Alonso Urrutia

La Jornada

Desde el templete se escucharon los testimonios doloridos de los chihuahuenses: la masacre en Creel, las descripciones de ejecuciones en la entidad con más homicidios del país, el dominio de los sicarios en la zona serrana, la indefensa condición de indígenas, los abusos policiacos y militares… Pese a la barbarie descrita, hay un crimen que genera un particular dolor colectivo, el de Marisela Escobedo.

Han pasado siete meses desdel homicidio y la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad llegó a la capital de Chihuahua y abrió un espacio para dejar un sentido in memoriam: “Aquí fue asesinada Marisela Escobedo el 16 de diciembre de 2010 por exigir justicia en el feminicidio de su hija Rubí”. El poeta Javier Sicilia y Julián LeBaron colocaron una placa a tres metros del palacio de gobierno, justo donde fue ejecutada.

“Yo quiero preguntarle al presidente Calderón –lanzó Sicilia– si su guerra ha valido la pena. Si su guerra de 40 mil muertos y 10 mil desaparecidos ¿es la guerra donde mueren criminales? Yo le digo que su guerra está equivocada, que tiene una deuda con estas víctimas, y que no debió haber salido a esta guerra cuando las instituciones nos están mostrando que están podridas, porque son cómplices; vivimos en un régimen de impunidad. No se puede haber salido a esta guerra sin una reforma del Estado”.

Los indígenas, marginados de las estadísticas

La caravana llegó a “una entidad desgarrada”, leyó la presentadora. Las cifras en Chihuahua desnudan la inoperancia de la estrategia militar, en 2007 hubo 469 asesinatos; en 2010, luego de tres años de presencia militar, el número de víctimas llegó a 5 mil 212; en 2007, 29 secuestros; en 2010, 190. Son los datos duros.

La situación se percibe en el estado de ánimo de la gente. La concurrida marcha parecía partida en dos: los chihuahuenses que caminan en silencio a la vanguardia, y las mujeres de negro que rodean a Sicilia. Sólo las pancartas hablaron, las figuras alusivas a la paz y a la muerte expresaron la coexistencia de sentimientos. En la parte trasera, donde se colocaron quienes vienen en los 13 camiones que salieron con la caravana desde Cuernavaca, se mezclaron las consignas, los cánticos a la paz, los tambores y la música para acompasar su protesta contra la militarización. Ambas partes con el mismo reclamo de paz.

Lucha Castro, abogada defensora de los derechos de la mujer, denunció la incursión constante de comandos armados que se apoderan de la tierra de comunidades indígenas para sembrar droga; “las personas desaparecidas en la sierra ni siquiera llegan a formar parte de la estadística oficial, hay incendios, amenazas, levantones”.

Castro fue elegida para describir la realidad chihuahuense: uno de cada tres homicidios en el país son en Chihuahua, desde 2007 la ocupación militar que domina el estado ha disparado la violencia. Asesora de rarámuris, asegura que el estado más peligroso para la defensa de los derechos humanos es Chihuahua.
Su descripción incluyó la difícil condición de las mujeres y la vida en Chihuahua; son víctimas de la trata de blancas, de la prostitución forzada; “decenas de jóvenes violadas tumultuariamente por hombres armados de la mafia, del Ejército, de los cuerpos policiacos, todos actúan igual, considerando el cuerpo de la mujer un botín de guerra.

“Son las mujeres las que llegan a los cuarteles a buscar desaparecidos, las que llegan a la morgue a buscar a sus hijos o a sus esposos, las que denuncian la desaparición de los varones de la familia, las principales testigos de cómo militares sin órdenes judiciales se llevan a sus familiares”.

Se denuncian asesinatos, se reclaman desapariciones, implora paz y justicia gente llegada desde diversas partes de la entidad, porque la impunidad es generalizada.

Yuriani Armendáriz, representante del pueblo de Creel, improvisó su intervención y a manera de justificación dijo, antes de narrar su realidad:

“Yo no traigo un escrito porque ese escrito en mi pueblo se hizo con sangre. Ese 16 de agosto de 2008, que marcó ya a mi pueblo, hubo una masacre que dio inicio a la violencia tremenda. Trece personas asesinadas: mi hermano, mi primo, un niño de un año que muere en brazos de su padre. Más que una caravana nosotros hemos vivido un via crucis, porque le exigimos al gobierno eso que nos debe, eso que se llama justicia.”

Su voz se quebró por momentos, pero siguió su narración: “a la fecha no hemos conseguido ni siquiera un porqué. Ahora más que la verdad queremos tranquilidad, que dejemos de vivir con miedo, que la autoridad voltee a ver cómo se vive en mi pueblo; la angustia, el miedo, las balaceras en la madrugada, el tener que correr por el miedo. Estamos hasta la madre de la falta de autoridad. Cansados de no ser escuchados, hartos de que nos dejen solos, que cada vez seamos menos quienes denunciamos, por miedo; se nos marginó porque decían que nuestras víctimas habían sido rarámuris, y parece que por el hecho de ser indígenas no tuviéramos sentimientos, no tuviéramos corazón… Esto es un grito desesperado de dolor…”

Vinieron entonces los dramas particulares: la muerte de Mariano Anteros, de 22 años, asesinado en una especie de retén de sicarios. “¿Por qué? –se preguntó su madre–, ¿por qué, si todavía no era tu tiempo?”

Ningún familiar habló por Marisela. Ya no viven en Chihuahua tras la brutal ejecución. Fue Julián LeBaron quien la evocó. “Nunca pensé llegar a mi estado en estas condiciones. Ni en mis peores pesadillas”. Luego lanzó: “yo acuso al presidente Calderón, a los partidos, a los gobernadores, a la sociedad y a mí mismo porque la dejamos sola y por eso la mataron.”

Una mujer, que deplora el asesinato de su hermano, también lamentó la indiferencia social. “Nosotros estamos aquí por el dolor, pero, diría Martin Luther King, nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los perversos, como el estremecedor silencio de nosotros”.