Seis textos importantes que informa SIPAZ

MÁS ALLÁ DE CHIAPAS

El legado de Don Samuel Ruiz García (1924-2011)

Desde el pasado 26 de enero, yace en el altar de la catedral de San Cristóbal de las Casas. Miles de personas de todas las edades, clases sociales o color de piel, se acercaron a despedirse de su jtatic o jtotic (“Padre” en lenguas tseltal y tsotsil). Don Samuel Ruíz García, obispo emérito de la diócesis de San Cristóbal (de la que fue su titular entre 1959 y 1999), falleció el 24 de enero de 2011 en un hospital de la Ciudad de México. Sus restos fueron trasladados a San Cristóbal el 25 de enero por la madrugada, el mismo día en que celebraría sus 51 años de ordenación episcopal.

Figura clave de la teología de la liberación con una clara opción por los pobres, jugó un papel importante en la toma de conciencia y consolidación de procesos organizativos de los pueblos indígenas de Chiapas, en particular después del Congreso Indígena de 1974. Samuel Ruiz García fue también mediador en varios conflictos latinoamericanos, en especial en el conflicto de Chiapas entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal; o en 2008, junto con otros intelectuales mexicanos, entre el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el gobierno de Felipe Calderón.

En una salida a comunidades después de su muerte, recibimos muchos testimonios de personas conmovidas por la muerte de Don Samuel también conocido entre las mismas como “El caminante” por haber recorrido su diócesis innumerables veces. Por ejemplo, “Vino acá, estuvo con nosotros acá en esta comunidad varias veces, lo conocí y como él es muy defensor de los pobres y demás él estuvo 3 o 4 días acá. Nunca tuvo miedo, se enfrentó al problema y con los pobres… Sufrió con nosotros, también estuvo amenazado por el gobierno igual a nosotros solo porque defendemos el derecho… Apoyó a muchas comunidades, no solo comunidades, todo México. No hizo distinción, hizo todo parejo Don Samuel Ruiz” (testimonio de Sebastián en Jolnixtié, zona baja de Tila).

En el entierro de Don Samuel, la sociedad civil las Abejas dio también un testimonio en la que muchas otras voces podrían encontrar un eco en el sentido de rescatar todo lo que sembró: “Jtotik Samuel, te vas, pero te quedas en nuestro corazón. Te vas, pero los frutos de tu trabajo aquí seguirán dando más frutos. La Organización Las Abejas es un ejemplo de esos tantos frutos de tu trabajo. Gracias Jtotik Samuel ya no caminamos encorvados. Ya no bajamos la cabeza al “poderoso”, gracias a ti.”

Más allá de Chiapas, fue conocido y reconocido mundialmente, incluso desde distintas confesiones, como referente de una iglesia sencilla, participativa, autóctona, fraterna, servidora de lo humano en su contexto más amplio, testimonio de esperanza aún en la oscuridad en que podemos sentirnos sumergidos en la actualidad. Desde distintas partes del país y del mundo, llegaron expresiones de pésame, y el reconocimiento por sus aportes en materia de derechos humanos, paz y diálogo interreligioso en el contexto local, nacional e internacional.

Muchos han hablado de su propia conversión al llegar a Chiapas y descubrir la situación de marginación en la que se encontraban los indígenas en el estado. A través de la fuerza de su testimonio en las múltiples veces que dio la vuelta al mundo, ayudó a otras y otros a abrir los ojos no sólo sobre la realidad de los pueblos indígenas de Chiapas, de México o América Latina, sino sobre la de los oprimidos y excluidos en países aparentemente más opulentos. Su caminar puso a andar a muchas y muchos otros sobre la huella de esa misma revelación.

Desde su propia fe, posición y carisma, trascendió como referente ecuménico e interreligioso. En este plano, como SIPAZ, hemos compartido con él diversos espacios: actividades del Peace Council, Encuentros Ecuménicos realizados en Chiapas en 1997 y 1998, Encuentro Interreligioso por la Paz realizado en Chiapas en 1999, creación de la Escuela Bíblica (que llegó a convertirse en la actualidad en el Instituto de Estudios Interculturales), entre otros.

En noviembre de 1999, para el 75º cumpleaños de Monseñor Ruiz (edad de renuncia obligatoria para los obispos católicos), SIPAZ promovió una iniciativa que permitió que cerca de 300 líderes religiosos de 26 países se unieran para emitir un pronunciamiento por sus “40 años de ministerio profético y pastoral”.

El pronunciamiento, titulado “Escojan la Vida”, fue respaldado por distintas denominaciones cristianas, así como por líderes de las religiones judía, musulmana y budista. Allí se leía: “Dios nos ha bendecido, elevando de entre nosotros a líderes profundamente arraigados en su pueblo, que aprovechan estos tiempos críticos para convertir la oscuridad en luz, el miedo en coraje, y la desesperación en esperanza. Para nosotros Samuel Ruiz ha sido uno de estos líderes. (…) Nosotros nos sentimos llenos de gratitud y humildad por la visión de liberación que el pueblo de Chiapas ha proclamado proféticamente. Eso nos ha hecho mirar nuestras propias vidas de una manera distinta. (…) Siempre guiando desde adentro mismo de su pueblo, él ha articulado una perspectiva que resuena como una de las verdades más profundas que conocemos: que el Dios de la Vida nos llama a la justicia, la misericordia y la humildad, y que sólo escogiendo la vida conoceremos la verdadera liberación y la alegría”.

Esta expresión de apoyo internacional, ecuménica e interreligiosa hacia el obispo de un remoto lugar como es Chiapas, ilustra como Don Samuel se convirtió en un símbolo de esperanza para mucha gente. Como SIPAZ, rescataríamos 5 elementos de su acción que pueden seguir inspirándonos.

Un llamado a la humildad, a la congruencia y al cambio personal: Don Samuel nos enseñó que la verdadera espiritualidad, muy distinta del espiritualismo, debería incluir tanto lo interno como lo externo. Nos enseñó no nada más en palabras sino desde su propia forma de ser, humilde, a mirar no sólo al Cielo, sino hacia abajo y hacia adentro. En una homilía de enero de 1994, Don Samuel dijo: “Es urgente una conversión personal y un cambio profundo en la estructura de la sociedad, porque no se da una cosa sin la otra.”
Paciencia y capacidad de escuchar al otro y la otra, dándole peso a su palabra independientemente de su edad, género, estatuto social o confesión de fe. Tal vez sea algo que haya aprendido de las comunidades indígenas, donde también se le da espacio a la palabra para tomar acuerdos. Don Samuel aprendió y habló muchos idiomas, occidentales e indígenas. Sabía reconocer en todos y cada uno un ser, un sujeto más que un objeto, algo que enfatizaba mucho cuando hablaba de los pueblos indígenas. Propiciaba la participación de todas y todos, hombres y mujeres, religiosos y laicos.
No violencia activa: En su carta pastoral “Una nueva hora de gracia” (2004), planteó “Luchar por la paz significa no sólo oponerse a la guerra o tomar una posición pacifista simple; sino tomar una posición integral que, pasando por cuestionar al sistema capitalista neoliberal, nos interpele también en la justificación de la violencia, como si fuera ésta el único camino para enfrentar la injusticia. Al reflexionar seriamente la posición del propio Cristo, que proclamó su mandamiento nuevo de amar al prójimo como él nos amó y de amar inclusive a nuestros enemigos, se concluye que es la no-violencia activa, la real alternativa para construir una sociedad donde quepan todas y todos, sin que se tenga que sacrificar a nadie para conservar la paz y el orden”.
No tener miedo: Don Samuel se mantuvo firme en medio de las críticas, señalamientos y agresiones (incluso física) en contra de su persona o de la diócesis. Nos enseña que a pesar de todo, no debemos de tener miedo sino afrontar las consecuencias de las opciones que debemos de asumir como cristianas y cristianos frente a la realidad violenta que nos rodea. En la carta pastoral “Una nueva hora de gracia”, Don Samuel escribió: “Jesús nos llama a ser sus defensores aunque en ello tengamos que recorrer su propio camino: el de la Cruz. La pregunta que Dios nos hará al final de nuestra existencia será: ¿De qué lado estuvimos? ¿A quién defendimos? ¿Por quién optamos?. Preguntas que nadie, ni los poderosos, podrán eludir al final de su vida”.
Mantener la esperanza en alto a pesar de los pesares: La lectura de las “señales de los tiempos” muchas veces puede llevarnos a las desesperanza, al desánimo o a mantenernos pasivos. Lo que admiramos siempre en Don Samuel fue su capacidad de seguir viendo señales de luz en medio de tanta oscuridad. En la entrevista que realizó Don Samuel con Jorge Santiago en 1996 afirmaba: “Creo que los hombres de fe, entendidos así, que se dejan llevar por la iluminación, que están dispuestos a caminar y a partir, aunque no haya claridad en ese momento, pero sabiendo que la luz está ahí, la percibirán y mirarán el panorama, pues esta luz ofrece no solamente la tranquilidad, sino también una esperanza firme hacia el futuro”. En su carta pastoral ya mencionada, Don Samuel decía “Se visualiza con esperanza la fuerza globalizadora de los excluidos, que no aceptan que este sistema sea el definitivo, sino que vehementemente expresan que otro sistema, donde la justicia y la verdad resplandezcan, es urgente, y posible”.
Pablo Romo (colaborador de Don Samuel en distintos espacios, actualmente integrante de Servicios y Asesoría para la Paz – Serapaz), nos hacía un comentario hace unos años sobre el lema de Francia: “Libertad, igualdad, fraternidad”. Decía, los países del Occidente le han aportado a la humanidad mucho en clave de “libertad”; los del Este, en clave de igualdad; los del Sur son quienes ahora nos llaman a repensarnos como hermanos y hermanas, fraternos, como única forma de salvar a la humanidad de sí misma. En la carta pastoral “Una nueva hora de gracia”, Don Samuel escribía: “los pobres y los pueblos indios, son exponente claro de la toma de conciencia de la identidad étnica y cultural opuesta a la homogenización, a la que nos conduce la globalización actual: ellos son los actores eficazmente presentes en la transformación de varios países del continente; ellos están inyectando una dosis de “valor comunitario” a un sistema infectado de un nocivo individualismo, ellos enarbolan la bandera de la dignidad humana y del derecho individual y colectivo, denegado por este sistema neo-liberal; ellos son el tronco que conserva la esperanza de la construcción de una sociedad alternativa, fundada en el reconocimiento y respeto a la diferencia, y son “el resto” que contiene una visión que mira la diversidad, como un conjunto de nuevas riquezas y potencialidades para el desarrollo humano”.

Para SIPAZ, Don Samuel, los pueblos indígenas de Chiapas, han sido rostros de esperanza que nos han permitido reconocer que no sólo es “urgente”, sino también “posible” construir un nuevo mundo verdaderamente “fraterno”.

:: ACTUALIDAD

Violencia en México: ¿callejón sin salida?

La desclasificación de correspondencia interna del Departamento de Estados de los Estados Unidos, por parte de Wikileaks (sitio de Internet dedicado a la publicación de información clasificada), obtuvo una inusitada repercusión a nivel mundial y fue objeto de múltiples reacciones en la esfera internacional. Respecto a México, lo publicado generó cierto debate, pero más que presentar información nueva confirmó rumores que ya habían circulado, sobre todo respecto a la controvertida estrategia de combate al crimen organizado. Por otro lado, México logró posicionarse en el ámbito internacional como anfitrión de la Conferencia de las Partes (COP-16) sobre el cambio climático en diciembre de 2010 en Cancún, por el acuerdo que se logró en contrario a lo esperado. Sin embargo, voces críticas que se manifestaron en contra de la COP-16, señalaron que es urgente y necesario un cambio más profundo en los modos de producción alimentaria, para evitar daños graves e irreversibles para la humanidad.

La violencia omnipresente que sufre México desde hace varios años, originada desde la lucha por el control de rutas y plazas entre las bandas del crimen organizado, y la lucha frontal que el gobierno federal le declaró a éstas, sigue siendo el foco de interés en los medios, mientras la misma sociedad mexicana empieza a naturalizarla de manera preocupante. A principios de febrero, el Subcomandante Insurgente Marcos, jefe militar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), advirtió en una carta llamada “Sobre las guerras” que el gobierno federal no podrá ganar la guerra que le declaró al crimen organizado y que “se está destruyendo el tejido social en casi todo el territorio nacional“ por lo mismo. Con referencia a la industria militar, opinó que el único actor que gana en esta guerra es Estados Unidos, dado que se beneficia de la necesidad de armamento en México (tanto del lado del Ejército Mexicano como de parte del crimen organizado), y que también le favorecerá la reconstrucción y el reordenamiento geopolítico como resultado de esta guerra.

