San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 21 de octubre de 2010

Excarcelan a 15 personas responsables materiales de la Masacre de Acteal

La impunidad, sustento del Estado mexicano en los Crímenes de Lesa Humanidad

El día 14 de octubre del 2010 este Centro de Derechos Humanos tuvo conocimiento, por los medios de comunicación nacional, que un juez federal ordenó la excarcelación de 15 personas, señaladas por los sobrevivientes como autores materiales de la Masacre de Acteal. Los liberados fueron beneficiados con la remisión parcial de la pena, y se les otorgó la libertad anticipada.

La mayoría de este grupo de 15 personas vivían en Acteal, son familiares cercanos y vecinos de los sobrevivientes de la masacre. Es preciso mencionar que varios excarcelados han confesado su participación en la Masacre de Acteal y todos fueron plenamente reconocidos y señalados ante las autoridades competentes por los testigos y sobrevivientes.

El Estado mexicano al beneficiar con la libertad anticipada a las 15 personas confirma su negativa en impartir justicia en el caso de la Masacre de Acteal, ya que los recién liberados estaban sentenciados en primera instancia a 36 años y 3 meses de prisión por los delitos de: homicidio calificado, lesiones calificadas, portación de arma de fuego sin licencia y de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea. En el recurso de apelación, los jueces federales les redujeron la pena a 26 años. Con la atracción de los amparos promovidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), nuevamente fueron beneficiados con la reducción de la pena a 18 años y una reclasificación por delitos simples por lo que ahora se les beneficia con la libertad anticipada.

Cabe recordar que el 19 de agosto del 2009 fueron liberados 20 civiles indígenas, sentenciados también como autores materiales de la masacre. El 4 de noviembre fueron liberados 9 personas más. En estas acciones, la autoridad responsable es la SCJN quien atrajo y resolvió los amparos promovidos por la defensa asumida por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

La protección del Estado mexicano hacia los perpetradores de la masacre es clara y contundente, ante la insistencia de sepultar los sucesos del 22 de diciembre de 1997, día en que se cometió este Crimen de Estado, y como consecuencia negar la acción paramilitar en las zonas de los Altos y Norte de Chiapas en el marco del Conflicto Armado Interno no Resuelto, donde la estrategia de contrainsurgencia quedó evidenciada ante estos hechos. De igual forma, se repite esta estrategia como lo confirman los recientes desplazamientos forzosos en Oaxaca y Chiapas.

La protección se extiende en la nula investigación hacia los autores intelectuales de la masacre, todos funcionarios públicos de ese entonces: Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de la República; Emilio Chuayfett, Secretario de Gobernación; Mario Renán Castillo, Comandante de la Séptima Región Militar; Gral. Enrique Cervantes, Secretario de la Defensa Nacional; Julio Cesar Ruiz Ferro, Gobernador del Estado de Chiapas; Homero Tovilla Cristiani, Secretario de Gobierno del Estado de Chiapas; Uriel Jarquín Gálvez, Subsecretario de Gobierno del Estado de Chiapas; entre otros.

Según información difundida en los medios de comunicación la defensa de los autores materiales advierte que se promoverá ante la SCJN un incidente de reconocimiento de inocencia, para que 24 personas más puedan obtener un beneficio de libertad en los próximos meses. Tal como ha sido la actuación del gobierno mexicano, es de suponerse que serán liberados, dejando en absoluta indefensión a los sobrevivientes de la Masacre de Acteal, que han manifestado su preocupación y temor ante los hechos de que los grupos paramilitares no han sido desarmados e investigados, pues los agresores siguen en posesión de las armas que fueron usadas y pueden volver a usarlas.

Este Centro de Derechos Humanos ve con preocupación las decisiones tan lamentables que están generando precedentes de impunidad y ausencia del estado de derecho. Se evidencia también la falta de división real de poderes en nuestro país. Todo esto en un escenario donde el Estado presenta al exterior una imagen de respeto, protección y garantía a los derechos humanos, que no corresponde a la realidad de los hechos que se viven en México; así lo confirman las recientes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde el Estado es condenado y considerado responsable de crímenes de lesa humanidad, como en los casos: Rosendo Radilla en Atoyac, Guerrero y Campo Algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Frente a los hechos anteriormente mencionados, este Centro seguirá acudiendo ante las instancias internacionales de Derechos Humanos para demandar al Estado mexicano por el incumplimiento en su obligación de garantizar la Justicia a los sobrevivientes de la Masacre de Acteal.

Continuaremos denunciando en diversos foros nacionales e internacionales la estrategia contrainsurgente que se busca ocultar, así como la responsabilidad en que ha incurrido el Estado mexicano en su conjunto, al no garantizar el derecho a la vida (de 45 personas indígenas, cuatro aún no nacidas); a la justicia; a la verdad y al no tomar medidas de no repetición, de estos hechos violatorios de los derechos humanos que se mantienen en impunidad, la cual parece no tener límites.

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