Pese a la oposición de la industria que elabora alimentos, la ley contempla el derecho de todas las personas a tener una alimentación adecuada; disponer de comestibles para su consumo diario y el acceso físico y económico para una alimentación de calidad nutricional y en suficiente cantidad.

La nueva ley incluye el derecho a disponer de suficiente agua para consumo personal y doméstico, y estima prioritaria la producción familiar o comunitaria de alimentos. Obliga a las empresas a informar al público si usaron transgénicos en los alimentos que procesan; y prohíbe, como sucede en buena parte de los países europeos, que los supermercados desechen comestibles en condiciones de ser consumidos y, en cambio, los donen.

La nueva ley abunda en las medidas que deben tomar las instancias federales, estatales y locales para que realmente se aplique y se obtengan los frutos deseados. Y es que los datos disponibles no son nada halagüeños en cuanto a la mala alimentación en casi una cuarta parte de la población nacional. Millones, además, no consumen lo suficiente, lo que ocasiona desnutrición.

Cada 4 de marzo se celebra el Día Mundial de la Obesidad. Y con ese motivo diversas dependencias gubernamentales, los institutos de salud, las organizciones internacionales de Naciones Unidas y las sociales ofrecen datos que ilustran cómo, por la mala alimentación, la obesidad es muy grave en México. Hace 10 años ocupábamos el primer lugar mundial, por encima de Estados Unidos.

Cerca de 70 por ciento de los mexicanos tenían sobrepeso y casi una tercera parte obesidad. Entre los jóvenes, su número se triplicó los dos últimos lustros. Uno de los resultados: más personas con enfermedades cardiovasculares y diabetes. Esta última la padece uno de cada seis habitantes y se ceba en las personas con menos recursos econónomicos.

Es importante destacar que casi la mitad de la población vive en la pobreza, pese a las importantes ayudas sociales establecidas este sexenio, al aumento al salario mínimo y al ingreso de miles de millones de dólares cada año vía nuestros migrantes. Aún así, se calcula que unos 15.5 millones de habitantes obtenían ingresos por debajo de la pobreza extrema.

Las cifras oficiales no dejan duda: cada año mueren por diabetes 70 mil personas, cifra muy semejante a los que fallecen por enfermedades cardiovasculares. El problema aumenta, pues cada año se diagnostican más de 400 mil diabéticos, lo que muestra la ineficacia de las estrategias gubernamentales para combatir dicho mal, al igual que la obesidad. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que es un asunto de emergencia nacional. Y con razón, pues por hábitos alimentarios poco saludables y la falta de ejercicio, ocurren 32 por ciento de las muertes de mujeres y 20 por ciento de hombres en el país.

Uno de los orígenes del problema es la comida chatarra y los refrescos. Los expenden con gran publicidad las 20 mil tiendas Oxxo. Son propiedad de Femsa, de la familia Garza Lagüera, también accionista mayoritaria de la Coca Cola. Se agregan las casi mil 900 tiendas 7Eleven, cuya matriz es la japonesa Ito-Yokado. Por medio de ellas llega más fácil la comida chatarra que el agua potable a los hogares. Igualmente, la consumen los trabajadores de la construcción. Como los que laboran para el cártel inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez. Uno semejante también impone su ley en la Cuauhtémoc.

Las instancias oficiales nada han hecho para regular el funcionamiento de tiendas y negocios diversos que venden comida chatarra; y atraen clientela con publicidad y atractivas promociones, lo que alienta su consumo entre los más pobres, que no saben los daños que les hace. Intocables, estos negocios contribuyen al aumento de la diabetes y la obesidad. Dudo que la candidata Xóchitl se atreva a enfrentar a los empresarios de comida chatarra. Ellos apoyan su campaña.

¿Lo hará Claudia? Porque esta administración no lo hizo.