En este contexto difícil, las voces críticas y con autoridad moral resultan ser más necesarias e importantes para contrarrestar los abusos del poder. Una de ellas calló para siempre: el 24 de enero falleció el obispo emérito de San Cristóbal de Las Casas, don Samuel Ruiz García. Su muerte fue lamentada por la sociedad civil, pero paradójicamente también por la clase política mexicana y la jerarquía católica, quienes en más de una ocasión se habían opuesto a sus posiciones y su actuación. Dos de los grupos armados en el país, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el EZLN, emitieron un comunicado a raíz de su fallecimiento. El EPR agradeció su participación en la Comisión de Mediación, en búsqueda de aclarar el paradero de dos de sus militantes, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Por su parte, el EZLN hizo un recuento de los hostigamientos, las amenazas y un atentado que había sufrido el obispo emérito por haber asumido el papel de mediador entre los zapatistas y el gobierno federal. Reconoció su trabajo a favor de las comunidades indígenas y agregó: “En el EZLN, católicos y no católicos, creyentes y no creyentes, hoy no sólo honramos la memoria de Don Samuel Ruiz García. También, y sobre todo, saludamos el compromiso consecuente de l@s cristian@s y creyentes que en Chiapas, en México y en el Mundo, no guardan un silencio cómplice frente a la injusticia, ni permanecen inmóviles frente a la guerra. […] Se va Don Samuel, pero quedan muchas otras, muchos otros que, en y por la fe católica cristiana, luchan por un mundo terrenal más justo, más libre, más democrático, es decir, por un mundo mejor. “

El EZLN había sido mencionado en varios medios mexicanos e internacionales a principios de 2011, cuando se le atribuyó el secuestro de Diego Fernández de Cevallos, ex-candidato presidencial del Partido de Acción Nacional (PAN) en 1994 y varias veces senador por este partido, en base de un comunicado de un supuesto integrante del grupo armado. En el desmentido, firmado por colaboradores cercanos del EZLN, se advirtió que serían las comunidades zapatistas las más afectadas por estas versiones y las que sufrirían mayores hostigamientos.

Derechos Humanos en México, en la mira internacional

La preocupación de organismos internacionales por la situación de derechos humanos en México no ha cesado. En noviembre de 2010, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presentó una actualización de su informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en el país, en la que Chihuahua, Oaxaca, Guerrero y Chiapas aparecen como los estados con mayor número de denuncias. Javier Hernández Valencia, representante del organismo, advirtió que México está pasando por un momento crítico, pues el nivel de violencia plantea serios retos para las autoridades en materia de seguridad pública y de protección de la ciudadanía.

Otro pendiente de México es el cumplimiento con las sanciones dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por violaciones a derechos humanos. En el caso conocido como “campo algodonero” (Ciudad Juárez, Chihuahua), donde en 2001 fueron asesinadas varias mujeres, el Estado mexicano había sido condenado por la CoIDH en 2009. Al cumplirse un año de la sentencia el pasado 10 de diciembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó sobre los avances en el cumplimiento de la sentencia, mismos que fueron cuestionados por la abogada defensora del caso. Al igual, la sentencia en el caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo, mujeres indígenas meph’aa de la región de La Montaña (Guerrero) que fueron violadas por elementos del Ejército Mexicano, todavía no ha sido acatada por el Estado mexicano.

En diciembre de 2010, también cumplió un año la sentencia de la CoIDH en el caso Rosendo Radilla, activista social en los ‘70, y víctima de desaparición forzada. En el marco de este aniversario, varias organizaciones civiles y sociales denunciaron que ésta sigue siendo una política vigente. Cabe mencionar que en los últimos años también se ha dado el fenómeno de los llamados “levantones” (desapariciones sin aparentes motivos de raíz política o social), por las que no se ha pedido rescate, alcanzando al menos 500 en lo que va del sexenio del presidente Calderón.

La reforma constitucional en derechos humanos, en camino

Por su parte, organizaciones nacionales e internacionales manifestaron su rechazo a la impunidad imperante en lo referido a las altas cifras de feminicidios (asesinatos de mujeres por ser mujeres) en el país. Los asesinatos de Marisela Escobedo el 18 de diciembre y de Susana Chávez el 5 de enero, ambos ocurridos en Ciudad Juárez (Chihuahua), encontraron un eco mediático muy fuerte, tomando en cuenta que ambas mujeres eran reconocidas activistas que luchaban por esclarecer estos mismo casos. Pero no se trata de un problema circunscripto al Norte de México sino de todo el país: vale como ejemplo que en el Estado de México se registraron 922 feminicidios desde el 2005; sin embargo, las autoridades mexiquenses han tratado de desviar la atención pública con argumentos que culpan a las víctimas por haberse expuesto a situaciones de riesgo.

Siendo tema de la agenda legislativa desde hace varios meses, a mediados de diciembre de 2010 la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Aún falta que el Senado decida sobre ella y que los congresos de los estados aprueben la reforma para que pueda entrar en vigor. Uno de los puntos más controvertidos había sido la propuesta de darle facultades de investigación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en casos de violaciones a derechos humanos. Según el dictamen aprobado, se le concedería la facultad al consejo consultivo de la CNDH de indagar graves violaciones, sin convertirlo en autoridad investigadora. Otro de los cambios previstos por la reforma es que quedaría explícita la prohibición de toda discriminación por preferencias sexuales. Organizaciones civiles como Amnistía Internacional México, reconocieron que la aprobación de la reforma significaría la erradicación de lagunas legales y podría garantizar de manera más eficaz el reconocimiento de los derechos humanos. Amnistía Internacional México consideró que la reforma sería un paso importante para adecuar la legislación interna a estándares internacionales en la materia. Sin embargo, manifestó preocupación por el carácter limitado de la definición de motivos válidos en casos de asilo.

