Denuncia Pública
Este Centro de Derechos Humanos recibió el día de hoy, denuncia pública suscrita por las autoridades ejidales y comunitarias del ejido Nuevo Jericó, municipio de Palenque, Chiapas así como de su asamblea de ejidatarios, ejidatarias y pobladores.
Hacen del conocimiento público que su Agente Rural Municipal, Lucas Montejo Arcos, ha sido amenazado de ser detenido por el Fiscal del Ministerio Público de Palenque mesa 2 de trámite, como resultado de haber impartido justicia por las agresiones cometidas por la señora Gerónima Gómez Jiménez y su hijo José Luis Peñate Gómez el 25 de octubre de 2009, en agravio de Doña Rosa Peñate Díaz, habitante del ejido, indígena Ch´ol de 75 años de edad. Señalan en su denuncia que Doña Rosa fue brutalmente golpeada por la señora Gerónima y su hijo, por lo que el Agente Municipal conforme a su cargo conferido por la comunidad determinó detener a las personas señaladas como agresoras por un tiempo de 24 horas, para que respondieran por los daños ocasionados. A pesar de que Gerónima y su hijo aceptaron su responsabilidad ante la comunidad y se comprometieron a pagar la cantidad de $3,000 tres mil pesos a Doña Rosa dejando como garantía un Certificado de Derechos Agrarios, posteriormente acudieron a la Fiscalía de Distrito zona Selva para denunciar penalmente a sus autoridades comunitarias.
Las autoridades de Nuevo Jericó, señalan que el Ministerio Público encargado de la averiguación previa iniciada por la denuncia de Gerónima, ha mostrado una actitud discriminatoria y prepotente hacia ellos e incluso ha amenazado con consignar la averiguación previa para obtener una orden de aprehensión en contra del señor Lucas Arcos Montejo.
Este Centro ha documentado el presente caso y puede afirmar que existen elementos para considerar que la autoridad ministerial en mención está realizando actos discriminatorios hacia las autoridades del ejido Nuevo Jericó, tendientes a desconocer sus derechos como representantes de una comunidad y/o pueblo indígena dentro de los cuales se prevé impartir justicia y resolver los asuntos de caracter interno de conformidad a su sistema jurídico. Lo que implica una responsabilidad para el gobierno mexicano el garantizar que cualquiera de los actos emitidos por sus agentes estatales se apegue al cumplimiento y garantía de los derechos de los pueblos indígenas contenidos en los tratados internacionales suscritos y ratificados por México.