Los derechos políticos a los clérigos

Arnaldo Córdova

 La Jornada

La iniciativa que Pablo Gómez, senador por el PRD, ha presentado para que sea derogado el inciso e) del artículo 130, que restringe la libertad de expresión y de asociación con fines políticos de los ministros de los cultos, es un remanente de una tradición de los comunistas mexicanos de los años setenta que inspiró y los llevó a aceptarla como bandera de lucha Gilberto Rincón Gallardo. Los argumentos que esgrime el senador en su iniciativa son exactamente los mismos que elaboró desde un principio Rincón Gallardo. Lo digo porque se los escuché desde que Arnoldo Martínez Verdugo me lo presentó en algún momento de 1973 o 1974.

Estaba impresionado por los brotes de rebeldía que se estaban manifestando en la Iglesia católica desde el Concilio Vaticano Segundo y, en particular, de los partidarios de la teología de la liberación. Cuando se fundó el Partido Socialista Unificado de México, del que fue dirigente Pablo Gómez, ellos impusieron por una amplia mayoría esa demanda política, que persistió en la transformación del partido en Partido Mexicano Socialista. Cuando se organizó el Partido de la Revolución Democrática, los cardenistas, que eran una abrumadora mayoría, rechazaron la idea y jamás se volvió a hablar de ella, hasta ahora en que lo hace Pablo Gómez.

Con posterioridad a la presentación de su iniciativa, Gómez ha abundado en sus razones y se pueden resumir en dos ideas muy generales: una, que como auténticos demócratas, no podemos negarle sus derechos políticos a ningún mexicano, sea cura o no; dos, que eso ya está en los regímenes constitucionales de todo el mundo. Esos argumentos yo se los oí a Rincón Gallardo. El verdadero Estado laico es aquél que, precisamente, resguarda y respeta los derechos, políticos y demás, de todo ciudadano. Parece contundente de verdad. Sobre todo, cuando se nos recuerda que somos de los muy pocos en el mundo que niegan esos derechos.

No sé con qué propósito el antiguo militante comunista presentó esa iniciativa, pero que ha tenido un éxito arrollador en todos los sectores de derecha, en primer término, la jerarquía católica y los panistas reaccionarios, así como los neopriístas, como Beltrones que, al parecer, ya prometió su apoyo irrestricto al perredista, resulta más que evidente. Está claro que la iniciativa está en proceso de ser aprobada. En todo caso, los motivos de Gómez son irrelevantes. Importa más bien analizar sus argumentos.

Hay que señalar, ante todo, que no todos los países que tienen mayorías católicas o cristianas se parecen entre sí. Italia y España, por ejemplo, soportan el dominio de sus iglesias porque desde un principio se les ha impuesto, en la primera por negociación y, en la segunda, por la violencia. En Estados Unidos hay un predominio protestante y su situación no es la nuestra (acaso peor, porque los protestantes fundamentalistas dominan su escenario político). En Francia, el país más laico del mundo y el que, en realidad, inventó el laicismo, la Iglesia no es un problema mayor. Sería de mal gusto recurrir a nuestra historia, ahora que está en desuso y hasta es fuente de descrédito ante los derechistas y sus acólitos, entre ellos ahora e inopinadamente Pablo Gómez, pero no hace falta.

Según Gómez, el artículo sexto de la Constitución garantizaría a los curas su libertad de expresión en el lugar (los recintos eclesiásticos) o lo medios que fueren, pero el 130 es una antinomia frente a ese artículo porque se los prohíbe. También deberían gozar de la asociación política personal y libre. Eso, nos dice, está inscrito “dentro de los derechos humanos”. Que el ascendiente de los sacerdotes es un problema, bueno, pues los líderes sindicales también lo tienen, así como los altos funcionarios que manejan el erario. Y nadie les prohíbe nada. Se le olvida que, por lo menos en el caso de los funcionarios, para hacer política partidista deben renunciar a sus puestos previamente.