Guerrero: ¿cuenta nueva con nuevo gobernador?

El pasado 30 de enero se realizaron las elecciones para gobernador y el congreso local en el estado de Guerrero. El candidato de Guerrero Nos Une, coalición formada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia, Ángel Aguirre Rivero, fue declarado ganador, aunque la noche de los comicios el candidato de la alianza Tiempos Mejores para Guerrero, del PRI y los partidos Nueva Alianza (Panal) y Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Añorve Baños, también reclamaba la victoria. El candidato del PAN renunció a la contienda pocos días antes de las elecciones y desde la cúpula panista se promovió el voto a favor de Aguirre Rivero, lo que resultó en una coalición de facto entre PRD, PT, Convergencia y PAN.

El ambiente preelectoral estuvo empañado de agresiones, desapariciones, filtraciones telefónicas y tensiones. Aguirre Rivero y Añorve Baños se quejaron de la proliferación de mensajes en diferentes medios para desacreditar al adversario. En un informe publicado previamente a las elecciones, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunció que el proceso electoral se iba a dirimir en un “ambiente enrarecido” por la violencia del crimen organizado y por las actuaciones de los partidos que estaban orientadas a “generar temor y un clima de inestabilidad social”. Frente al clima de inseguridad, 7500 policías fueron desplegados durante los comicios y ciertamente nada más se presentaron incidentes menores el día de las elecciones.

Ultimamente, las diferentes organizaciones sociales de Guerrero se han visto nuevamente confrontadas con un ambiente adverso: El 5 de noviembre, la Minera Hochschild Mexico informó a la Policía Comunitaria-Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (PC-CRAC) en San Luis Acatlán (Costa Chica) que contaban con una autorización del INEGI para realizar vuelos rasantes de reconocimiento para detectar minerales que puedan ser explotados. A principios de enero, la CRAC-PC denunció que seguían las exploraciones de las empresas sin el permiso de las comunidades afectadas. Por otra parte, tres integrantes de Radio Ñomndaa siguen teniendo un proceso legal abierto, supuestamente por haber participado en un secuestro. A pesar de la decisión jurídica, contra la que interpusieron una apelación, la radio comunitaria celebró su sexto aniversario los días en diciembre en el municipio autónomo Suljaa’ (Xochistlahuaca).
También en el caso del proyecto hidroeléctrico La Parota y la oposición al mismo se agitaron las aguas otra vez: la Comisión Federal de Electricidad (CFE; empresa paraestatal encargada del suministro de energía eléctrica) revivió la pugna tras solicitar al Congreso federal recursos por más de 4.200 millones de pesos en el presupuesto de 2011, que podrían permitir la construcción de la presa. A principios de este año, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (CECOP) decidió volver a instalar el plantón en La Parotilla para impedir el acceso de la CFE a los terrenos donde se pretende realizar el proyecto hidroeléctrico.

Oaxaca, violencia postelectoral y expectativas

Uno de los desafíos inmediatos del nuevo gobierno de Gabino Cué Monteagudo es frenar la violencia con rasgos sociales o políticos que se ha dado últimamente en Oaxaca. El 25 de enero, fueron ejecutados el líder estatal de la Central Campesina Cardenista Democrática (CCCD), Renato Cruz Morales y su escolta Santos Lagunas. Cruz Morales había sido detenido el 16 de agosto del 2006 por su participación en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Como parte de la violencia postelectoral, el 13 de enero fue asesinado el presidente municipal de Santiago Amoltepec, Luis Jiménez Mata.

Al parecer, pese al cambio de gobierno en Oaxaca no se ha modificado la situación de hostigamiento que desde el conflicto social del 2006/2007 han sufrido defensores de derechos humanos y activistas vinculados a la APPO. El 11 de enero, Alba Cruz, abogada y defensora de derechos humanos recibió nuevas amenazas, vinculadas a su trabajo de defensa legal de víctimas en casos relacionados con las manifestaciones generalizadas y los abusos policiales ocurridos en el estado en 2006. El 31 de enero, el hijo de Marcelino Coache, Edgar Coache Verano, fue amenazado de muerte. Esta reciente amenaza es la última de una serie de actos de intimidación y acoso contra el activista político oaxaqueño Marcelino Coache y su familia que ya habían sufrido amenazas de muerte en ocasiones anteriores, sin que se hubiera esclarecido el origen y llevado a los responsables ante la justicia.

La situación de los migrantes que pasan por territorio mexicano en su camino a Estados Unidos también ha tenido un fuerte impacto mediático recientemente. A principios de enero, se realizó la caravana “Paso a paso hacia la paz”, de migrantes y activistas de su causa, que pretendió llamar la atención sobre los peligros y riesgos que los migrantes enfrentan, sobre todo por parte del crimen organizado, o bien por los tratos denigrantes de parte del Instituto Nacional de Migración. El párroco de Ixtepec (Oaxaca), Alejandro Solalinde Guerra, director del albergue “Hermanos en el Camino”, demandó a las autoridades mexicanas brindarles mejor protección. Por su apoyo a los migrantes, el padre Solalinde ha recibido amenazas de muerte del crimen organizado.

Chiapas: preocupaciones constantes

El riesgo que corren defensores de derechos humanos en Chiapas, hacia finales del año 2010 alcanzó un nuevo clímax. El 24 de noviembre, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) denunció nuevos actos ocurridos en San Cristóbal de Las Casas, que ponen en riesgo la vida y la integridad de Margarita Martínez Martínez así como la de los integrantes del equipo del CDHFBC. Esta situación obligó al Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ) a tomar la decisión excepcional de realizar acompañamiento institucional a los defensores del CDHFBC. A pesar de la preocupación expresada por organizaciones civiles nacionales e internacionales, las intimidaciones siguieron en el entorno del organismo de derechos humanos. El 17 de diciembre de 2010, éste denunció públicamente que dos colaboradores externos, “fueron objeto de vigilancia y hostigamiento en hechos diferentes ocurridos en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas”.

