Suman 120 casos de abusos militares

en el gobierno de Calderón:

Centro Prodh 

La presencia del Ejército en tareas de seguridad pública es una seria amenaza para los derechos humanos, señala el organismo.  

La Jornada   

Se tiene registro de 120 casos de abusos militares; 25 de ellos ocurridos en el estado de Guerrero, 21 en Tamaulipas, 14 en Chihuahua y 13 en Michoacán, informó el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, al presentar el informe «¿Comandante supremo? La ausencia de control civil sobre las Fuerzas Armadas al inicio del sexenio de Felipe Calderón».   

Ante ello, el documento señala la necesidad de establecer de manera urgente controles civiles sobre las fuerzas castrenses  toda vez las violaciones al derecho a la vida, la integridad física, la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, entre otros. 

Tales casos, agrega el organismo en un comunicado, aunados a las mil 230 quejas contra el Ejército que la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoce haber recibido en 2008, «confirman que la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública que competen a civiles constituye una seria amenaza a la vigencia de los derechos humanos en el país». 

Asimismo, el Centro Prodh da cuenta del patrón de impunidad que prevalece cuando las violaciones a derechos humanos cometidas por castrenses en perjuicio de civiles son investigadas por las propias instituciones militares. El informe muestra que el fuero militar no es garantía de independencia e imparcialidad ni mucho menos de una eficiente investigación. 

Al respecto, Luis  Arriaga, director del Centro Prodh, recordó que en reiteradas ocasiones organismos internacionales como la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, y el Relator especial de Naciones Unidas sobre el tema de la Tortura, entre otros, han expresado la pertinencia y necesidad de que las violaciones de derechos humanos perpetradas por personal militar, sean conocidas por la justicia civil; incluso, mencionó, esta recomendación fue retomada recientemente por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el marco del Exámen Periódico Universal (EPU), sin que el Estado mexicano se haya allanado a la misma. 

“La extensión del fuero de guerra a casos de violaciones a derechos humanos de civiles -indicó- perpetúa la impunidad y socava el control civil que en toda democracia debe prevalecer sobre las instituciones castrenses”. 

Según datos obtenidos por el Centro Prodh a través de las instancias de acceso a la información pública, entre enero de 2006 y noviembre de 2008, 500 averiguaciones previas han sido remitidas a la justicia militar por las autoridades civiles; de éstas, 381 corresponden a 2008. En el mismo período la Procuraduría General de Justicia Militar aceptó que sus agentes del ministerio público iniciaron 174 averiguaciones previas por delitos cometidos contra civiles -110 tan solo en 2008-, de las cuales únicamente 11 fueron consignadas: menos de una de cada diez. 

La información recabada confirma que los abusos militares van en aumento y que, frente a ello, la justicia militar tiende a perpetuar la impunidad en casos de violaciones a derechos humanos de civiles. 

Junto con Arriaga, Luis Miguel Cano, del Centro de Análisis e Investigación, FUNDAR; mencionó que actualmente la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene pendiente resolver un recurso que cuestiona la aplicación del fuero de guerra en México, derivado de los hecho en los que cuatro civiles fueron privados arbitrariamente de la vida por elementos de la Fuerzas Armadas en Santiago de los Caballeros, Sinaloa. 

El análisis del caso, agregó, podría permitir al Máximo Tribunal definir si la actual extensión del fuero de guerra en México es compatible con la Constitución y con los tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado y ratificado. 

En ese sentido, consideraron que la SCJN  tiene una «particular» responsabilidad jurídica y política sobre el tema en general, pues fue esa instancia la que, al resolver la Controversia Constitucional 1/96 -sobre la participación del Ejército en tareas de seguridad pública-, permitió que las fuerzas armadas actuaran más allá de su expreso mandato constitucional, con las consecuencias hoy visibles. 

“La Corte debe asumir su responsabilidad en el tema y actuar con congruencia” -señaló Cano-. Arriaga, por su parte, indicó que: “no se trata de abolir el fuero de guerra sino de aplicarlo para lo que es propio y no para casos de violaciones a derechos humanos cometidos en agravio de civiles”.