Dan diputados 30 días
a PGR y CNDH
para informar
sobre ejecución de dos
indígenas
Pidieron además a la PGR atraiga la investigación de los hechos y a la CNDH tomar medidas para garantizar la seguridad de los familiares de las víctimas.
Notimex
La Jornada
La Cámara de Diputados emplazó a la PGR y a la CNDH a presentar en 30 días un informe sobre la «desaparición y ejecución» de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, indígenas de Guerrero.
En la sesión ordinaria el pleno legislativo exhortó al gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, y al procurador estatal, Eduardo Murueta, a hacer las investigaciones de manera independiente, exhaustiva e imparcial «en torno a la desaparición forzada y ejecución de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas».
Además, se llamó a la Procuraduría General de la República (PGR) a atraer la investigación de los casos, a fin de hacer una indagatoria a fondo, independiente, imparcial y autónoma que permita a los familiares acceder a la justicia.
Los legisladores pidieron también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tomar medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los miembros de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos.
También, que dicha protección se haga extensiva a los familiares de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, e informe en un plazo de 30 días naturales las medidas que se adopten.
«Se pide a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Seguridad Pública federal y a la Secretaría de la Defensa Nacional que informen a esta soberanía, en un plazo de 30 días naturales, si se realizaron operativos y detenciones durante el 13 de febrero de
2009 en el municipio de Ayutla, Guerrero».
El acuerdo aprobado sin discusión solicita a la Secretaría de Gobernación que refuercen, a través de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco.
Se pide a la dependencia lleve a cabo las acciones para aplicar un programa de protección a defensores de derechos humanos, a partir del cual garantice condiciones de trabajo y de seguridad para quienes comprometen su vida por la defensa y la promoción de los derechos humanos.
«Se exhorta al Ejecutivo federal a presentar ante el Senado de la República en un plazo no mayor a 30 días hábiles, el documento de reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, creado en virtud de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas para estudio y dictamen».