Foto: Manifestación de ejidatarios de San Sebastián Bachajón,
febrero de 2011 © Centro de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de Las Casas

La tensión latente desde hace unos años en la región de Agua Azul, escaló de nuevo a principios de 2011. En la tarde del 2 de febrero, un enfrentamiento entre indígenas adherentes de La Otra Campaña y un grupo de indígenas priistas que se disputan el control de la caseta de cobro del centro turístico de las cascadas de Agua Azul, municipio de Chilón, dejó un saldo de un muerto del lado oficialista y al menos dos heridos. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detuvo a 117 adherentes a La Otra Campaña del municipio de Chilón, de los cuales 107 fueron liberados dos días después. En un boletín especial, el CDHFBC denunció que se habían violado sus derechos a un debido proceso. A los diez detenidos se les dictó auto formal de prisión. El gobierno estatal inició una mesa de diálogo el día 6 de febrero, sin que hubieran participado los adherentes de La Otra Campaña. Cabe señalar que el enfrentamiento ocurrió después de una visita del presidente Calderón al estado, en el marco del “Año del Turismo”, proclamado por el gobierno federal para este 2011. Las atracciones eco-arqueo-turísticas de Chiapas desde hace unos años han sido objeto de disputa entre opositores, partisanos y actores de los proyectos de desarrollo del gobierno estatal, con el capital privado nacional y extranjero.

En el marco de las políticas públicas que el gobierno chiapaneco está implementando, las llamadas Ciudades Rurales Sustentables (CRS) son otra fuente de conflicto. Promovidas fuertemente por la administración de Juan Sabines Guerrero, son rechazadas por las comunidades en cuyas regiones se pretende construirlas. Desde hace varios meses, la Sociedad Civil Las Abejas se ha pronunciado en contra de las CRS. Con una perspectiva más general, el 19 de noviembre de 2010, católicos de 11 municipios de los Altos de Chiapas realizaron una peregrinación en San Cristóbal de las Casas para manifestar su oposición a las Ciudades Rurales, a la explotación minera y a la construcción de presas, proyectos que consideran como “proyectos de muerte”. Durante la misa con la que concluyó la peregrinación, el obispo auxiliar Enrique Díaz Díaz, expresó el apoyo de la Diócesis a los peregrinos y pidió a las autoridades que se tome en cuenta la palabra de los indígenas y de las comunidades, antes de construir obras o poner en marcha proyectos que les afectan.

Las Abejas, organización de sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, recordó el décimo tercer aniversario de la matanza, con la realización del encuentro “Tejiendo resistencia y autonomía frente a la contrainsurgencia y la dependencia”, en diciembre pasado en Acteal. Participaron organizaciones y personas de Chiapas, Oaxaca y Atenco, quienes en el pronunciamiento final afirmaron “tejer alianzas como queremos y globalizar nuestras luchas desde abajo, mantenernos con nuestro propio trabajo sin depender de ayudas ni programas de gobierno”.

:: ENFOQUE

Impunidad en Oaxaca – Balance de Derechos Humanos 2006-2010

2006, 2010: Fechas claves para Oaxaca

En noviembre de 2010, SIPAZ particip ó con una ponencia en un evento convocado por el ‘Comité de Liberación 25 de noviembre’ titulado “Oaxaca: balance de derechos humanos 2006-2010”. Elegir este plazo para propiciar la reflexión se debe a que 2006 fue una fecha clave para el estado: En junio de 2006, la violenta represión de un plantón promovido por el magisterio derivó en el estallido de protestas generalizadas en Oaxaca, en una campaña por lo demás infructuosa para obligar al gobernador Ulises Ruiz Ortiz (2004-2010) a renunciar a su cargo. En este marco, se constituyó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). La violencia política y las manifestaciones continuaron durante todo el 2006 hasta la intervención de la Policía Federal Preventiva a principios de noviembre. Al menos 18 civiles murieron, 370 resultaron heridos y 349 fueron detenidos durante el transcurso del conflicto. Varios organismos de derechos humanos nacionales e internacionales publicaron informes evidenciando una multiplicidad de casos de uso excesivo de la fuerza, detención arbitraria, tortura y fabricación de cargos penales falsos contra los manifestantes. En 2009, una investigación especial llevada a cabo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció la responsabilidad de altos funcionarios del Estado por violaciones de derechos humanos cometidas durante 2006 y hasta 2007. Sin embargo, prácticamente ninguna autoridad federal, estatal o municipal señalada ha rendido cuentas por sus actos.

Por otro lado, 2010 tambi én podría constituir un año bisagra para Oaxaca: El 4 de julio, la Coalición “Unidos por la Paz y el Progreso”, integrada por los partidos PAN (Partido Acción Nacional), PRD (Partido de la Revolución Democrática), PT (Partido del Trabajo) y Convergencia, derribó a la alianza PRI (Partido de la Revolución Institucional)-Verde Ecologista, ganando la elección para gobernador, además de la alcaldía de la capital y la mayoría de los puestos para diputados del Congreso estatal. Estas elecciones pusieron fin a 80 años del PRI en el poder en el estado. El nuevo gobernador que tomó posesión de su cargo el 1º de diciembre, Gabino Cué Monteagudo, ha prometido responder a las cuestiones que suscitan preocupación en torno a los derechos humanos en el estado, mismas que quedaron resumidas en una carta abierta de Amnistía Internacional publicada el 10 de diciembre en la que la organización resaltó cuatro grandes pendientes: los abusos contra migrantes indocumentados, los ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos, la situación en la región Triqui y la impunidad por las violaciones a los derechos humanos en el contexto de la crisis de 2006.

Impunidad en Oaxaca: El recuento de los daños

La impunidad es una problemática señalada de manera recurrente en el caso de México en general donde más del 98% de los delitos permanecen impunes como se ha ido señalando en varias ocasiones y desde varias fuentes. En el caso de Oaxaca, esta realidad se puede ir ubicando en distintos temas o zonas del estado.

Una primera dimensión de la problemática deriva de la impunidad existente en los casos vinculados al conflicto social en 2006-2007. En un boletín de octubre de 2009, la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos (CCIODH) resumía los saldos de los años 2006-2007 en estos términos: “detenciones selectivas de líderes sociales, secuestros y detenciones ilegales, manejo político como amenaza de órdenes de aprehensión muchas veces sin fundamento, exilio forzado por amenazas de muerte, detenciones masivas y encarcelamiento prolongado de cientos de personas que finalmente han sido exoneradas de cualquier delito, tortura, violaciones, dilación y desobediencia de los jueces del fuero común en la aplicación de los amparos emitidos por jueces federales, imputaciones falsas a miembros del movimiento para encubrir a funcionarios públicos … y decenas de homicidios de indiscutible carácter político […] nunca han sido resueltos por la justicia estatal y federal”.

