Chile:
La revolución de los estudiantes
Francisco Marín
Represión a universitarios.
La educación superior en Chile es una de las más caras del mundo porque así lo fomentó la dictadura pinochetista y porque los gobiernos de la democracia no intervinieron para hacerla accesible.
El conflicto estalla ahora, cuando decenas de miles de estudiantes protestan en las principales ciudades chilenas contra el lucro desmedido de las universidades. Ellos exigen desde la gratuidad educativa hasta la renacionalización del cobre, mientras la popularidad del presidente Sebastián Piñera –quien visitó México el pasado fin de semana– se desploma.
(Proceso)
. – Los estudiantes que luchan por la democratización del sistema educativo chileno pusieron en jaque al gobierno de Sebastián Piñera. Las 22 universidades estatales están en paro, igual que cerca de 500 liceos municipales. Todos los días hay protestas que incluyen la ocupación de edificios, el bloqueo de calles y actividades político-culturales.
El 30 de junio, unas 400 mil personas marcharon por casi todas las ciudades de Chile en la mayor manifestación desde el retorno a la democracia en marzo de 1990. En varias urbes las convocatorias alcanzaron niveles históricos de participación, como en Valparaíso (entre 30 y 70 mil personas), Temuco (30 mil) y Concepción (45 mil). En Santiago se movilizaron entre 200 mil y 300 mil manifestantes.
Según una encuesta de la Universidad Federico Santa María, difundida el martes 5 por Radio Cooperativa, 81% de los chilenos simpatiza con las demandas estudiantiles y el restante 19% respalda la posición del ministro de Educación, Joaquín Lavín.
Los estudiantes piden acabar con el lucro en la educación, devolver al Estado las escuelas traspasadas a los municipios en 1986, que la educación superior estatal vuelva a ser gratuita, como hasta 1981 –cuando Pinochet permitió la apertura de establecimientos educativos y el cobro de matrícula en los estatales–, un cambio constitucional que establezca que la educación es un derecho y la renacionalización del cobre a fin de que el Estado tenga recursos para financiar las transformaciones propuestas.
En su afán de recuperar la iniciativa y detener las protestas, la noche del martes 5 Piñera anunció un paquete de medidas: el Gran Acuerdo Nacional en Educación, que incluye un fondo de 4 mil millones de dólares, cuyos origen y destino no especificó.
Contrariando la principal demanda estudiantil, Piñera propuso legalizar el lucro en la educación superior y descartó estatizar las escuelas municipalizadas. No mencionó la posibilidad de hacer cambios constitucionales ni la solicitud de gratuidad en la educación ni la demanda de renacionalizar el cobre.
No obstante, el plan acoge dos peticiones hechas por el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (Cruch), que ha respaldado las movilizaciones. Se trata de la creación de una Superintendencia de Educación Superior y el aumento de los recursos fiscales para las universidades públicas, que en la actualidad cubren sólo 10% de sus costos. Los montos del incremento no fueron enunciados.
El vocero del Cruch y rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, no dijo si apoyarán o rechazarán el plan de gobierno hasta no recibir de parte de Lavín los detalles del mismo.
Los dirigentes estudiantiles secundarios y universitarios no tardaron en rechazar los anuncios. La vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Laura Ortiz, reaccionó –según consigna el diario La Tercera del miércoles 6– manifestando que Piñera y Lavín “sólo lograron motivarnos a seguir movilizándonos porque no dieron respuesta a ninguna de nuestras demandas”.
La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso, Nataly Espinoza, dijo a Radio Bío Bío que “es aberrante que el mandatario avalara la existencia del lucro cuando nosotros estábamos pidiendo todo lo contrario”.
Por otra parte, los presidentes de los partidos de gobierno –Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional–, Juan Coloma y Carlos Larraín, calificaron los anuncios de “históricos” y dieron todo su respaldo a Piñera.
En entrevista con Proceso, la diputada del opositor Partido por la Democracia-Concertación, Cristina Girardi, expresó que los anuncios de Piñera buscan “blanquear el lucro ilegal que ha habido en educación superior”.
Agregó: “Es lo mismo que legalizar el lavado de dinero de los traficante de drogas, dado que las ganancias y utilidades que han tenido estas universidades igualmente han sido obtenidas a espaldas de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, que prohíbe el lucro en educación superior”.
Esta entrevista tuvo lugar el miércoles 6, un día después de que la Cámara de Diputados, impulsada por Girardi y otros diputados, aprobara la creación de una comisión investigadora del lucro en la educación superior, iniciativa que fue apoyada por 48 diputados.
Girardi estima que el presidente busca fortalecer “el negocio de la educación” por medio del traspaso de nuevos recursos a instituciones privadas, las que, a su parecer, “han tenido grandes ganancias cobrando altísimas matrículas y gracias a los enormes subsidios que el Estado les entrega”.
Difícil contexto
Según se consigna en el informe Revisión económica: Chile 2010, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, los costos promedio de la educación superior en Chile están entre los más caros del mundo, con un valor promedio de 3 mil 140 dólares anuales. Sólo en Estados Unidos la educación es más cara que en Chile. Estos altos precios, según este mismo informe, son financiados en 85% por las propias familias.
Los préstamos conseguidos por los estudiantes de universidades privadas son contraídos con la banca y cuentan con el respaldo del Estado por medio del Crédito con Aval del Estado (Caes), creado por el presidente Ricardo Lagos.
