Una de las tantas deudas con los pueblos indígenasPatricia Galeana*                                    

Cuando el 16 de septiembre Miguel Hidalgo se puso al frente del movimiento insurgente por la Independencia de México, consideró que la nación mexicana ya existía, que estaba constituida por indígenas, mestizos y criollos, todos los que habían nacido en estas tierras, quienes por ello tenían el derecho de gobernarla y disfrutar del producto de sus riquezas, obtenidas con el trabajo de sus manos.

Consumada la Independencia, los constructores del Estado mexicano se propusieron acabar con la estructura racista del viejo régimen colonial. La Constitución de 1824 consideró a todos mexicanos; con objeto de borrar las diferencias raciales se llegó a proponer que desapareciera el vocablo indígena.

En el mismo sentido, la Reforma liberal se propuso suprimir las estructuras sociales corporativas y sustituir el régimen estamental por una sociedad civil. Liberales y conservadores consideraron a la propiedad comunal obsoleta y poco productiva. Por ello las Leyes de Reforma secularizaron los bienes de las corporaciones; pretendían hacer propietarios a los indígenas, a título individual. Pero las comunidades indígenas sólo se enteraron de las leyes que las perjudicaban y no de las que las favorecían.

Durante el porfirismo, las compañías deslindadoras de terrenos baldíos desposeyeron de sus tierras a las comunidades. Vino la Revolución, el origen mismo del movimiento zapatista fue la recuperación de tierras. Emiliano Zapata fue el primer líder que habló a los pueblos en mexicano. Antes sólo Maximiliano había traducido sus decretos al náhuatl, por considerar que los indígenas eran los verdaderos dueños de estas tierras.

La Constitución de 1917, igual que todas las anteriores, continuaron con la idea de homogeneizar a la población. En ese sentido, José Vasconcelos planteó una raza cósmica que fundiera todas las razas. A mediados del siglo XX se creó el Instituto Nacional Indigenista con la idea de incorporar a los indígenas a la nación mediante la enseñanza del español como lengua nacional.

No fue hasta el fin del siglo pasado, en 1992, cuando se hizo la reforma constitucional para reconocer que somos un país pluriétnico y pluricultural.

No obstante, la Constitución no se tradujo al náhuatl, lengua indígena mayoritaria. Paradójicamente la Constitución de 1857, con todas sus reformas y adiciones, sí fue traducida al idioma mexicano en Puebla en 1888. Y la de 1917 fue traducida al maya por Felipe Carrillo Puerto, traducción que se ha venido actualizando hasta nuestros días.

Algunos estados de la República han traducido su Constitución estatal al náhuatl. Es el caso de Hidalgo, Puebla y Veracruz, y en el estado de México se ha traducido al mazahua, al otomí y matlatzinca.

Finalmente, el Senado ha publicado la traducción de la Constitución al náhuatl, para los casi dos millones de mexicanos hablantes de esta lengua. Se salda así una de las múltiples deudas que tenemos con los pueblos originarios de estas tierras, base de nuestra identidad nacional.

* Historiadora. Facultad de Filosofía y Letras, UNAM