Después de los años más álgidos de 2006 y 2007, con violaciones a derechos humanos masivas, se han seguido presentando múltiples ataques selectivos a defensores y líderes sociales, unos de los más recientes siendo los asesinatos de Heriberto Pasos Ortiz, del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), de Catarino Torres Peresa, del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci) ambos casos de octubre de 2010, o del líder estatal de la Central Campesina Cardenista Democrática (CCCD), Renato Cruz Morales y su escolta (enero de 2011). En 2009, Peace Watch Switzerland, organización internacional, elaboró un informe titulado “Diagnostico sobre la Situación de los Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Oaxaca”, en el que apuntaló que “ninguno de los casos que tengan que ver con violaciones a derechos humanos y mucho menos las agresiones, ataques o amenazas a defensores/as ha sido investigado ni castigado, al contrario sigue prevaleciendo la total impunidad, y ante este clima de impunidad se multiplican los ataques y las violaciones”. En varios casos (Marcelino Coache, sindicalista y activista de la APPO o Alba Cruz, abogada por ejemplo), las amenazas de muerte, intimidaciones y acosos se han mantenido a pesar de contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Además, en los últimos cuatro años, las autoridades en la entidad se han caracterizado por mantener en la impunidad los nueve ataques que han ocurrido contra comunicadores. Tal vez el caso más conocido fuera de Oaxaca sea el del asesinato de Brad Will, documentalista y colaborador de Indymedia, quien fue asesinado el 27 de octubre de 2006. La familia del comunicador ha denunciado la manipulación de las investigaciones por estar posiblemente involucradas autoridades del gobierno estatal. Algo significativo en su caso es que el único detenido fue Juan Manuel Martínez Moreno, un integrante de la APPO, ello en contra de las evidencias y testimonios que señalaban a funcionarios públicos municipales como los autores del hecho. Con su liberación, el caso regresó a su punto de partida, la impunidad.

Otro gran bloque de agresiones y asesinatos en distintas regiones de Oaxaca se presentan en casos derivando de conflictos agrarios a veces ancestrales, en los que la presencia de intereses caciquiles locales dificulta su esclarecimiento y más aún su solución. Según datos del Congreso estatal, la entidad oaxaqueña es una de las que tiene el mayor número de conflictos agrarios del país. Actualmente se reportan 340 problemas agrarios, de los cuales 127 son de carácter álgido y pueden tornarse en conflictos sociales, mientras 14 de ellos son considerados como focos rojos. Frente a esta problemática, se evidencia el círculo vicioso de la impunidad que engendra más violencia que a su vez también se mantiene impune.

En los casos más recientes de mucha cobertura mediática, el ataque a la caravana humanitaria que se dirigía a San Juan Copala, el 27 de abril de 2010, en la que fueron asesinados Bety Cariño, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), y el observador de derechos humanos finlandés Jyri Jaakkola sacudió la opinión pública nacional e internacional, llamando la atención sobre la zona Triqui. Ciertamente desde hace años esta región ha sufrido un alto nivel de violencia, en el contexto de la disputa por el control político, social y económico de la región. Asesinatos y múltiples violaciones de derechos humanos han quedado en la impunidad. Incluso los casos de los asesinatos del 27 de abril a pesar de haber sido atraídos por la Procuraduría General de la República (PGR) no han tenido avances significativos.

Otra situación en la que se presenta impunidad es la violencia en contra de las mujeres con muy pocos casos que se cierran con condenas. El informe ciudadano 2008-2009 “Feminicidio en Oaxaca: Impunidad y Crimen de Estado contra las mujeres” denunció la gravedad creciente de esta problemática, Oaxaca siendo uno de los estados en los que se presenta una más alta tasa de feminicidios del país. Señaló contundentemente la incapacidad del Estado para garantizar la vida de las mujeres, de actuar apegado a derecho, de prevenir, atender y erradicar las prácticas que lo ocasiona. De acuerdo al INEGI, el 46% de las mujeres oaxaqueñas casadas o unidas han padecido violencia por parte de su pareja, más de una cuarta parte (28.4%), sufriendo situaciones de violencia “extrema”.

Finalmente, en los últimos años, se han multiplicado los casos de asalto, extorsión, violación, desaparición o asesinato de migrantes principalmente centroamericanos en su paso por Oaxaca, a mano de redes de la delincuencia organizada y con algunos casos implicando a uniformados. La mayoría de los casos no se denuncian por miedo de los agredidos a ser deportados del país. Amnistía Internacional ha denunciado que “miles de migrantes indocumentados que pasan por Oaxaca todos los años están expuestos a múltiples abusos. Sin embargo, las autoridades estatales han demostrado una preocupante falta de acción decisiva, coordinada y oportuna para garantizarles acceso a la justicia y protección”.

Respuestas insuficientes para combatir el problema desde su raíz

Después de su visita a México en octubre de 2010, la relatora especial de Naciones Unidas para la Independencia de los magistrados y abogados, Gabriela Knaul subrayó: “Prácticamente todos los actores con quienes he conversado se han referido a un sistema deficiente en la investigación de los delitos e integración de la averiguación previa, lo cual permite que la gran mayoría de los delitos queden en la impunidad”. Subrayó además: “Si bien es cierto la corrupción afecta en distinto grado e intensidad a las distintas instituciones referidas, de acuerdo a la información proporcionada, las medidas de combate a la corrupción, no han sido suficientes para erradicar el fenómeno que sigue deteriorando la credibilidad de los diversos actores del sistema de justicia”. Aunque estos comentarios se refieren al contexto general prevaleciente en México, ciertamente aplican en el caso de Oaxaca. En boletín de prensa de octubre de 2009, la CCIODH denunció por su parte: “El ascenso en la carrera judicial o política de personas con responsabilidad en la investigación y protección de los derechos humanos, atendiendo más a los compromisos políticos que a su verdadera responsabilidad y competencia es un freno para la auténtica justicia”.

