La Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional define a la trata de personas como la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.

Además, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en México la define como toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación.

Una de las problemáticas que se han presentado al momento de prevenir este delito, de atender a las víctimas y de garantizar su acceso a la justicia, ha sido la falta de armonización en las definiciones para identificar las características que las diferencien de otras prácticas, que generan vacíos legales o imprecisiones para actuar en los casos de manera adecuada, establecer sanciones y condenas correspondientes.

De acuerdo con la Ley General en esta materia, son diversas las formas en las que se presenta la trata de personas: esclavitud; servidumbre doméstica o por deudas; prostitución ajena u otras formas de explotación sexual o laboral; trabajo o servicios forzados; mendicidad forzada; uso de niñas, niños y adolescentes en actividades delictivas; así como, la adopción ilegal de niñas, niños y adolescentes; el matrimonio forzoso o servil; el tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, y la experimentación biomédica.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha informado que, en 2020, 51 por ciento de las víctimas presentan dificultades económicas, y que 20 por ciento son niños, niñas y adolescentes que sufren violencia familiar; 13 por ciento han tenido una relación sexo-afectiva con sus tratantes; 10 por ciento son personas migrantes indocumentadas, y 9 por ciento son niñas y niños privados de cuidados parentales por algún motivo.

Además, ha declarado que durante el mismo año en México se reportaron 461 víctimas de trata: 209 mujeres, 35 niñas, 87 niños y 23 hombres. Estas cifras demuestran que, además de las condiciones de desigualdad predominantes en las víctimas, son las niñas y mujeres las más afectadas. Aunque existe un marco normativo internacional que obliga al Estado mexicano a atender la trata de personas y uno nacional que define las formas en que las instancias gubernamentales deberán actuar, la ausencia de una perspectiva de derechos humanos, de género y de niñez, representa aún muchas dificultades.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), durante el conversatorio Decir y hacer contra la trata, llevado a cabo el pasado 29 de julio, resaltó la necesidad de desarrollar estrategias de prevención, investigación, sanción y atención a víctimas, con un análisis interseccional que considere las causas estructurales, tanto económicas como culturales, y con esto evitar la normalización del delito y la criminalización de las víctimas. Así, como resultado de la evolución de este ilícito, las plataformas digitales han sido un medio al que han recurrido las redes de trata de personas y la delincuencia organizada para acercarse a las víctimas. Al respecto, y en sintonía con la CDHCM, será necesario que las normatividades consideren estos elementos y sean actualizadas para tener una mejor actuación y seguimiento de los casos.

Que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones para revertir las estadísticas, procurar una atención integral, y sensibilizar a funcionarias y funcionarios públicos, serán fundamentales para erradicar este delito, desmantelar las redes de trata de personas y debilitar las formas en las que la delincuencia organizada ha roto los tejidos sociales, principalmente en poblaciones vulneradas y que no sólo son víctimas de la trata de personas, sino además de muchas otras formas de opresión y de injusticias.