“Las autoridades exhibieron diversas constancias para acreditar el cumplimiento, sin embargo, no acreditan que, de no haberse aprobado los programas de estudios en los términos indicados en la normatividad vigente, a fin de salvaguardar el derecho a la educación, implementaron los mecanismos necesarios para que la impresión de los libros de texto se realice conforme a los programas y planes que previamente hayan sido aprobados, con las formalidades legales respectivas, para el ciclo 2023”.

La impartidora de justicia informó que recibió de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), una serie de oficios en los que realiza diversas manifestaciones en atención al requerimiento formulado el 28 de julio de este año, donde se dio un plazo de 24 horas para que las autoridades educativas acreditaran, con las constancias idóneas, que cumplieron la suspensión definitiva otorgada a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).

No obstante, reiteró que la SEP aún no se revisan los programas educativos y se verifica el contenido de los libros, para garantizar el interés superior de la infancia.

Al respecto, el Décimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del primer circuito confirmó que la UNPF solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejercer su facultad de atracción para conocer el recurso de revisión que interpuso para impugnar la suspensión definitiva.