Aún es investigado por lavado de dinero
Reforma hará más transparente el manejo del Banco del Vaticano
Reuters
La Jornada
Ciudad del Vaticano, 10 de octubre.
El Vaticano aprobó una ley para hacer sus finanzas públicas totalmente transparentes, con lo que respondió a las demandas de cambio de la comunidad internacional tras décadas de escándalos.
Para el papa Francisco, cuyos planes de reforma han sacudido a la Iglesia desde su elección en marzo, limpiar la reputación financiera del Vaticano ha sido una de las principales metas de su pontificado.
La Santa Sede dijo que la ley sobre transparencia financiera y prevención de lavado de dinero, que comenzó a regir el martes abarcará al banco de la ciudad-Estado y a todos los demás departamentos que manejen dinero.
La norma contiene artículos sobre supervisión interna y cooperación con otros países y agencias del orden. «Con esta ley, creo que nos adherimos 99 por ciento a los estándares en esta área. Lo que resta son detalles», dijo el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi.
Un reporte de Moneyval, el comité del Consejo Europeo contra el lavado de dinero, dijo el año pasado que si bien la Santa Sede había adoptado medidas para mejorar los estándares, se necesitaba hacer más.
El comité, que realizó la revisión a pedido del Vaticano, debe llevar a cabo otro análisis más adelante este año.
El arzobispo Dominique Mamberti, el ministro de Relaciones Exteriores del Vaticano, dijo que la nueva ley acerca a la Santa Sede a cumplir con las recomendaciones de Moneyval y los estándares internacionales.
El Papa, quien nombró una comisión para asesorarlo sobre cómo reformar el banco y aprobó la nueva ley el domingo, no descartó cerrar la institución si es necesario.
El Banco del Vaticano aún es investigado por magistrados italianos por sospechas de lavado de dinero, que la institución niega. Un prelado del Vaticano que fue arrestado en junio enfrentará un juicio en diciembre por cargos de contrabando de dinero.
La nueva ley incorpora y expande medidas que el Vaticano ha tomado en los últimos dos años para cumplir con los estándares internacionales contra el lavado de dinero, la evasión fiscal y el financiamiento del terrorismo.