NECESARIA UNA AUTOCRÍTICA DEL ESTADO
A SUS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA INDÍGENA
· Debe dar una atención a las demandas de los pueblos originarios.
· Los derechos de los pueblos indígenas son ubicados como generosas prestaciones.
· Cuando se organizan para exigir su cumplimiento, son perseguidos.
Tlapa, Guerrero, México, a sábado 9 de agosto de 2008.- En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se conmemora hoy, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan considera que es momento de que los gobiernos estatal y federal corrijan sus políticas sociales, atiendan las demandas de los pueblos originarios y dejen de criminalizar a las organizaciones indígenas y sociales que protestan por la conculcación de sus derechos humanos.
Hasta hoy, en Guerrero ha prevalecido un autismo institucional porque no se dimensiona que el problema de la vivienda, la educación, la salud, el territorio y el desarrollo, son verdaderos derechos establecidos en los diversos tratados internacionales que México ha suscrito y ratificado, por lo que forman parte de la norma vigente en el país y por ello toda autoridad en México se obliga a su cumplimiento.
Lamentablemente en la entidad tales derechos son deliberadamente ubicados como generosas prestaciones que las autoridades brindan a la población indígena, y como ocurre desde hace 25 años en el país con la aplicación del modelo neoliberal, sólo se ha estado administrando la pobreza y se han creado más programas asistencialistas con los que se mira a los indígenas como objetos de caridad y por ello, en las estadísticas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Guerrero sigue ocupando los números más escandalosos de la miseria y municipios como Cochoapa el Grande son comparados con países de África por sus bajos índices de desarrollo humano.
No obstante, cuando los indígenas se organizan y asumen una conciencia de pueblo con plenos derechos y ejercen sus libertades, los gobiernos de manera racista y discriminatoria emprenden una embestida para acallar esa lucha que emprenden contra el hambre, contra el analfabetismo, contra las enfermedades, contra la pobreza, contra la injusticia, contra los megaproyectos que atentan contra su vida y contra las leyes que los oprimen.
El encarcelamiento de cinco integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), presos en el municipio de Ayuta en la región de la Costa Chica de Guerrero, señalados como responsables de la muerte de un informante del Ejército, y el reciente intento del desmantelamiento de la radio comunitaria Ñomndaa La Palabra del Agua por parte de efectivos de la Agencia Federal de Investigaciones, y ese colosal interés por reanudar el proyecto hidroeléctrico La Parota como dejó ver con sus declaraciones el secretario de Gobernación hace unos días, son muestras de ese escenario adverso que anuncia un ambiente de confrontación política donde las autoridades hacen el triste papel de resguardar los intereses del gran capital y guardar en la cárcel a los que trabajan por la justicia para todos.
También está el caso de los indígenas migrantes en sus variantes de jornaleros agrícolas e inmigrantes internacionales que evidencian el fracaso de las políticas públicas en el estado y por ello, ante la falta de fuentes de empleo que les permitan tener una vida digna, cada año, entre 7 y 8 mil indígenas (entre ellos niños y mujeres) se van en temporada alta hacia los campos agrícolas de Sinaloa, en donde reciben tratos inhumanos y otras veces encuentran sólo la muerte.
Frente a esta situación y en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo que fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, los partidos políticos y los poderes del Estado también deberían reflexionar y dejar de reducir a los indígenas como objetos de interés público y más bien deberían promover una ley federal que reconozca su derecho a la libre determinación.
En la Montaña de Guerrero, no existe ni siquiera un marco jurídico para los indígenas y esto fue visible con el resonado caso de la comunidad na´savi (mixteca) de Mini Numa –municipio de Metlatónoc– que logró la protección de la justicia federal mediante un amparo, tras haber emprendido una lucha para exigir su derecho a la salud, debido a que la Secretaría de Salud en Guerrero antepuso una norma racista y discriminatoria para negarles un médico
A diferencia de Minu Numa, hay otros casos que siguen pendientes como el de las mujeres me’phaa (tlapanecas) de Ayutla, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú que fueron violadas por solados del Ejército mexicano y que por no encontrar justicia en México, tuvieron que acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); también sigue sin resolverse la muerte de Lorenzo Fernández Ortega, hermano de Inés ambos miembros de la OPIM, una organización que lucha por la reivindicación de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Por lo anterior, como Centro de Derechos Humanos demandamos:
· La libertad inmediata de los 5 compañeros de El Camalote que están presos en la cárcel de Ayutla, quienes son victimas de una campaña de desprestigio y criminalización de su lucha independiente.
· Castigo a las autoridades militares y civiles que han cometido graves violaciones a derechos humanos.
· Un alto a la militarización en las regiones indígenas de Guerrero.
· Cumplimiento a las recomendaciones emitidas por los relatores de Naciones Unidas y de las comisiones públicas de derechos humanos.
· Respeto a la decisión de los pueblos campesinos de La Parota que votaron en contra del proyecto de la presa hidroeléctrica, a través de sus usos y costumbres que son reconocidos por la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
· Respeto al proyecto de la radio comunitaria Ñomndaa de Xochistlahuaca y un alto a la persecución de sus fundadores.
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Elena Cannie – Coordinadora del Area Internacional
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Mina # 77, Colonia Centro, CP 41304
Tlapa de Comonfort, Guerrero – Mexico
Tel: (52) 757 476 12 20 – Cel:(045) 757 105 42 73