La justicia militar propicia impunidad:

en manos de la SCJN fortalecer el control civil sobre el ejército

–  Presenta Centro Prodh informe sobre abusos militares; la ong registra 120 casos en los primeros años de la presidencia de Felipe Calderón

–  La SCJN analizará un caso donde se argumenta la inconstitucionalidad de la extensión del fuero militar a casos que involucran violaciones a los derechos humanos de civiles

–  Académicos y organizaciones coinciden en que es imprescindible establecer controles civiles sobre las Fuerzas Armadas

En conferencia de prensa celebrada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), fue presentado el informe ¿Comandante supremo? La ausencia de control civil sobre las Fuerzas Armadas al inicio del sexenio de Felipe Calderón, que documenta abusos militares cometidos por elementos de las Fuerzas Armadas mexicanas entre 2006 y 2008. Durante la conferencia, organizaciones de la sociedad civil dieron a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podrá pronunciarse sobre un caso donde se cuestiona la extensión del fuero de guerra a casos que involucran a civiles como víctimas de violaciones a derechos humanos. Académicos y defensores de derechos humanos insistieron en la necesidad de establecer urgentemente controles civiles sobre las Fuerzas Armadas.

El informe registra ciento veinte casos de abusos cometidos por militares, entendiendo por estos violaciones a derechos como la vida, la integridad física, la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, entre otros. Estos casos, aunados a las 1,230 quejas contra el Ejército que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconoce haber recibido en 2008, confirman que la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública que competen a civiles constituye una seria amenaza a la vigencia de los derechos humanos en el país.

En el documento ¿Comandante supremo? La ausencia de control civil sobre las Fuerzas Armadas al inicio del sexenio de Felipe Calderón, el Centro Prodh también da cuenta del patrón de impunidad que prevalece cuando las violaciones a derechos humanos cometidas por castrenses en perjuicio de civiles son investigadas por las propias instituciones militares. El informe muestra que el fuero militar no es garantía de independencia e imparcialidad, ni mucho menos de una eficiente investigación.

Luis Arriaga, director del Centro Prodh, recordó que en reiteradas ocasiones organismos internacionales como la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, y el Relator especial de Naciones Unidas sobre el tema de la Tortura, entre otros, han expresado la pertinencia y necesidad de que las violaciones de derechos humanos perpetradas por personal militar, sean conocidas por la justicia civil; mencionó que esta recomendación fue retomada recientemente por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el marco del Exámen Periódico Universal (EPU), sin que el Estado mexicano se haya allanado a la misma. “La extensión del fuero de guerra a casos de violaciones a derechos humanos de civiles -indicó- perpetúa la impunidad y socava el control civil que en toda democracia debe prevalecer sobre las instituciones castrenses”.

Según datos obtenidos por el Centro Prodh a través de las instancias de acceso a la información pública, entre enero de 2006 y noviembre de 2008, 500 averiguaciones previas han sido remitidas a la justicia militar por las autoridades civiles; de éstas, 381 corresponden a 2008. En el mismo período la Procuraduría General de Justicia Militar aceptó que sus agentes del ministerio público iniciaron 174 averiguaciones previas por delitos cometidos contra civiles -110 tan solo en 2008-, de las cuales únicamente 11 fueron consignadas: menos de una de cada diez. La información recabada confirma que los abusos militares van en aumento y que, frente a ello, la justicia militar tiende a perpetuar la impunidad en casos de violaciones a derechos humanos de civiles.

Ante este panorama, el Centro Prodh y FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, dieron a conocer que un caso representado por ambas organizaciones, donde se cuestiona la aplicación del fuero de guerra en México, ha sido atraído por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Derivado de los hechos donde cuatro civiles fueron privados arbitrariamente de la vida por elementos de las Fuerzas Armadas en Santiago de los Caballeros, Sinaloa, el análisis del caso podría permitir al Máximo Tribunal definir si la actual extensión del fuero de guerra en México es compatible con la Constitución y con los tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado y ratificado.

Luis Arriaga -del Centro Prodh- y Luis Miguel Cano -de FUNDAR- coincidieron en señalar que de analizar a fondo el caso en cuestión la SCJN tendrá una oportunidad inmejorable para fortalecer el control civil sobre las fuerzas armadas. Ambos defensores de derechos humanos destacaron que en América Latina, ante las omisiones del Poder Legislativo para armonizar la ley interna con el derecho internacional de los derechos humanos, han sido los tribunales constitucionales las instancias que han fijado límites a la extensión del fuero castrense. La Suprema Corte, agregaron, tiene una particular responsabilidad jurídica y política en el tema, pues fue esa instancia la que, al resolver la Controversia Constitucional 1/96 -sobre la participación del Ejército en tareas de seguridad pública-, permitió que las fuerzas armadas actuaran más allá de su expreso mandato constitucional, con las consecuencias hoy visibles.

“La Corte debe asumir su responsabilidad en el tema y actuar con congruencia” -señaló Cano-. Arriaga, por su parte, indicó que: “no se trata de abolir el fuero de guerra sino de aplicarlo para lo que es propio y no para casos de violaciones a derechos humanos cometidos en agravio de civiles”.

Acompañados de numerosas organizaciones civiles y académicos de la Universidad Iberoamericana, entre otras instituciones, los defensores de derechos humanos expresaron que mantendrán informada a la opinión pública sobre los avances del caso y demás acciones. En ese tenor, adelantaron que el próximo 20 de marzo se celebrará una audiencia temática sobre la justicia militar en México durante el período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.