Miguel Concha
La Redim calcula que “tendencialmente”
más de mil niños, niñas y adolescentes han perdido impunemente la vida en los últimos años en el combate contra los cárteles, pues los datos requeridos a las dependencias oficiales son parciales e incompletos. Y afirma también que según cifras de la Academia unos 30 mil niños y niñas cooperan con los grupos criminales en distintas formas, involucrados en la comisión de unos 22 delitos, desde tráfico de drogas hasta secuestro de personas, desde trata de seres humanos hasta extorsiones, contrabando, piratería, corrupción, etcétera. Todo ello sin contar a los que han quedado lisiados, huérfanos de uno o los dos padres, de sus familiares adultos y en el desamparo. Especifica que en general –aunque ahora ello también depende de las actividades y capacidades concretas delictivas que van adquiriendo–, los más pequeños, pertenecientes más bien a bandas y pandillas locales, trabajan en el narcomenudeo y como vigilantes de las actividades que realizan las organizaciones criminales. Los más grandes, en cambio, enrolados muchas veces en la base operativa de las mafias trasnacionales, trabajan en el traslado de la droga, y comienzan ya a ser contratados como sicarios a partir de los 16 años. A las niñas se les ocupa en el empacamiento de la droga.
Para la Redim sin embargo estos niños, niñas y adolescentes no deben ser considerados sólo como infractores de la ley, porque también ellos son víctimas de la explotación del crimen organizado. Además de que unirse a él es una opción tentadora cuando se combinan la falta de opciones de vida con el fácil acceso a las drogas y a las armas, y la violencia familiar o comunitaria impregna el vecindario. Con preocupación la Redim añade que el narcotráfico está ya teniendo un impacto cultural sobre niños y niñas, pues la identidad de muchos de ellos se está transformando en querer ser el líder del grupo criminal, en exaltar los actos de los narcotraficantes y en querer emularlos.
Por todo esto la Redim observa que no existen todavía en México “protocolos de seguridad para la niñez”
en el contexto de las acciones violentas contra el narcotráfico, y que “las disposiciones del Código de Justicia Militar (muy viejo y anterior a las Convenciones de Ginebra) son muy pobres respecto de los crímenes de guerra y no contemplan el reclutamiento de niños y niñas por parte de las fuerzas armadas ni por parte de grupos armados. Además, ni el Código Penal Federal ni ninguna otra ley sancionan esas conductas”
. Por el contrario se incrementa el estigma, sin investigaciones ni pruebas, de que los niños y niñas que fallecen en el contexto de la lucha armada contra el narcotráfico están asociados a actividades delictivas. Pide por ello prohibir explícitamente, por ley, el reclutamiento forzado de niños y niñas menores de 18 años por parte de las fuerzas regulares, y el reclutamiento forzado y voluntario de niños y niñas menores de 18 años por parte de grupos armados.
La Redim explica que a pesar de que actualmente mueren más personas en México por armas de fuego similares a las que se encuentran en cualquier conflicto interno, que las que mueren en conflictos armados de baja intensidad en otros lugares del mundo, y de que los cárteles de la droga constituyen una presencia territorial paramilitar en varias áreas del país, no se puede hablar en México de un conflicto armado interno según los principios del derecho humanitario internacional. Y da para ello con pertinencia entre otras las siguientes razones. Categorizar la situación mexicana como “conflicto armado”
tendría como consecuencia la calificación de los criminales como “combatientes”
, con la protección que les pertenece, incluida la posibilidad de ejercer violencia “legalmente”
y legalizar los “daños colaterales”
relacionados con la guerra.
Además, clasificar el conflicto mexicano como “conflicto armado”
contribuiría a legitimar la violencia de los cárteles y a justificar los niveles ya altos de fuerza letal estatal utilizada en la lucha contra el narcotráfico. Lo que excluiría que las fuerzas armadas tengan que actuar bajo el estado de derecho y cumpliendo estrictamente con los derechos humanos.