Gracias a éstas y otras luchas históricas, los derechos humanos hoy son plenamente reconocidos en los tratados internacionales y en la Constitución Política mexicana. A pesar de su reconocimiento, muchos derechos todavía no son respetados y por ello las personas defensoras de derechos humanos siguen luchando: en las calles, escuelas, comunidades y colonias, desde las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales, en los tribunales, en las redes sociales, en la prensa, en las instituciones.
En la actualidad las personas defensoras de derechos humanos denuncian la corrupción y exigen la rendición de cuentas; demandan el fin de la impunidad; defienden el medio ambiente y denuncian el daño ambiental; evidencian abusos frente a grupos históricamente excluidos, así como en el uso de la fuerza y exigen agentes de seguridad que garanticen derechos, y acompañan la búsqueda de personas desaparecidas y el legítimo clamor de justicia de sus familiares.
Las personas defensoras arriesgan sus vidas por lograr una sociedad más justa y equitativa. En lugar de reconocer la importancia de su labor, son víctimas de asesinatos, amenazas, hostigamientos, criminalización a través de procesos penales infundados y discursos que buscan deslegitimar sus actividades de defensa.
En México, como en muchos otros países de la región, la defensa de los derechos humanos también representa una actividad de alto riesgo. Con frecuencia se difunde en los medios de comunicación, así como por organizaciones de la sociedad civil, víctimas y sus familiares, información sobre asesinatos de personas defensoras indígenas y del medio ambiente, como consecuencia de su lucha por proteger sus recursos naturales y su territorio; o sobre la criminalización de la lucha feminista, por citar algunos ejemplos.
Es esencial que el Estado cumpla con su obligación de adoptar medidas efectivas para prevenir actos de violencia contra quienes defienden los derechos humanos, de generar las condiciones adecuadas para el libre ejercicio de su labor y de protegerlos cuando se enfrentan a situaciones de riesgo. Para el caso de México, es necesario el fortalecimiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual ha sido una herramienta importante en la protección de las personas defensoras.
En México, los niveles de impunidad en general son críticos. Mientras esta situación permanezca, las personas defensoras continuarán en una situación de indefensión y desprotección. Los ataques impunes, además, generan un efecto multiplicador que crea un contexto de intimidación para quienes defienden los derechos humanos y anima a quienes los agreden. La mejor forma que tiene el Estado de proteger a las personas defensoras es luchando contra la impunidad de los delitos cometidos en su contra, enviando así un claro mensaje, a través de investigaciones diligentes, de que todos los responsables de estos crímenes serán identificados y sancionados conforme a la ley.
Otro elemento imprescindible para garantizar la defensa de los derechos humanos es el reconocimiento público e inequívoco del Estado sobre la importancia que su labor representa dentro de nuestra sociedad. Es fundamental que todas las autoridades del Estado, desde sus más altas esferas, fomenten una cultura de respeto y de reconocimiento al trabajo de las personas defensoras y eviten realizar pronunciamientos que pudieran deslegitimar su labor.
No nos cansaremos de repetir que la labor que ejercen las personas defensoras de derechos humanos es fundamental para el avance y la consolidación de una sociedad democrática y del estado de derecho. La defensa de los derechos humanos y la defensa de quienes los defienden nos conducen hacia sociedades más justas, más armónicas, más equitativas y pacíficas. ¿Por qué no querríamos vivir en una sociedad así?
* Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
** Representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH)