Sobrevuelos sistemáticos a baja altura de un helicóptero encima del poblado de Izolta, uno de los principales centros de población de la comunidad tepehuana y wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco, pasando por la cabecera comunal y hasta el cerro Colotlán, uno de los lugares sagrados más importantes de este pueblo, alertaron a la asamblea general de comuneros del domingo 13 de marzo de 2022. Los asistentes, en apego a sus derechos constitucionales, no tardaron en reaccionar.

El 15 de marzo, decenas de comuneros se reunieron en la entrada del pueblo para esperar a que llegara la comitiva del Servicio Geológico Mexicano (SGM). Desde semanas atrás, éste venía realizando trabajos de prospección minera, siendo omisa al repetido llamado de las autoridades tradicionales y agrarias para que informaran respecto de sus actividades. En ese acto, la comunidad aseguró uno de los vehículos en los que aquéllos se transportaban, con el fin de exigir que les informaran el fin de sus trabajos, quién les dio la autorización de ingresar a los terrenos comunales y para que pagaran una multa acordada por la asamblea.

Días antes, la respuesta del personal técnico del SGM a las autoridades comunales fue desconcertante: Ya tenemos el permiso del comisariado, repetían convencidos, como si no estuvieran hablando con los representantes de los terrenos que estaban pisando.

El gobierno federal, a través del SGM, se refería al señor Cayetano Aguilar Quiñones, en su calidad de presidente del comisariado del ejido San Lorenzo de Azqueltán, figura agraria cuya superficie, claramente delimitada por la resolución presidencial del 4 de abril de 2009, se limita a 1,095-43-58.85 hectáreas. Y ocurría que los trabajos de prospección minera los realizaban fuera de dicha superficie en terrenos comunales.

Dicha suplantación ha sido repetida por invasores y administraciones municipales. Se han valido de un descarado fraude agrario para despojar y sembrar una constante de violencia e impunidad, lo que ha denunciado la comunidad desde hace años.

Mientras el trámite de reconocimiento y titulación de bienes comunales sigue su curso en el Tribunal Unitario Agrario del distrito 16, con sede en Guadalajara, Jalisco, sobre una superficie de 38 mil hectáreas –parte de las 94 mil que avala el título virreinal de 1777–, la ilegal suplantación sigue germinando especulación de tierras comunales, formación de supuestas pequeñas propiedades, exploración forestal y la generación permanente de violencia en contra de la organización autónoma comunitaria, que pone al frente su identidad indígena y el fortalecimiento permanente de sus instituciones de gobierno propio.

Con la formación del ejido, se pretendió hacer creer que la lucha por el reconocimiento de los bienes comunales se había acabado y Azqueltán había desaparecido de la historia. Se asumía así la extinción de una de las raíces más antiguas del pueblo tepehuano en el llamado Cañón de Bolaños; desde Nóstic, en el municipio de Huejuquilla, hasta Tepizuac, en Chimaltitán, Jalisco.

La comunidad ha denunciado la corrupción inmoral por parte de órganos de los tres niveles de gobierno. A través de ésta, los ejidatarios han vendido, rentado e invadido terrenos comunales, cobijados en la falta de certeza jurídica producto de años de negligencia de las instituciones agrarias, que han cerrado los ojos al ilegal tráfico de tierras indígenas. La respuesta ha sido el desprecio y la impunidad, lo que ha costado secuestros, ataques armados, intentos de homicidio y criminalización.

Lo que sí resulta nuevo es la utilización de la misma mentira, hecha fraude agrario, para impulsar nuevas concesiones mineras, las cuales el gobierno federal había dicho que no otorgaría. Esto contradice el documento del 11 de enero de 2022, en el que el SGM informa que se realizarían trabajos de prospección geológica-minera en la asignación número 5059, denominada Las Amonitas.

Es la mentira convertida en hechizo y aprovechada por quienes se aferran a que el territorio comunal sea una mercancía, cuyo rostro hoy alcanza a dibujar al gobierno federal mexicano.

* Perito agrimensor y topógrafo, integrante del Congreso Nacional Indígena