Pese a ello, el 15 de marzo de 2012 la autoridad administrativa resolvió no reconocerle la calidad de refugiado, ni otorgarle protección complementaria.

El 6 de noviembre de 2013, el Pleno del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dictó sentencia (en la cual fui Ponente) y reconoció al demandante la calidad de refugiado debido a los temores fundados de ser perseguido por los motivos de religión expuestos.

Adicionalmente, se ordenó a la COMAR, realizar las gestiones correspondientes para que el demandante tuviera acceso a los derechos y garantías consagradas en la Constitución y se le brindará la asistencia institucional que se otorga en materia de salud, educación, trabajo, documentos de identidad, reunificación familiar, regulación migratoria, acceso a programas públicos para apoyos sociales, entre otros.

Lo anterior, ya que si hubiera regresado a su país de origen, probablemente hubiera muerto de machetazos, como su hermano, solo por profesar la religión cristiana.

* Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa