ACTIVIDADES DE SIPAZ

De noviembre de 2009 a mediados de febrero de 2010

PRESENCIA INTERNACIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO

CHIAPAS

Zona Norte

– En diciembre, nos reunimos en Palenque con algunas contrapartes que trabajan en la zona.

– En enero, visitamos varias comunidades y ciudades de la zona Norte de Chiapas para entrevistarnos con varios actores de la región: dirigentes de diferentes grupos políticos, instancias gubernamentales, miembros de iglesias, autoridades civiles y bases de apoyo zapatistas.

Selva

– En diciembre, nos reunimos con diversos actores presentes en el municipio de Ocosingo (Selva-Cañadas): ONGs, organizaciones e iglesias para un balance de lo que está pasando en la zona.

– En enero, visitamos a varias contrapartes en Comitán (Selva Fronteriza).

Centro

– El 26 de noviembre, asistimos como testigos de honor a la primera mesa de distensión entre la Organización Campesina Emiliano Zapata-Región Carranza (OCEZ-RC, organización que venía reclamando la liberación de sus presos y denunciando la intimidación policíaco-militar en su región) y el gobierno del estado.  En diciembre, estuvimos presentes como observadores cuando los integrantes de la OCEZ entregaron las oficinas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que ocuparon como parte de su protesta.

– El 6 de diciembre, estuvimos presentes en la Peregrinación del Pueblo Creyente en Venustiano Carranza para apoyar al sacerdote de esta cabecera que ha sido sujeto a hostigamientos desde hace varios meses.

Caracoles

Entre noviembre y febrero, visitamos todos los Caracoles zapatistas por lo menos una vez.

Presos

El 6 de enero, estuvimos presentes en la cárcel de San Cristóbal en el marco del aniversario de “La Voz del Amate”, un proceso organizativo de presos iniciado en 2006. El 26 de enero, volvimos a llegar a este mismo penal en el evento durante el que el profesor Alberto Patishtán Gómez, miembro de La Voz del Amate y adherente a La Otra Campaña, recibió el reconocimiento jTatic Samuel jCanan Lum, otorgado por el obispo emérito Samuel Ruiz García y diversos organismos civiles.

OAXACA

En diciembre mantuvimos reuniones con contrapartes en la Ciudad de Oaxaca.

RELACIONES PÚBLICAS

– En enero, asistimos a una reunión con integrantes de varios órganos del Sistema de Naciones Unidas (SNU) con integrantes de la sociedad civil con el fin de presentar un proyecto por desarrollarse sobre desplazados internos en Chiapas.

– En diciembre, asistimos a un evento del Instituto Federal Electoral en el que presentaron una propuesta de “Modelo Educativo para la Participación Democrática”.

VARIOS

– Estuvimos presentes en la Asamblea realizada por la Red Estatal de la Resistencia Civil “La Voz de Nuestro Corazón” el 18 y 19 de diciembre donde les entregamos el último informe (el enfoque cubriendo en parte su proceso organizativo).

– El 25 de noviembre, asistimos en San Cristóbal de Las Casas a varias actividades planificadas en el marco del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.

– Del 30 de diciembre al 2 de enero, participamos en el Seminario Internacional de Reflexión y Análisis, realizado en el Cideci-Unitierra, en San Cristóbal de las Casas.

PROMOCIÓN DE PAZ

EDUCACION PARA LA PAZ

En febrero, iniciamos un ciclo de talleres titulado “Realidades mexicanas e implicaciones pastorales” con el Seminario Intercultural Mayense.

TRABAJO CON ACTORES RELIGIOSOS

– En diciembre, participamos en un espacio ecuménico de oración y reflexión convocado por el Grupo Ecuménico de Análisis de la Coyuntura y de la Realidad (GEACR) del que formamos parte.

– En enero, se realizaron una serie de actividades en el marco del 50 aniversario de ordenación episcopal de Don Samuel Ruiz, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Asistimos al Congreso Teológico Pastoral, que se llevó a cabo del 20 al 23 de enero en San Cristóbal de Las Casas, así como a la celebración eucarística del 25 de enero.

ARTICULACION

– El 24 de enero, Don Samuel Ruiz García, obispo emérito de San Cristóbal, en el marco de su 50 aniversario episcopal, entregó el reconocimiento “jTatic Samuel jCanan Lum” a la Coordinadora Diocesana de Mujeres (Codimuj), la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Teología India Ecuménica Mayense y al profesor Alberto Patishtán Gómez, preso en la cárcel de San Cristóbal e integrante de la Voz del Amate. Co-convocamos a este premio junto con otras organizaciones locales y nacionales.

– Participamos en las reuniones mensuales de la Red por la Paz, espacio de acción y reflexión integrado por 16 organizaciones que buscan apoyar procesos de paz y reconciliación en Chiapas.

INFORMACIÓN

– Recibimos la visita de delegaciones, estudiantes y periodistas, interesados en conocer la coyuntura de Chiapas y el trabajo de SIPAZ.

– En enero publicamos una Acción Urgente sobre el hostigamiento en contra de Adolfo Guzmán Ordaz, defensor de derechos humanos e integrante de la asociación civil Enlace, Comunicación y Capacitación, AC.

– En 9 de febrero, la Red por la Paz en Chiapas de la que SIPAZ es parte emitió un comunicado pronunciándose sobre los recientes desalojos en Montes Azules.

– Un miembro del equipo realizó una serie de actividades en Alemania en enero y febrero incluyendo,: reuniones y presentaciones en Berlín, Münster y Marburg; una ponencia en el simposio “Weltwärts- Hacia el mundo” sobre cooperantes organizado por la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México; una  ponencia en la conferencia “México: Quo vadis?”, organizada por la Fundación Heinrich Böll y la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México , así como reuniones de cabildeo con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio para la Cooperación económica y el Desarrollo del Gobierno (federal) alemán.

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