En julio de 2008 el líder local de la Confederación Patronal de la República Mexicana COPARMEX describió el clima que priva en Oaxaca en estos términos: “Aquí pueden matar a dos jóvenes indígenas locutoras, y no pasa nada; pueden secuestrar, y no pasa nada; pueden entrar a robar a una casa, y no pasa nada; pueden delinquir, y no pasa nada”. La omisión, ausencia de respuestas o avances es la primera expresión de la impunidad. Se traduce en una falta de acción en clave de prevención (un claro ejemplo sería la zona triqui). Como lo señaló Amnistía Internacional en su informe sobre las violaciones a Derechos Humanos en 2006-2007, “la falta de diligencia debida por parte de los investigadores es un obstáculo clave a la hora de acabar con la impunidad generalizada que se da en los sistemas de seguridad pública y justicia penal de México”.

También se han dado respuestas que no acaban de romper el “statu quo”, por ejemplo en el caso de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos después de su visita a Oaxaca en el verano de 2007 que dieron lugar a la reforma de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la reforma del Estado y a la atención de algunos casos particulares. Pero se podría cuestionar la arbitrariedad de las liberaciones de los encarcelados tanto como la de las detenciones: salieron por negociación y presión política, no por la eficiencia del aparato de justicia. En todos los casos, la justicia y la reparación del daño siguen como pendientes.

Otra respuesta que no acabó de representar un avance fue la polémica decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso Oaxaca. Se puede observar un buen inicio cuando la SCJN declaró en 2007: “No podemos permitir que las detenciones arbitrarias y las torturas de prisioneros se vuelvan ordinarias y normales en nuestro país… Los oaxaqueños vivieron, y tal vez vivan todavía, un estado de incertidumbre emocional y jurídica… Resulta lógico que la gente viva en zozobra ante autoridades que usan ilimitadamente la fuerza pública, al grado de desconocer los derechos humanos que reconoce nuestro marco jurídico”. Pero las conclusiones del proceso fueron por lo menos limitadas: la Suprema Corte ciertamente determinó que Ruiz era responsable de violaciones graves de los derechos humanos en Oaxaca en 2006. Pero no se le fincaron ni cargos penales ni se iniciaron procedimientos de destitución, dejando esta responsabilidad al congreso estatal.

Y efectivamente se abrió la posibilidad de un juicio político en contra de Ulises Ruiz en julio de 2010. No obstante y desde el inicio, representantes del PAN, PRD, PT y Convergencia caracterizaron esta iniciativa como un “juicio político simulado” caracterizada por tener grandes lagunas legales. Ciertamente, resultó en una exoneración de Ulises Ruiz, debido al hecho que la mayoría de los diputados del congreso estatal siguieron siendo de su partido (PRI) hasta el final de 2010.

Cabría finalmente señalarque en más de un tema, el actor federal también puede tener una responsabilidad tanto por acción como por omisión. En una cita reciente con la Titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación nos comentaron que un 40% de los casos actuales a los que dan seguimiento se encuentran en Oaxaca. Una dificultad no obstante es que se suele dar un especie de “pase de pelota” entre ambos niveles. Cuando le conviene a la Federación, reconocen el nivel de autonomía de los estados. Los estados pueden también deslindarse en otros casos, señalando que es responsabilidad federal (tema de la militarización por ejemplo). A pesar de ello el factor federal es un elemento a tomar en cuenta en el diseño de estrategias de defensa, en particular porque se tienen que agotar las instancias de justicia nacionales para poder presentar casos en plataformas internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Desde la sociedad civil, una de las dificultades cuando se habla de impunidad es que la historia sigue y los casos de hoy se tienen que ir agregando a los del ayer. Eso es uno de los múltiples retos que se tiene por delante: como no ceder al olvido frente a las exigencias de hoy, como seguir luchando contra la impunidad y responder en los nuevos casos que van surgiendo sin entrar exclusivamente en una lógica defensiva, sin paralizarse al fin. Dándonos un ejemplo, ex presos detenidos en 2006-2007 siguen organizados y luchando para obtener justicia y reparación. En el marco del entierro de Beatriz Cariño ), también se afirmó a pesar del dolor: “no la vamos a enterrar. La vamos a sembrar, porque es de las flores más bellas, y su ejemplo dará fruto”.

:: ACTIVIDADES DE SIPAZ

De mediados de noviembre a mediados de febrero de 2011

PRESENCIA INTERNACIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO

CHIAPAS

Zona Norte

En enero, acompañamos a una ex miembro del equipo de SIPAZ que presentó obras de títeres sobre el tema de la reconciliación en varias escuelas de comunidades de la zona baja de Tila. En febrero, también visitamos varios pueblos y comunidades de la misma región para entrevistarnos con distintos actores de la región: dirigentes de diferentes grupos políticos, instancias gubernamentales, miembros de iglesias, así como organizaciones campesinas y sociales. También realizamos algunas entrevistas en Yajalón, Chilón, Bachajón y Palenque.
Altos

En noviembre, diciembre y febrero, realizamos visitas puntuales a Margarita Martínez, defensora de derechos humanos que ha recibido varias amenazas y agresiones desde hace más de un año.
En diciembre, debido a nuevas amenazas, iniciamos un proceso de acompañamiento internacional al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.
Los días 20, 21 y 22 de diciembre, asistimos a actividades convocadas por la sociedad civil Las Abejas y realizadas en el marco del 13º aniversario de la masacre de Acteal, incluyendo el Encuentro Regional “Tejiendo la Resistencia y la Autonomía Frente a la Contrainsurgencia y la Dependencia” y en la eucaristía del 22. También estuvimos presentes en la conmemoración mensual de la masacre, en enero.
Selva

El 18 y 19 de noviembre, asistimos a un Foro de mujeres de la Asociación Rural de Interés Colectivo-Independiente y Democrática (ARIC-ID) que se llevó a cabo en Ocosingo.
Zona Fronteriza

A principios de diciembre, nos reunimos con varias organizaciones civiles de Comitán para hablar de la situación prevaleciente en la zona Selva Fronteriza.
Caracoles

Entre diciembre y febrero, visitamos todos los Caracoles zapatistas, por lo menos una vez.
Presos

En enero, en el penal de San Cristóbal de Las Casas, asistimos al quinto aniversario de “La Voz del Amate”, una organización de presos adherente a La Otra Campaña.
Mujeres