Según un estudio realizado por el Banco Mundial sobre el estado de la educación superior en Chile, cuyas conclusiones fueron dadas a conocer por La Tercera el domingo 3, quienes se acogen al Caes habrán adquirido una deuda 180% mayor de lo que será su ingreso anual cuando salgan de la universidad. Esto sitúa a Chile como la nación más cara en la relación deuda-ingreso entre 10 países analizados.
El martes 6, el Centro de Estudios para la Realidad Contemporánea (CERC) dio a conocer una encuesta que revela que Piñera vio mermado su apoyo 12% en relación con diciembre pasado, contando con un respaldo de 35%. Esta es la cifra más baja de un presidente de Chile desde que, en 1990, el CERC comenzó sus mediciones.
La caída de Piñera es más estrepitosa si se considera que en octubre pasado, cuando rescataron a los 33 atrapados de la mina San José, su popularidad alcanzó 70%.
Según el CERC en la actualidad 57% de los chilenos cree poco o nada en el presidente y 64% estima que Piñera encabeza un gobierno de empresarios. Esta percepción ocurre en un contexto de fuerte rechazo a la desigualdad existente. En Chile el 5% más rico de la población gana 830 más veces que el 5% más pobre, según cifras entregadas en junio pasado por la Fundación Sol, dedicada al estudio de la situación laboral.
El CERC también reveló que la opositora Concertación de Partidos por la Democracia –compuesta por los partidos Socialista, Radical, Por la Democracia y Demócrata Cristiano– no ha podido capitalizar el desplome de Piñera. Sólo 15% de la población estima que esta coalición ha hecho bien su trabajo y apenas 12% tiene una buena percepción de su labor legislativa.
El accionar del Congreso también está siendo cuestionado: una investigación de Adimark –difundida el 2 de junio– mostró que la labor de la Cámara de Diputados es aprobada sólo por 24% de la población, mientras que el Senado es respaldado por 30%.
En 2006, tras las enormes manifestaciones de estudiantes de secundaria –conocida como “la rebelión de los pingüinos”–, el gobierno de Michelle Bachelet impulsó la Ley General de Educación (LGE), que fue promulgada el 17 de agosto de 2009. A pesar de que a partir de esto se crearon órganos de fiscalización financiera y de calidad de la educación, esta norma no cuestionó las bases del sistema que tiene en el lucro su soporte principal.
La LGE –que contó con el respaldo del oficialismo y la oposición– fue presentada por Bachelet como el fruto de un “gran acuerdo nacional” que contribuiría a solucionar las evidentes iniquidades en materia de educación. Sin embargo, no contaba con el apoyo de los principales impulsores del cambio: estudiantes y profesores de secundaria. El malestar actual parece ser la prueba de su fracaso.
Cambios radicales
La movilización por la educación ha generado instancias de información que permiten socializar uno de los secretos mejor guardados por el poder: las ganancias de las compañías mineras.
En foros y charlas que han tenido asistencias masivas, los economistas Marcel Claude y Julián Alcayaga, entre otros, han demostrado con cifras oficiales que las trasnacionales del cobre que operan en Chile se llevan anualmente unos 25 mil millones de dólares en ganancias, pagando cifras ínfimas de impuestos. Estas denuncias han sido profusamente difundidas por las redes sociales e incluso han llegado a las estaciones de radio y televisión.
La revelación de las ganancias de las mineras privadas, que contrastan con las dificultades que tienen las familias para pagar la educación, ha causado conmoción y ha movilizado voluntades. Los estudiantes secundarios agrupados en la ACES y en la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) han levantado como una de sus principales banderas la demanda de la renacionalización del cobre, por la que han marchado junto a los mineros.
Asimismo, secundarios y universitarios están planteando como solución a los problemas de la educación y del país la realización de una asamblea constituyente. Quieren cambiar la Constitución de 1980, promulgada en plena dictadura, tras la realización de un referéndum que no contó con ninguna garantía de transparencia. Esta carta magna, en su artículo 19, consagra la libertad de enseñanza –entendida como la facultad de lucrar con la educación– como uno de sus aspectos más relevantes.
El conjunto de organizaciones estudiantiles convocó a una nueva movilización nacional por la educación para el próximo jueves 14. Los asociados a la Cones están llamando a todas las organizaciones sociales y de trabajadores a que se sumen con la bandera común de la asamblea constituyente.
El panorama para el gobierno se ve aún más complicado si se considera que el viernes 1 el Consejo Directivo de la Federación de Trabajadores del Cobre acordó convocar a un paro en las seis divisiones de la estatal cuprífera Codelco, la empresa más grande del país, a realizarse el lunes 11.
Esta huelga será en “rechazo a las políticas privatizadoras” impulsadas por el directorio de la empresa que es encabezado por el expresidente del patronal Consejo Minero, Diego Hernández. Alcayaga denunció en abril pasado que Codelco en la actual administración ha perdido más de mil millones de dólares por ventas en mercados a futuro. Hernández reconoció la situación, sin embargo Piñera lo ratificó en su puesto.
El 11 de julio se conmemoran 40 años de la promulgación de la Ley 17.450, de nacionalización y estatización del cobre. El presidente Salvador Allende, su principal impulsor, dijo en esa ocasión, ante trabajadores de la mina El Teniente, de Rancagua, que aquel era el día de la “dignidad nacional” y que con esa medida Chile había alcanzado su “independencia económica”.
La conmemoración de este suceso se dará en un ambiente enrarecido por la intención del gobierno de avanzar en la privatización de las instituciones. Esto se confronta con el anhelo de un cada vez más sólido bloque social que puja por asignarle un rol más importante al Estado y por acabar con el modelo concentrador de riquezas impuesto en 1973 y que se mantiene vigente hasta nuestros días.