Hace 100 años, las dos terceras partes de los trabajadores laboraban en la agricultura como jornaleros o aparceros, se iniciaba también la modernización industrial y grandes corporaciones económicas y financieras se aposentaban en estados como Veracruz, Puebla y Tlaxcala. Los textileros, azucareros, ferrocarrileros y mineros constituirían la clase obrera que daría las grandes batallas de finales del siglo XIX y principios del XX; luchas que demostraron el hartazgo de los trabajadores ante la explotación que sufrían por empresarios, la mayoría extranjeros: 14 a 15 horas de jornada diaria y labor extenuante, salarios miserables que apenas alcanzaban para comer: 1.10 pesos al día, cuando el kilo de carne de res costaba 0.48 centavos o el de café 0.50; tiendas de raya mediante las cuales los patrones extendían sus ganancias; trato inhumano de capataces y jefes; explotación de mano de obra infantil; ausencia de seguridad social y medidas de protección al trabajo, y, obviamente, represión a toda forma de organización colectiva.

El descontento motivado por estas condiciones fue orientado por los llamados “Círculos Obreros”. Los trabajadores se reunían por las noches con todos los riesgos, promovían ampliamente como instrumentos de comunicación los periódicos El hijo del Ahuizote, Regeneración, El Paladín, El Colmillo Público y La Revolución Social, mismos que repartían entre obreros que se organizaban clandestinamente; todo un esfuerzo ejemplar para nuestra generación. Reconocían como medio privilegiado de organización el contar con un círculo de estudios, una biblioteca y una caja de ahorros. Esta entrega y lucidez gestó, entre otras, las luchas de Cananea y Río Blanco, así como una amplia red de solidaridad. Junto con los trabajadores del campo y las organizaciones antirreleccionistas lograron que en la nueva Constitución Política se integrara un destacado capítulo social contenido en los artículos 123, 27 y 3.

Cien años después, constatamos que buena parte del artículo 123 se ha convertido en una vieja ilusión. Confirmémoslo en cuatro de sus postulados básicos: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil”. “Los salarios mínimos deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos…”. “El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes… así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores…”. “…los obreros tendrán derecho… para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera”.