El 24 de 25 de noviembre, asistimos a varias actividades en San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez que se llevaron a cabo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la Mujer.
OAXACA

El 22 de noviembre, participamos con una ponencia sobre “Impunidad” en el evento “Oaxaca: balance de derechos humanos 2006-2010”, convocado por el Comité 25 de Noviembre y cuyo objetivo era “Reflexionar colectivamente sobre la situación que guardan los derechos humanos en Oaxaca, especialmente en el periodo 2006-2010, y con ello también, apuntalar los temas de urgente atención para la sociedad civil y los gobiernos.”
GUERRERO

A principios de febrero en el contexto inmediato después de las elecciones a gobernador, realizamos una visita de 10 días al estado de Guerrero. Estuvimos en la Sierra de Petalán (Organización de Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán, OMESP), en Atoyac de Álvarez (Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México, AFADEM), en Tlapa de Comonfort (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan); en Chilpancingo (donde nos entrevistamos con la Red Guerrerense de Organismos de Derechos Humanos, el Taller de Desarrollo Comunitario -TADECO y el equipo de Brigadas de Paz Internacional- PBI); en el plantón de Parotillas (levantado por el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota, Cecop); y en una Asamblea en Colombia de Guadalupe, parte de una serie de asambleas comunitarias convocadas por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de la Montaña para definir acciones frente a las amenazas de exploración y explotación minera en sus territorios, así como frente a las altas tarifas de la luz.
RELACIONES PÚBLICAS

En noviembre, tuvimos una entrevista con el responsable de Chiapas de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en México.
En diciembre, realizamos una serie de citas de incidencia en la Ciudad de México conjuntamente con SweFOR (Movimiento Sueco para la Reconciliación, parte de nuestra coalición). Tuvimos reuniones con l@s encargad@s de Asuntos Políticos de las embajadas de Estados Unidos, Suecia, Bélgica (que tiene la presidencia en la UE), Polonia, Reino Unido y de la representación de la Unión Europea en México; así como con el director del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En Chiapas, tuvimos una entrevista con Pedro Raúl López Hernández, Fiscal Especializado en la Protección de los Organismos No Gubernamentales. Todas estas citas respondieron al mismo objetivo: hablar de nuestras preocupaciones para defensores de derechos humanos en Chiapas y comentarles nuestra decisión de realizar acompañamiento personal a los integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.
Con la misma agenda, en enero, nos entrevistamos con la consejera para Asuntos Políticos, Cultura y Prensa de la Embajada de Holanda.
A principios de febrero, tuvimos una reunión con integrantes del PNUD en México y Panamá (sede regional para América Latina y el Caribe del Área de Práctica de Prevención de Crisis y Recuperación) para hablar de situaciones de desplazamientos forzados en Chiapas.
VARIOS

En diciembre, estuvimos presentes en varias actividades del “Foro Global para la Vida, la Justicia Social y Ambiental” que se llevó a cabo del 4 al 10 de diciembre, en oposición a la edición 16ª de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP16), celebrada en Cancún.
PROMOCIÓN DE PAZ

TRABAJO CON ACTORES RELIGIOSOS

En diciembre, participamos en un espacio ecuménico de oración y reflexión convocado por el Grupo Ecuménico de Análisis de la Coyuntura y de la Realidad (GEACR) del que formamos parte.
Asistimos a los eventos que se llevaron a cabo en el marco del sepelio de Don Samuel Ruiz García, obispo emérito de San Cristóbal de Las Casas y actor clave en los diálogos de paz entre el EZLN y el gobierno federal después del alzamiento armado de 1994. Dimos un testimonio sobre su proyección internacional e interreligiosa durante la novena que se llevó a cabo después del entierro.
EDUCACION PARA LA PAZ

En noviembre y febrero, realizamos talleres con el equipo de la Comisión de Apoyo a la Unidad y la Reconciliación.
En noviembre y diciembre, en seguimiento del curso intensivo titulado “Ministerios de Paz en contextos de violencia” convocado por el Seminario Intercultural Mayense en abril, facilitamos espacios de profundización sobre distintos aspectos de la Transformación positiva de conflictos.
En enero, en el marco de nuestro viaje a la zona baja de Tila (zona Norte), abrimos espacios de reflexión sobre No violencia activa en comunidades que visitamos.
ARTICULACION

Participamos en las reuniones bimensuales de la Red por la Paz, espacio de acción y reflexión integrado por 11 organizaciones que buscan apoyar procesos de paz y reconciliación en Chiapas.
Del 16 al 19 de noviembre, participamos al Sexto Encuentro de Constructores y Constructoras de Paz y Reconciliación, realizado en la comunidad de San Salvador, municipio autónomo Francisco Villa. El evento fue organizado y facilitado por habitantes de la Zona Zapata, región Estrella, con el apoyo de la Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria (CORECO). Participaron 268 personas (220 hombres y 48 mujeres), de 74 comunidades y 17 municipios de Chiapas.
A principios de diciembre, participamos con una ponencia en una mesa titulada “Reconciliación: esperanza o utopía” que se llevó a cabo en el marco del evento “Construcción utópica y lucha social: lógicas de esperanza” convocado entre otros por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El 26 de enero, se entregaron los reconocimientos “Jtatic Samuel Jcanan Lum a seis organizaciones y procesos sociales de Chiapas por su trabajo y compromiso con la defensa de los derechos humanos y la reconciliación. Co-convocamos a este premio junto con otras organizaciones locales y nacionales.
INFORMACIÓN

Recibimos la visita de delegaciones, estudiantes, periodistas y miembros de nuestra coalición interesados en conocer o profundizar la coyuntura de Chiapas y el trabajo de SIPAZ.
En noviembre, publicamos una Acción Urgente en el caso del hostigamiento y amenazas de muerte a Margarita Martínez y al personal del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Seguimos nuestro proceso de investigación amplio bajo el tema “Enlazando trabajos de género y de paz”, que nos ha llevado a realizar citas con varios grupos y organizaciones de mujeres en Chiapas y Guerrero.
En enero, realizamos presentaciones públicas sobre la situación sociopolítica en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca en Berlín y Münster (Alemania), así como en Amsterdam (Holanda).

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