En el caso de Molinar Horcasitas, su permanencia en el equipo de gobierno era cuestionada desde hace meses por su desempeño en el episodio de la llamada licitación 21 –entregada a Televisa y Nextel en un proceso marcado por la falta de transparencia, la sospecha y la presumible ilegalidad–; por la actitud omisa de las autoridades del ramo ante la quiebra de Mexicana de Aviación y por el infortunio de la llamada transición digital
, ordenada por el Ejecutivo y revertida posteriormente por un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Adicionalmente, el ex funcionario venía arrastrando señalamientos por su presunta responsabilidad en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en el que murieron medio centenar de niños el 5 de junio de 2009. Entre esos señalamientos destaca el dictamen elaborado por el ministro de la SCJN Arturo Saldívar, quien presentaba a Molinar y a otros funcionarios como responsables de la tragedia –que fue rechazado en julio pasado por la mayoría de los integrantes del máximo tribunal–, y las demandas interpuestas en su contra por legisladores de oposición.
Es decir, el ahora ex secretario de Comunicaciones y Transportes tenía muchos frentes abiertos, y en todos ellos arrastraba responsabilidades políticas ineludibles, por no hablar de las faltas de orden civil o penal en que pudo haber incurrido. Tal circunstancia había convertido a Molinar en un pasivo para el gobierno federal, y su permanencia en el gabinete resultaba insostenible desde hace meses: su salida del cargo se presenta, pues, como tardía e insuficiente para revertir desprestigio y la pérdida de credibilidad que provocó –durante los meses que se mantuvo en el cargo– al gabinete y a la institucionalidad en su conjunto.
Por lo demás, el relevo anunciado en la Sener y en la secretaría particular de Los Pinos obligan a recordar el papel desempeñado por la actual administración como gestora de los intereses privatizadores. Como recordó ayer el propio Calderón, durante la actuación de Kessel al frente de Energía se concretaron la reforma a Pemex de 2008 y la extinción de Luz y Fuerza del Centro, episodios ambos que representaron golpes a la propiedad pública y retrocesos en materia energética, que también abrieron la puerta a oportunidades de negocio para contratistas privados.
En lo que toca a la remoción de Bravo Mena, resulta significativo que, para remplazarlo, el jefe del Ejecutivo haya recurrido a Roberto Gil Zuarth, quien hasta hace pocas semanas aspiraba a la dirigencia nacional panista: dicho nombramiento pone en perspectiva una notable escasez de cuadros y de relevos en el grupo gobernante.
Por último, es meridianamente claro que la constante reconfiguración a la que ha sido sometida la actual administración –que llega a su cuarto año con una treintena de cambios en sus filas– ha gravitado como un factor del fracaso que se vive en los distintos ámbitos del quehacer gubernamental, pues ha privado al grupo en el poder de la cohesión, la coordinación y las bases necesarias para el éxito de cualquier organización, máxime si se trata de la cosa pública.