Migrantes queretanos desaparecidos y nadie los busca

“Ni un pinche perro los busca”
Familiares de los migrantes “desaparecidos” hace un año.

Verónica Espinosa

Hace 12 meses, 40 migrantes abordaron dos camiones que los llevarían a Estados Unidos a buscar trabajo… Nunca llegaron a la frontera. Las investigaciones indican que Los Zetas los capturaron, pero nadie está seguro ni sabe a ciencia cierta dónde están ahora. No los busca “ni un pinche perro”, afirma un diputado local. Mientras tanto, las familias de estos desaparecidos no han obtenido respuestas de las autoridades… sólo promesas de una ayuda que no llega.

QUERÉTARO, Qro., 14 de marzo (Proceso).-
Investigaciones infructuosas, desinterés de las autoridades y promesas de ayuda que se quedan en los escritorios es lo único que hay un año después de la desaparición de un grupo de migrantes queretanos. Hace 12 meses 40 hombres de comunidades de Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí abordaron dos autobuses rumbo a la frontera para cruzar hacia Estados Unidos.

Cada migrante pagó entre mil 800 y 3 mil dólares a alguno de los siete polleros de la región; también les pidieron otros 400 dólares por cabeza con el argumento de que es la cuota de Los Zetas y ellos controlan el paso a la frontera.

Para reunir el dinero exigido, los migrantes se endeudaron con usureros locales, quienes ahora pretenden cobrarles a las familias de los desaparecidos.

“Ha sido un camino muy doloroso. Hemos salido muchas veces a denunciar el desinterés, a pedir apoyo, pero no nos hacen caso, no hay respuesta. Las familias pasan dos penas muy importantes: la moral, por la desaparición de sus seres queridos; y la económica, porque son de comunidades que se sostienen principalmente de las remesas”, dice a Proceso el diputado local panista Fernando Rocha Mier.

El legislador es representante del distrito que comprende los municipios de Landa de Matamoros, Arroyo Seco, Pinal de Amoles y San Joaquín, donde muchas localidades sufren los estragos de la marginación, “con familias que literalmente apenas tienen para comer”.

“Parece que sigue habiendo ciudadanos de primera y de segunda. Cuando Diego Fernández de Cevallos desapareció, lo buscaron por todos lados con perros, aviones y helicópteros. Para buscar a estos otros queretanos, ni un pinche perro. No se vale”, señala.

Sin pistas

La desaparición de los migrantes presuntamente ocurrió entre San Luis Potosí y Tamaulipas, por lo que se han abierto averiguaciones previas en las procuradurías de esos dos estados y en la General de la República. Con esta dispersión se han complicado el trabajo de investigación y la posibilidad de localizar al grupo.

Además son pocas las familias que han insistido en la denuncia o en la búsqueda. La mayoría tiene miedo, se ha desanimado por el desdén oficial o ha sido amenazada por alguno de los polleros, quienes siguen enganchando gente para pasarla a Estados Unidos. Ninguno de los traficantes de personas ha sido detenido.

La PGR no avanza en las investigaciones, ni siquiera porque se violó la Ley General de Población o porque las principales sospechas recaen en Los Zetas, quienes, según versiones recabadas por Proceso, secuestraron a los migrantes porque los polleros no pagaron la cuota.

El pasado 27 de febrero, el periódico El Universal publicó declaraciones del presidente municipal de Landa de Matamoros, Gabino Landa Rubio, sobre la supuesta comunicación vía celular de uno de los migrantes para avisarle a sus familiares que estaban siendo atacados por un grupo armado que desvió su autobús. En ese momento pasaban por Ciudad Alemán, Tamaulipas.

El olvido

El 28 de abril de 2010, el Ministerio Público del fuero común en Jalpan de Serra, Querétaro, abrió la averiguación previa J/193/2010 por la desaparición de las siguientes personas:

David Martínez, Cristian Martínez, Lorenzo Martínez, José Luis Mendoza Almaraz, José Obispo Mendoza Almaraz, Fidencio Mata Montes, Ismael Mata Montes, Andrés Hernández Gómez, Andrés Martínez Gómez, Manuel Guerrero Villeda, Jacinto González Rodríguez, Ismael Reséndiz García, Alfonso Fonseca Amador, Eustaquio Hernández Gómez, Fidel Barragán Salazar, Martín Ortega Huerta y Jesús Rodríguez Martínez.

También Édgar Pantoja González, Evodio Flores Ortiz, Román Castillo Briseño, Abraham Sáenz Díaz, Jonavad Reséndiz Ávila, Rafael Rodríguez García, José Luis Mendoza Salazar, Ricardo Ramírez Zarazúa, Ángel Becerril Sánchez, Jacinto González Rodríguez, Paulino Ramos Andablo, Enedino Rojo Urías, César Salazar Landaverde, Juan Carlos González Jiménez, Enrique de la Torre y otra persona, menor de edad.

Estas 33 personas son oriundas de Querétaro. En el grupo de migrantes viajaban otros siete de otros estados.

A principios de mayo, el gobernador queretano José Calzada dijo a la prensa que se comunicaría con los mandatarios de San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León para intercambiar información sobre el caso, aunque reconoció que no había pistas del destino del grupo de migrantes. De ese anunciado intercambio de información ya no se ha sabido nada.

Tres meses después, el 27 de agosto, el Ministerio Público de Jalpan turnó la averiguación a la delegación de la PGR en Querétaro por incompetencia; esa instancia fue requerida por este semanario para conocer el avance de la investigación. No hubo respuesta.

Pero una fuente allegada a las pesquisas dijo a Proceso que son siete los polleros señalados como responsables por el transporte del grupo de migrantes y que no parece haber interés de las autoridades en indagar la vertiente que atañe a la delincuencia organizada, pese a que los mismos traficantes de personas aseguran haber sido extorsionados y obligados a entregar cuotas a Los Zetas.

Felipe y Arturo Mayorga Villeda (el hijo de este último está en la lista de desaparecidos, pues viajaba en uno de los autobuses presumiblemente como chofer o machetero), Abel Garay Martínez, Rubén Garay Camacho, Bernardo González, Arturo Benítez y Esteban García Pérez serían los siete polleros. De acuerdo con la misma fuente, siguen libres y dedicándose a la misma actividad.

Es fácil ubicar a esos polleros. Todos los conocen porque recurren cotidianamente a ellos, pues la migración a Estados Unidos ha existido durante generaciones. También destacan por su desahogada situación económica.

Los familiares, sin apoyo

“El problema de la migración no ha sido tomado en cuenta por las autoridades; si acaso hasta ahorita que están acotados también por la delincuencia organizada. Pero son pocos los esfuerzos de las autoridades, federales, estatales o municipales, por hacer algo en materia de migración”, asegura el diputado Rocha Mier a este semanario.

Menos cuando hay amenazas. “En cuanto denuncié públicamente este asunto –a finales de abril de 2010– recibí llamadas en las que me advertían: ‘Bájale porque nos estás metiendo mucha presión en el estado’. No supe de dónde provinieron”.

Familiares de algunos de los desaparecidos se habían acercado a Rocha Mier para que los ayudara, para que indagara en la PGR, en el gobierno estatal, en los municipios. “Al principio estuvimos en contacto con el Ministerio Público; luego les llevamos algunas despensas y cobijas, que no resuelven el problema de fondo, pero en algo ayudan”.

Sin embargo, lamenta, “no hay avances en las investigaciones ni en proyectos sociales o apoyos. Pasó casi un año y apenas en enero el gobierno del estado se acercó a las familias; les dicen que les van a poner proyectos productivos. Hasta la fecha no se ha concretado nada”, se queja Rocha, quien en un censo informal que levantó con las familias afectadas contó por lo menos 53 menores de edad que dependen o dependían de los desaparecidos.

El ómbudsman estatal Adolfo Ortega Osorio se ha mostrado indiferente. El diputado panista sigue esperando que atienda una solicitud para reunirse con él, para pedirle que requiera a las autoridades responsables de la investigación que informen a las familias.

“Me reuní por última vez con el procurador de Justicia –Arsenio Durán– a principios de diciembre. Quedó de entregarme un informe sobre la investigación, que aún no recibo.”

En los primeros días de enero, un grupo de familiares de los migrantes acudieron a la Secretaría de Gobierno de Querétaro acompañados por otro diputado, J. Belem Junco Márquez. La respuesta se les hizo llegar por conducto del subsecretario de Desarrollo Político y Social, Hugo Cabrera Ruiz, quien les habló del compromiso de involucrar a los solicitantes en proyectos productivos.

Al respecto, el secretario de Gobierno, Roberto Loyola Vera, dice a Proceso que se ha mantenido el contacto “de manera regular” con algunas familias afectadas, básicamente a través del gobierno de Landa de Matamoros, para “generarles proyectos productivos (…) para que con sus capacidades puedan generarse un modo honesto de sostener su hogar”.

–¿Por qué hasta ahora? –se le pregunta.

–Hemos estado cercanos a ellos desde el primer momento, primero con apoyos orientados a localizar a sus parientes. Al paso de los meses, y de dificultarse la situación de las familias, se advierte esa alternativa.

–¿Se ha procedido contra los polleros?

–Tenemos una investigación abierta en tal sentido… la preocupación que tenemos es dar los pasos necesarios para evitar que los connacionales salgan a buscar oportunidades fuera de Querétaro, generar los suficientes empleos para que los queretanos no tengan que salir a buscar oportunidades a otro sitio.

Loyola admite que aún se trabaja en un análisis de la condición de cada familia, “para ver cuál es el programa que mejor se acomoda a sus necesidades”.

Mientras los engranajes de la burocracia se empiezan a mover, otros migrantes queretanos buscan la forma de protegerse, lo mismo en su recorrido desde estas tierras hasta el cruce fronterizo que en su retorno para las fiestas decembrinas.

A finales de diciembre pasado se formó una caravana de migrantes de varias entidades que viajaban de regreso y que fue recibida en Nuevo Laredo por el diputado Rocha Mier. Más de 30 camionetas de paisanos hicieron los recorridos.

“He ido a visitar a los migrantes queretanos. En diciembre estuve en Houston y me decían que tenían miedo de regresar a México porque las autoridades los esquilman y ahora también la delincuencia organizada”, dice Rocha Mier a Proceso.

Para esta caravana se pidió y se tuvo el apoyo de la Policía Federal, así como de agrupaciones municipales de algunas localidades, como Rioverde, San Luis Potosí.

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