Balance en el cumplimiento del EPU

Miguel Concha

Cada cuatro años, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU revisa, mediante el examen periódico universal (EPU), el grado de cumplimiento de los compromisos internacionales de los estados miembros en derechos humanos.

En 2009 México fue sometido por primera vez al EPU y recibió 91 recomendaciones, de las que aceptó 83, rechazó tres y cinco quedaron sin respuesta. Luego de dos años de que se plantearan, la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” presentó un balance de su cumplimiento, en el que se señala que para su aplicación, para que lleguen a los funcionarios de las administraciones –estatales y municipales– que diseñan y aplican las políticas públicas, uno de los retos para México es lograr la coordinación entre las autoridades federales y los gobiernos locales. Entre éstas se ubican las relativas a la armonización legislativa.

En ese sentido, uno de los avances que se reconoce es la reforma constitucional en materia de derechos humanos aprobada el 8 de marzo de 2011 y promulgada mediante decreto presidencial el pasado 9 de junio, que entre otras cosas eleva a rango constitucional los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales. En torno a lo que en cambio no se ha avanzado mucho podemos mencionar la recomendación relativa a fortalecer, difundir, aplicar y evaluar el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, pues no ha sido difundido de manera suficiente y adecuada entre la población y entre las mismas autoridades. Además, el área de gobierno responsable de su aplicación, seguimiento y evaluación no cuenta con recursos económicos ni humanos para hacer efectivas sus líneas de acción. Tampoco existen metodologías de trabajo ni indicadores adecuados para verificar avances. Se adoptan decisiones sin consultar a las organizaciones de la sociedad civil, algunas de las cuales ya están pensando en salirse del proceso. En el balance, las recomendaciones relativas a la situación social y económica de la población presentan también avances mínimos.

En materia de desigualdad, México ocupa el segundo lugar dentro del conjunto de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Mientras entidades como Nuevo León y el DF tienen indicadores de desarrollo humano equiparables a los de países europeos, Chiapas, Guerrero y Oaxaca mantienen niveles altos de pobreza, marginación y desigualdad. Se señala también que, en materia laboral, la reforma que se pretende aprobar es regresiva, pues permite e incrementa la flexibilización en la materia, la precarización del empleo y la ausencia de seguridad social para los trabajadores, particularmente para jóvenes y mujeres. Los contratos por horas o por actividad golpean igualmente los derechos sindicales.

Por otra parte, se mantiene una pobre educación para los pobres en materia de enseñanza para pueblos y comunidades indígenas, lo que se refleja en el hecho de que sólo uno por ciento de la población indígena que ingresa al nivel básico logra acceder a la educación superior.
Los megaproyectos y el ecoturismo son también algunos de los pretextos para apropiarse de los territorios y recursos naturales de poblaciones indígenas y campesinas, a quienes no se informa, consulta ni toma en cuenta. Acerca de las recomendaciones en torno a los derechos de las mujeres, la Red reporta que aún existen graves violaciones. Sólo de enero de 2009 a junio de 2010 fueron reportados mil 728 homicidios dolosos de mujeres en 18 estados del país, de los que se presume que 890 son feminicidios. Por otro lado, la desaparición forzada continúa y no existe una política pública integral que abarque la prevención, investigación, sanción y reparación del daño a sus víctimas.

El EPU y otros mecanismos de la ONU han señalado también la necesidad de acabar con la práctica de la tortura en México, no obstante lo cual, sólo en 2009 el Comité contra la Tortura y la Impunidad registró 204 casos, de los cuales 71 corresponden a mujeres y 133 a hombres. Su aumento se vincula con la política de seguridad contra el crimen organizado y la vigencia del arraigo, figura sobre la que existen otras recomendaciones y que, a pesar de que debiera ser un recurso excepcional, en México es una práctica constante que demuestra las enormes deficiencias en materia de investigación y procuración de justicia.

El sistema penitenciario es otro de los focos rojos en el que las recomendaciones del EPU no han sido aplicadas. Al hacinamiento y las condiciones indignas de las cárceles y reclusorios mexicanos se suman hechos inadmisibles, como que 41 por ciento de la población penitenciaria no ha sido sentenciada.

En torno a las recomendaciones en materia de seguridad pública, la Red manifiesta su preocupación por la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, ya que implica: 1) La regularización de la fuerza armada permanente (FAP) en labores que constitucionalmente no le corresponden. 2) La criminalización de la protesta social pacífica de la defensa de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión, y 3) La ausencia de controles democráticos sobre la situación de la FAP en la atención a “supuestas afectaciones a la seguridad interior”. Lo que se refleja en la aplicación extensiva de la jurisdicción militar a delitos constitutivos de violaciones de derechos humanos de civiles.

Las y los migrantes son víctimas de extorsión, secuestro o desaparición por el crimen organizado, al amparo de un marco legal aún deficiente y de autoridades omisas, y en ocasiones coludidas con la delincuencia. Y las personas defensoras y periodistas ven obstaculizada su labor y sus derechos, en un contexto de impunidad y falta de acceso a la justicia.